El sector del transporte por carretera valora muy positivamente la noticia de la liberación de los peajes de varias autopistas entre este año y el que viene, anunciada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos en una entrevista con EL PAÍS. Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte, ha celebrado la noticia como “muy importante y muy positiva” para el colectivo de transportistas, tanto por razones económicas, como de tráfico y de “seguridad”. En conversación telefónica, Gil ha destacado que, de media, cada camión pesado paga unos 1.900 euros anuales en peajes y ha cifrado en unos 240.000 los vehículos pesados de transporte público (por diferenciarlos de las flotas de camiones de empresas que transportan mercancías propias, otros cerca de 90.000) que surcan las carreteras españolas.
Ha subrayado también que abrir las autopistas supondrá una alternativa a los transportistas que, para evitar los peajes, eligen carreteras nacionales. “Se nos acusa de congestionar las nacionales”, ha dicho Gil, “por lo que, sin peajes, tanto los camioneros como los coches podrán elegir”, aliviando el tráfico en las carreteras secundarias. Finalmente, celebra la noticia por “motivos de seguridad y no tanto de velocidad”, al abrir a los transportistas vías más cómodas y seguras.
En nombre de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), que representa a unas 200 empresas con 20.000 camiones, José Manuel Pardo, director técnico, ha celebrado la noticia «favorablemente». «Habrá que ver la letra pequeña y ver cómo piensan financiar el mantenimiento de esas vías, pero todo lo que suponga liberar peajes una vez vencida la concesión de la autopista nos parece justo». Pardo ha señalado que esos peajes se cobran para amortizar la construcción de una carretera y una vez vencida la concesión se supone que es porque ya se ha amortizado esa construcción. «Por tanto, parece justo que esa vía revierta al sector público», ha dicho, recordando además que «los transportistas ya pagan muchos impuestos», refiriéndose al indirecto sobre carburantes.
Reclamación de la Generalitat Valenciana
Uno de los tramos de autopista a los que está previsto que se retire el peaje es la AP-7 entre Alicante y Tarragona, cuya concesión vence a finales de 2019. La gratuidad de esta vía es una de las principales reivindicaciones del Gobierno valenciano, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo de Podemos. Además, todos los partidos de las Cortes Valencianas, con la abstención del PP, reclaman al Gobierno que la AP-7 sea gratuita a partir del año que viene, la misma postura que defiende la Generalitat. Más de 140 ayuntamientos valencianos han aprobado mociones para exigir la gratuidad de la autopista de peaje.
La AP-7 entre la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña expiraba en 2006. Pero en 1996 el Gobierno de José María Aznar la prorrogó hasta 2019 a cambio de una reducción de las tarifas.
Pero no todo el mundo está de acuerdo con la supresión del peaje. La Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) prefiere la opción de ofrecer abonos anuales gratuitos a los residentes de las zonas más afectadas, Dénia y Benidorm, y que el resto siga pagando. Hosbec advierte de que la gratuidad dificultará la llegada de quienes vuelan al aeropuerto de Alicante y desde allí por carretera hasta los destinos de playa.
El País Vasco apuesta por mantener sus peajes
La decisión del Gobierno, en cambio apenas tendrá incidencia en el País Vasco, por ser una materia transferida. La única salvedad en el País Vasco es la AP-68 (Bilbao-Miranda de Ebro-Zaragoza), una autopista de titularidad estatal con una concesión privada que expira en 2026. En estos momentos son de pago la AP-8 (Bilbao-Behobia) y la AP-1 (Vitoria-Eibar), en ambos casos gestionadas por las Diputaciones vascas, que aplican descuentos a los usuarios de estas provincias, con un límite máximo de 30 euros mensuales por su utilización. El resto de conductores (los no contribuyentes en las Haciendas forales) paga íntegramente la cuota que establecen los peajes. En Bizkaia también son de pago la variante sur metropolitana (una circunvalación de Bilbao) y lo que se denomina como túneles de Artxanda, situados en uno de los accesos a la capital vizcaína.
El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa (PNV), sostiene que Euskadi va a seguir con la política de cobro: «No somos partidarios de retirar los peajes, sino todo lo contrario. Como aconseja Europa, el criterio debe ser que quien contamina paga». Las instituciones vascas aseguran que los ingresos provenientes del cobro de peajes en sus autopistas se destina «íntegramente» para el mantenimiento y conservación de estas vías, con el fin de «evitar que el gasto de las carreteras recaiga vía impuestos en todos los contribuyentes sin distinguir si son o no usuarios».
La política de extender los peajes en el País Vasco se ha traducido recientemente en la instalación de arcos de pago en la carretera N-I, que solo cobra a los transportistas. Esta medida fue anulada en abril pasado por el TSJPV al considerarla discriminatoria, pero el peaje sigue funcionando hasta que el Supremo no resuelva el recurso interpuesto por la Diputación guipuzcoana.
Fuente: El País