La actividad cinegética mueve más de 5.000 millones de euros al año en España, según el último estudio publicado en 2018 por la Fundación Artemisan en colaboración con Deloitte. Una cifra elevada a tenor de las licencias existentes, que rondan las 827.000, con datos del último Anuario Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura en 2017. Un dato que sitúa a España como uno de los países con más licencias de Europa, tan solo por detrás de deportes como el fútbol o el baloncesto. Aun así, la cantidad desciende año tras año, y en solo una década se han perdido más de 200.000 licencias. Pero esta caída se contrapone al aumento de las piezas capturadas: más de 673.000 de caza mayor (sobre todo, ciervo y jabalí) en 2017, frente a 593.000 en 2015. Y más de 20,8 millones de caza menor (perdiz, conejo…) en comparación con 20,3 en los mismos años, como recoge el anuario.

Cifras que parecen paradójicas pero que, según Luis Fernando Villanueva, gerente de Artemisan, sociedad defensora de la caza que promueve la gestión y conservación de la flora y la fauna, tienen razones que las justifican: “El aumento de las piezas capturadas en caza mayor se debe a un crecimiento exponencial del número de animales (fundamentalmente, jabalí), y en caza menor, sobre todo en perdices, a la actividad comercial que se deriva de la suelta de este animal en los cotos”.

La caza es, probablemente, uno de los deportes (o industria) que más sectores agrupa. El 87% del territorio español está considerado como de aprovechamiento cinegético. Son 43,8 millones de hectáreas. El 19% se concentra en Castilla y León, seguido por Castilla-La Mancha (16%) y Andalucía (16%). El sector genera más de 186.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, según el informe de Artemisan.

En el territorio de caza se extienden más de 32.817 cotos privados (apenas un 2% son de titularidad pública). Divididos entre caza mayor (con especies como corzo, venado o jabalí) y menor (perdiz, conejo o tórtola), estos últimos se nutren en un 95% de las piezas criadas en granjas cinegéticas. Un negocio que tiene en la cría en cautividad, sobre todo de perdiz roja, uno de sus principales exponentes; animales que “se venden al coto a unos cinco o seis euros la pieza”, apunta Villanueva. Granjas que han crecido al amparo de la caza y que se extienden fundamentalmente en zonas de tradición cinegética, como Ciudad Real, donde hay más de 60.

En general, un cazador se gasta más de 9.000 euros de media al año en esta actividad, según recoge el estudio. Un gasto que incluye, entre otras partidas, unos 2.000 euros por la “compra” de la tarjeta del coto y la licencia, que ronda “entre 20 y 42 euros, por ejemplo en Castilla-La Mancha, y unos 70 euros si hablamos de interautonómicas. Una modalidad que permite cazar hasta en siete comunidades distintas con la misma licencia”, señala el gerente.

Adquirir un arma es, sin duda, uno de los desembolsos más elevados. “Entre 1.000 euros para una escopeta y 2.000 para un rifle es el gasto medio”, señalan en Armería Ibérica. Una industria que, según el citado estudio, genera unas ventas de 115 millones de euros, y donde las exportaciones rondan el 90% de la producción debido a la caída de las ventas derivada de la bajada de licencias, indican fuentes del sector.

Aun así, es un negocio que está dando sus primeros pasos hacia la sostenibilidad en el tipo de munición. Cada año se disparan 350 millones de cartuchos de plástico y, aunque una parte se recoge, hay otra que se disemina en pequeños trozos por el campo. A partir de aquí surge la idea de la segoviana Bio Ammo. Tras ocho años de investigación y ocho millones de euros de inversión ha empezado a fabricar cartuchos 100% biodegradables, realizados con material de origen vegetal, que se degradan por la acción bacteriana, integrándose en la naturaleza tras un periodo de entre 6 y 18 meses, según las condiciones climáticas del hábitat.

La caza ya no es solo ir al coto. El turismo cinegético se ha puesto de moda. Más de 100 empresas se congregan en este sector, cuya principal actividad es organizar todo tipo de cacerías (ojeos de perdiz, monterías…), “que suponen entre 12 y 20 en cada temporada, en las que se congregan entre 12 y 15 personas en cada una y que realizan desembolsos dispares, que van desde 100 hasta 1.000 euros o más por sesión, dependiendo de las actividades”, concreta Manuel Cabezas, gerente de la empresa que lleva su nombre. Esta actividad cada vez atrae más turismo europeo y norteamericano. “Es una de las locomotoras principales de creación de empleo en zonas rurales. Para cada cacería se contratan entre 20 y 30 personas”, afirma Cabezas.

Mercados asociados

También la carne de caza ha empezado a buscar su espacio y se proyecta como una apuesta económica de futuro para el sector. En 2009 nació Asiccaza (Asociación Interprofesional de la Carne de Caza), con el objetivo de representar a los productores e industriales de la carne silvestre. En la actualidad moviliza alrededor de 100 millones de euros anuales y comercializa 300.000 piezas de caza mayor (ciervo, corzo, jabalí…) y medio millón de caza menor (conejo y, sobre todo, perdiz).

Con un escaso consumo nacional, España exporta casi el 90% de la producción, tanto fresca como congelada, con Francia y Alemania como principales clientes. “Las industrias españolas están a la vanguardia de la tecnología en este campo. Ahora, con la venta online, parece que el consumo despega ligeramente. También nos encargamos de dar cursos y charlas en escuelas de cocina y hostelería en España para que conozcan las ventajas y propiedades de este tipo de carne”, asegura Jaime Hurtado, gerente de la interprofesional, que reúne 48 empresas y unos 1.000 trabajadores.

Defensores y detractores

Industria para unos y deporte para otros, la caza está regulada por diversos organismos como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Deportes perteneciente al ministerio del ramo, y las comunidades autónomas. La actividad suscita controversias con defensores y opositores. Los primeros argumentan la importancia del arraigo de la población rural a la actividad, su lucha ante la despoblación en zonas vacías y su elevado volumen de negocio, además de “una labor de conservación silenciosa que realizan los cazadores, que gestionan la fauna silvestre y los ecosistemas por el impacto positivo que tiene en las especies cinegéticas y en las que no lo son”, expone Luis Fernando Villanueva. Sus opositores cuestionan estas afirmaciones ya que “las tradiciones son eso, tradiciones, pero no por ello pueden servir de excusa para frenar los avances de la sociedad. El interés económico hay que verlo siempre con más detalle, y más en los tiempos que corren. Pero resulta obvio que la simple rentabilidad de una actividad no la justifica socialmente”, indica Theo Oberhuber, coordinador de campañas de Ecologistas en Acción. Ante opiniones encontradas, el movimiento animalista, sobre todo a instancias de Pacma, consiguió el pasado abril la prohibición de la caza durante unos meses en Castilla y León.

Fuente: El País