La Comisión Europea ha vuelto a señalar a España por la baja fiscalidad sobre los impuestos medioambientales y, en especial, sobre el diésel. «Los impuestos medioambientales están aún por debajo de la media de la UE, a pesar de los aumentos de los últimos años», señalaba Bruselas en un informe sobre la economía española publicado el pasado miércoles.
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Las autoridades comunitarias reprochan a España que la recaudación de los llamados impuestos verdes represente solo el 1,9% del PIB, según datos de 2016, frente a la media del 2,4% de la UE. Bruselas pone el acento en los impuestos sobre la energía, que abarcan el tratamiento fiscal de los combustibles. Y en concreto sobre «el bajo nivel de impuestos especiales sobre la gasolina sin plomo y el diésel». La Comisión destaca especialmente «el caso del diésel, en el que España aplica el impuesto especial mínimo, a pesar de que el diésel tiene un mayor contenido de carbono y energía que la gasolina sin plomo». El rapapolvo de Bruselas no termina ahí: «Los impuestos sobre el transporte, como los impuestos a los vehículos, solo producen la mitad de los ingresos en España que la media de la UE (0,2% en comparación con el 0,5% del PIB)».
Expediente sancionador
Las cifras de la fiscalidad verde
Menos que Europa. Los impuestos ambientales ascendieron a 20.640 millones de euros en 2016. Esta cantidad representa el 1,85% del PIB, menos que la media de la UE, el 2,44%. La mayor parte de estos fueron sobre la energía.
Hidrocarburos. Las arcas públicas ingresaron 10.133 millones de euros por el impuesto sobre hidrocarburos, según las cifras recopiladas por la Agencia Tributaria hasta noviembre. Este tributo, compartido entre el Estado central y las comunidades autónomas, grava la gasolina sin plomo, el diésel y el gasóleo para uso agrícola e industrial.
Circulación. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en manos de los Ayuntamientos, recaudó unos 2.717 millones de euros en 2016, un 3,1% más que el año anterior.
Matriculación. El impuesto de matriculación, por su parte, aportó unos 390 millones de euros a las arcas de las comunidades, lo que supone un aumento del 19% sobre el año precedente. Dos de cada tres vehículos matriculados están exentos de este impuesto.
No es la primera vez que Bruselas señala a España. Viene haciéndolo periódicamente desde, al menos, 2012. Otras instituciones internacionales como la OCDE o el FMI también han reclamado mejoras en este ámbito. La tendencia internacional pasa por aumentar los impuestos a aquellas actividades perjudiciales, que afectan al medioambiente o contaminan —las llamadas «externalidades negativas», según la academia—. Y la mayoría de los países están elevando los impuestos sobre el diésel. Paralelamente, muchas capitales europeas están aprobando restricciones a este tipo de motores, que expulsan mucho más dióxido de nitrógeno (NO2) que los de gasolina.
La Comisión tiene abierto un expediente contra España por incumplir desde 2010 los límites de NO2 en Madrid y Barcelona y ahora debe decidir si lleva al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas está evaluando en estos momentos los planes de España de lucha contra la contaminación y entre las recomendaciones que ha hecho a los países incumplidores está emplear la fiscalidad. El Gobierno es consciente de que la fiscalidad es un instrumento útil contra la polución y así lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente en el vigente plan nacional de calidad del aire, que incluye la posibilidad de acometer una reforma fiscal verde.
En diciembre de 2016, el Gobierno ya se comprometió con Bruselas a modificar la fiscalidad verde para recaudar 500 millones de euros más. Pero meses más tarde descartó la medida que se reservó por si tenía que aumentar la recaudación en caso de que se desviara el déficit público. Por lo que volvió a meter la medida en el cajón.
Ahora el Ejecutivo del PP pretende abordar una reforma de la fiscalidad verde en el ámbito de la financiación autonómica. Fuentes gubernamentales reconocen que incluirán en esta revisión los impuestos sobre los residuos y relativos a la contaminación. En este sentido, admiten que trabajan por reforzar el papel de las comunidades con el impuesto sobre los hidrocarburos. Este impuesto está cedido parcialmente a las autonomías, que pueden establecer un gravamen suplementario sobre el mismo, aunque acotado con una horquilla. El plan de Hacienda pasa por aumentar los gravámenes del diésel.
Penalizar al diésel
La organización Ecologistas en Acción presentó la semana pasada una propuesta para penalizar fiscalmente a los vehículos diésel. «Los impuestos tienen un gran potencial a la hora de desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes», explicaba el informe. El documento aboga por modificar el impuesto de hidrocarburos para que en el plazo de cuatro años se equipare «la imposición de gasolina sin plomo y gasoil». Ecologistas en Acción también pedía cambios en el impuesto de matriculación para reducir el número de vehículos que están exentos de pagarlo a pesar de ser contaminantes.
En la reforma fiscal verde que prepara el Gobierno también pretende tocar el impuesto de circulación, en manos de los Ayuntamientos, para poder gravar más a los vehículos más contaminantes. «Como se propone en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (2014), una vía de avance podría ser la integración del impuesto de matriculación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (circulación), de ámbito municipal, dejando la gestión del nuevo tributo en manos de los Ayuntamientos», señalan los expertos que hicieron la propuesta de la reforma de la financiación autonómica encargada por Hacienda. «La fijación de dos tipos, uno autonómico y otro municipal, permitiría la compartición de la figura entre comunidades autónomas y Ayuntamiento», añaden.
Armonizar los impuestos verdes regionales
Las comunidades han legislado profusamente para crear nuevos impuestos medioambientales con los que recaudan muy poco. El Estado apenas tiene tres o cuatro tributos verdes con los que tampoco ingresa una cantidad significativa. El único reseñable es el impuesto sobre hidrocarburos, con una cosecha de 10.133 millones de euros hasta noviembre. La Comisión Europea llegó a calcular en un estudio que España podría aumentar sus ingresos por impuestos verdes hasta un 1,13% del PIB —el equivalente a unos 13.500 millones de euros— este año si en 2015 hubiera incluido en la reforma fiscal estos impuestos sobre actividades contaminantes.
La realidad es que las comunidades han creado una pléyade de impuestos medioambientales. “La recaudación que se obtiene de los tributos de carácter medioambiental es tan exigua que muy probablemente si realizásemos un análisis coste-beneficio sería negativo, pues con mucha probabilidad, la recaudación obtenida no cubre los gastos de gestión de los mismos”, explica el Consejo General de Economistas en un informe sobre fiscalidad autonómica publicado hace un par de semanas. “Los tributos relacionados con el agua suponen el 78,8% de la recaudación por tributos propios, por lo que el agua es la principal fuente de gravamen de este tipo de tributación”, añade el informe que descata que estos tributos propios apenas aportan el 2,2% de los ingresos de las comunidades.
El Gobierno pretende armonizar esta maraña de impuestos verdes autonómicos para evitar la dispersión actual. Para ello, al igual que para sucesiones y donaciones, planea establecer unos tipos mínimos y máximos sobre esos hechos imponibles.
Fuente: El País