Naturgy mantiene la solicitud de cierre de cinco centrales de ciclo combinado, cuyo trámite inició hace dos años, siendo ministro de Energía Álvaro Nadal. La compañía, que, a diferencia de Iberdrola, Endesa o Viesgo, nunca había reconocido públicamente esta decisión, ha pedido en concreto la clausura de dos de sus grupos del ciclo combinado de Palos (Huelva); dos de Cartagena y uno de Sagunto, con una potencia total de 2.000 MW.

 Según fuentes políticas, las solicitudes de la entonces Gas Natural (bautizada el año pasado como Naturgy), siguen en manos del actual Ministerio para la Transición Ecológica (que asumió las competencias de Energía), que aún no las ha resuelto.

Con la crisis de la demanda desencadenada a finales de la pasada década, las eléctricas (y muy especialmente, Gas Natural, que cuenta con el mayor número de plantas de gas) reclamaron la figura legal de la hibernación. Frente al cierre puro y duro, que implica el desmantelamiento posterior de la instalación, la hibernación, tal como se entendía, permitiría cubrir, al menos, los costes de mantenimiento. La regasificadora de El Musel, de Enagás, es la única instalación hibernada, y al ser un activo regulado se le retribuye también la inversión.

El problema es que la Ley del Sector Eléctrico, modificada en el marco de la reforma energética de 2013, establece la posibilidad de que las centrales cierren de manera temporal, pero esta norma nunca se desarrolló. Por tanto, un cierre provisional requeriría de una reglamentación que hoy no existe.

Fuentes próximas a Naturgy subrayan que, en este caso, la compañía ha pedido la hibernación de los citados ciclos, pero sin solicitar ninguna compensación. Se trata, añaden, de que se le permitan pararlas, que no estén disponibles para el sistema, pero sin la obligación de desmantelarla por si en el futuro recuperan la rentabilidad o se pueden vender a un tercero.

La razón para dicha petición es de sobra conocida: la falta de rentabilidad de unas centrales que llevan años languideciendo, con un nivel medio de funcionamiento del 15%, según datos de REE. Aunque en el caso de Naturgy, la media es algo superior (el 18%), la situación no es menos dramática. Las empresas se quejan de no poder trasladar costes fijos al precio final, máxime cuando lo cubrían en parte con el incentivo por disponibilidad (unos 150 millones de euros de euros anuales), que desapareció en junio de 2018.

El Gobierno anterior suspendió el mecanismo (una Ayuda de Estado que hay que notificar) a la espera de la reforma prometida por Bruselas. Pero la UE aún no lo ha resuelto y la solución sigue bloqueada.

Antes que Naturgy, tres eléctricas habían solicitado el cierre de cuatro plantas de gas. En 2014, Iberdrola pidió el cerrojazo de uno de sus tres grupos de Castellón y, aunque, finalmente recibió el permiso, la compañía optó finalmente por mantenerla (el valor de una de estas instalaciones es que dispone ya de todos los permisos y autorizaciones y no tienen que partir de cero para volver a producir).

Por contra, a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, se le denegó el cierre de uno de sus grupos de Arcos de la Frontera y otro tanto le ocurrió a Endesa, que no pudo echar la llave, como así lo solicitó, a su ciclo combinado de Huelva (Colón 4). En ambos casos, por las objeciones que puso Red Eléctrica, que vio riesgos para el suministro.

Hoy por hoy, en España, solo Viesgo ha desmantelado un ciclo combinado, el de Tarragona, tras recibir la autorización del Gobierno y la luz verde de REE. En el caso de Naturgy, las fuentes antes citadas aseguran que el operador del sistema también habría dado el visto bueno a las peticiones que mantiene la compañía que preside Francisco Reynés.

La cuestión es que han pasado dos años del inicio del trámite y aunque REE siempre consideró que la sobrecapacidad instalada permitía prescindir de unos 8.000 MW de gas, ahora tendrá en cuenta que en poco más de un año dejarán de funcionar 5.000 MW de carbón, el de las siete térmicas de carbón condenadas al cierre al no haber acometido las inversiones medioambientales que impone la Directiva de Emisiones Industriales (DEI). El permiso para su cierre también está en marcha. Todo apunta a que, dado el tiempo transcurrido, el operador sería menos flexible. Su último mensaje es que el sistema necesita toda la capacidad instalada.

Naturgy considera que las centrales elegidas no causan problemas de suministro pues se ubican en complejos con numerosos grupos. Cada uno da empleo a más de una treintena de trabajadores, si bien, un posible cierre no afectaría a estas plantillas, según la empresa.

La multa de 19,5 millones impuesta esta semana por la CNMC a Naturgy (tambien a Endesa por 5,8 millones) por alterar los precios del mercado eléctrico en 2016 y pincipos de 2017, vuelve a poner sobre la mesa la situación crítica de las centrales de gas. En el trasfondo de este proceso subyace el debate sobre lo que son costes fijos y variables (solo estos pueden trasladarse al precio final en el mercado).

Entre la ruina y los precios

Hasta hace un año, las centrales de gas recibían dos incentivos, el de inversión y el de disponibilidad, que les permitía cubrir sus costes fijos. Solo los variables (o de oportunidad del combustible), pueden ser trasladados al precio final del mercado, según el criterio de la CNMC, que es la que tiene potestad para fijarlo.

Empresas como Naturgy, según las alegaciones al expediente sancionador que se ha saldado con sendas multas a esta energética y a Endesa por 25 millones, sostienen que entre los costes fijos (seguros, impuestos, servicios generales) no deben incluirse ni los de personal (podrían ser subcontratados) ni los peajes (pues se puede contratar por un año o por días), que serían variables.

El regulador tiene potestad para investigar ofertas “anormales o desproporcionadas”, que determina en función de si han trasladado al precio un coste distinto al variable o del combustible. Otra cuestión es si la referencia es el precio spot, del día, o del mensual.

Las multadas insisten en que los ciclos son una ruina. Fuentes próximas al Gobierno consideran que esta situación y la desaparición del incentivo por disponibilidad, no justifica que algunas empresas quieran compensarlo con el precio del pool.

Fuente: El País