Más de cinco millones de personas declaraban, en 2016, ser incapaces de mantener su casa entre los 18 y los 21 grados en invierno, la temperatura adecuada para la vida, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, por falta de recursos. Este fenómeno de carencia se conoce mediáticamente como pobreza energética y ha crecido en un 22% desde 2014, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Esta incapacidad de mantener caliente el hogar y de incluso, calentar los alimentos, afecta no solo a familias en riesgo de exclusión social sino a también a ciudadanos con salarios que no les permiten pagar las facturas.
Las ONG y las administraciones locales, a través de sus servicios sociales, atienden estos hogares, pero también una compañía energética, Gas Natural Fenosa, ha desarrollado un programa de acción en este sentido. Un plan que contempla 20 medidas, y una inversión de 4,5 millones de euros. Entre ellas están el teléfono gratuito disponible las 24 horas para clientes vulnerables (900 724 900) y la creación de la Escuela de Energía, un centro de formación cuyo objetivo es dotar de herramientas a familias y trabajadores sociales de administraciones y entidades del tercer sector para poder hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. «Queremos ofrecer herramientas para paliar la pobreza energética a todos los agentes, desde profesionales, educadores sociales y voluntarios hasta a asociaciones de vecinos, de inmigrantes y padres de colegios en zonas de riesgo de exclusión», afirma Almudena Laguillo, responsable del proyecto en la Fundación Gas Natural Fenosa.
¿Qué significan los conceptos que figuran en la factura? ¿Cómo puedo reducir el importe? ¿Qué tipo de contrato tengo? ¿Cómo puedo pedir tiempo a la compañía para pagar? Estos son algunas de las preguntas que los cursos pretenden responder desde que la Escuela empezó a impartir cursillos en Madrid, Cataluña y Galicia en marzo. «Nosotros conocemos la normativa legal porque es nuestra obligación, pero estos cursos nos ofrecen algo más: ahora sé leer una factura y ayudar a los vecinos de mi área», sostiene Mónica Rodríguez, trabajadora social desde hace 26 años en el Ayuntamiento de Tordoia, A Coruña.
ampliar foto La Escuela proporciona herramientas a familias y trabajadores sociales para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. GNF En Galicia, la pobreza energética es un problema acuciante. «En uno de los últimos repartos de comida para las familias necesitadas, las legumbres se entregaban en tarro, ya cocidas, porque en muchos hogares no se puede cocinar», explica Rodríguez, y asegura que es un fenómeno más urbano que rural. «Casi todas las viviendas de campo cuentan con chimenea y cocinas de leña por lo que pueden mantener la temperatura en invierno. Tampoco necesitan aire acondicionado en verano en Galicia. Allí hay otras carencias», comenta la trabajadora.
Rodríguez recibió la formación junto a un grupo de compañeros del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia. «Nos contactaron y nos visitó una formadora», comenta. La Escuela ha arrancado con cuatro educadores: dos en Cataluña, uno en Madrid y otro en Galicia, que recorren todo el territorio explicando el funcionamiento de las facturas, la adecuación de la potencia contratada y las tarifas, la adaptación de los aparatos eléctricos y las pautas para reducir el consumo. «Muchas veces los usuarios no conocen el tipo de contrato que tienen», apunta Jesús Moix, profesor de la Escuela y organizador del programa lectivo.
El bono social es uno de los subsidios a los que pueden acogerse los hogares incapaces de hacer frente a las facturas
«Estos hogares no pueden permitirse comprar electrodomésticos caros que consumen menos que los baratos», precisa Paula Torreadrado, trabajadora social en el Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid). Allí también se ha hecho más patente la vulnerabilidad energética durante los últimos años de la crisis. La precariedad laboral tiene la culpa, en su opinión. «La principal dificultad de los vecinos es que acceden a un mercado de trabajo con salarios muy bajos», sostiene. «En Tres Cantos hay muchas familias monoparentales, además de jubilados con pensiones no contributivas de apenas 400 euros y desempleados de larga duración», añade Torreadrado. Ahora se fija más en los aspectos relacionados con eficiencia energética cuando trata con las familias. «Nos preocupamos más por conocer estas características y si pueden optar al bono social», completa.
Este bono es uno de los subsidios a los que pueden acogerse los hogares incapaces de hacer frente a las facturas. Básicamente ofrece entre un 25% y un 40% de descuento a los consumidores de rentas más bajas, o con situaciones familiares de necesidad (con miembros con discapacidad, familia numerosa, desempleados de larga duración o jubilados con pensión no contributiva). El bono, además, garantiza el suministro eléctrico, que no podrá ser cortado a las personas en situación de riesgo de exclusión social. El resto de consumidores vulnerables dispondrán de cuatro meses para abonar sus obligaciones, el doble que el resto de usuarios.
La Escuela de Energía, que hasta finales de noviembre ha llevado a cabo 111 formaciones en Cataluña, Madrid y Galicia a más de 1.000 personas, organizará cursos en Castilla León, Valencia y Castilla-La Mancha. «Esperamos seguir ampliando territorios en 2018. Queremos que sea un proyecto de largo recorrido», concluye el formador Jesús Moix. Un programa para que las facturas no supongan un quebradero de cabeza para esos cinco millones de personas víctimas de la pobreza.
Esta noticia patrocinada por Gas Natural Fenosa ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.
Fuente: El País