La sociedad española se enfrentará durante los próximos años a un cambio de modelo energético que implica, en términos generales, prescindir, en lo posible, de la producción eléctrica generada con carbón —por razones medioambientales— y aumentar la producción de electricidad generada a través de energías renovables (eólica, solar). Debe tenerse en cuenta que la introducción de más potencia renovable implica necesariamente aumentar la generación de respaldo, puesto que ni el viento ni el sol están garantizados y es necesario mantener una producción continua para satisfacer las necesidades de un consumo continuo.

Al tratarse la nueva producción renovable de una generación que se distribuye por todo el territorio, se necesitan unas redes que permitan el transporte de la energía producida; y, por otra parte, el consumidor tendrá un nuevo papel en el nuevo modelo, el de productor-consumidor, puesto que en los hogares podrán instalarse sistemas de producción eléctrica o almacenamiento. Pues bien, en un mercado regulado como el eléctrico la pieza fundamental para garantizar que aparezcan las inversiones para cubrir las nuevas necesidades es la tasa de retribución reconocida para los activos eléctricos.

Esa tasa, actualmente fijada en el tipo de interés del bono a 10 años más 200 puntos básicos, retribuye las inversiones realizadas por las empresas en activos eléctricos. El Estado reconoce que, a través de la tarifa, las empresas recuperan la inversión aplicada más la tasa de retribución mencionada. Ahora bien, en el momento actual confluyen dos circunstancias especiales. La primera es la ya citada de que se necesitan nuevas inversiones para completar el cambio de modelo energético hacia uno más respetuoso con el medioambiente; la segunda, que hoy el tipo de interés del bono a 10 años se mueve en torno al 1,5%; el resultado sería que la tasa de retribución reconocida está en torno al 3,5%.

No es posible cambiar el modelo energético si no existe seguridad jurídica y estabilidad en la tasa de retribución de las inversiones

La tasa actual no es suficiente para atraer las inversiones necesarias en sectores como el gas y la electricidad. Cuando el bono estaba en torno al 4,5%, la retribución era suficiente (llegaba al 6,5%); pero hoy, cuando se necesitan inversiones con largos periodos de maduración, una retribución a las inversiones en torno al 3,5% no basta para atraer las inversiones necesarias destinadas a cubrir las necesidades de electrificación que exige el nuevo modelo, más limpio, para construir las infraestructuras de producción, transporte y distribución.

Un método más correcto para calcular la retribución de las inversiones energéticas es el llamado Coste Promedio de Ponderado del Capital. Este sistema, que dota de mayor estabilidad a la inversión y se aplica en varios países europeos, reconoce al inversor una tasa de retribución o retorno que tiene en cuenta el riesgo de las inversiones en la industria energética (gas, electricidad), más el riesgo de un país o región y el riesgo de mercado calculado según la diferencia entre la rentabilidad de una cartera diversificada de inversiones y una tasa de retribución libre de riesgo (que en España sería el bono alemán).

El Ministerio de Energía parece no haber entendido correctamente la idea de que un cambio de modelo energético (más renovables, menos carbón) implica necesariamente un sistema de incentivo de las inversiones que lo haga posible. El pasado mes de septiembre, después de que el Gobierno transmitiera a los inversores que se disponía a reducir la tasa de retribución que iban a percibir ya se provocó una caída generalizada del valor de las acciones. Ahora, los pasos dados por el departamento para recortar retribuciones, en la primera semana del mes de febrero, han vuelto a crear incertidumbre entre los inversores por la impresión de la poca estabilidad regulatoria y se han producido nuevas caídas de los valores en Bolsa de los valores energéticos especialmente entre las compañías con más proporción de activos reconocidos. No es posible cambiar el modelo energético si no existe seguridad jurídica y estabilidad en la tasa de retribución de las inversiones.

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Alberto Carbajo Josa es consultor de energía

Fuente: El País