La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha registrado este lunes en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Son unas cuentas procíclicas, expansivas y con el mayor aumento del gasto público desde 2010, cuando el Ejecutivo de Zapatero programó el controvertido Plan E, un millonario plan de inversiones auspiciado entonces por el G20 con la intención de espolear la economía en plena crisis. Ese año se produjo el mayor aumento del gasto público en los últimos 30 años.

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Sánchez ha decidido aumentar el gasto para destinar más recursos a partidas sociales. Su intención es restañar las heridas pendientes tras la dramática crisis financiera, que estalló hace una década. Las partidas de dependencia, vivienda o inversiones suben más de un 40%. También hay un amplio programa social cuya guinda es un plan contra la pobreza infantil y ayudas para las familias más necesitadas. En total, el Estado se gastará más de 345.358 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior.

Estos Presupuestos nacen, además, con tres meses de retraso. El Ejecutivo tendría que haber presentado el proyecto a finales del pasado septiembre, como estipula la Constitución, pero la inestabilidad política y la tensión en Cataluña han servido de argumento para aplazarlos.

Aunque todos los Gobiernos insisten en comentar el aumento de las partidas que definen su política, en realidad los Presupuestos dejan poco margen de actuación. Las pensiones, con una subida del 6%, hasta alcanzar los 153.000 millones, se comen casi la mitad de todos los recursos. La partida para pagar el sueldo de los funcionarios, que crece un 3,9%, hasta los 23.372 millones, también se lleva un buen pedazo del pastel, aunque algo menos que los intereses para pagar la abultada deuda pública, cuya dotación asciende a 31.449 millones. Si a estas partidas sumamos las transferencias a comunidades autónomas, Ayuntamientos y otras empresas públicas (más de 261.900 euros, un 6,3% más), el margen de actuación política de los Presupuestos está limitado. Es decir, las pensiones, las transferencias a las Administraciones territoriales para financiarse, los intereses de la deuda y el sueldo de los funcionarios, se comen buena parte del Presupuesto.

Hacienda ha construido los Presupuestos de 2019 sobre un objetivo de déficit del 1,3% del PIB en lugar del 1,8% que había previsto inicialmente, pero el bloqueo del PP y Ciudadanos en el Congreso le han impedido suavizar la senda fiscal. Eso significa que el Gobierno tendrá que hacer un ajuste de unos 12.000 millones de euros este año. ¿Cómo se hará? El departamento que dirige María Jesús Montero ha proyectado unos ingresos récord de más de 227.356 millones de euros, un 9,5% más que el año anterior. En términos reales el aumento respecto a la cosecha de 2018 asciende a 20.000 millones.

Alrededor de la mitad de este incremento procede de la mejora del ciclo económico: se espera que la economía siga creciendo (un 2,2%) y que el aumento de los precios propicie una mejora de la recaudación. Por otra parte, están las nuevas medidas tributarias, que reportarán 5.650 millones, según los cálculos del Gobierno. Hacienda ha programado subidas de impuestos y creación de otros nuevos. Entre los aumentos destaca la subida del IRPF para los que ganen más de 140.000 euros y del impuesto de sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros. Estas medidas solo afectarán al 0,5% de los contribuyentes y al 0,7% de las empresas.

Pero además, Montero aprobará dos nuevos impuestos: el que gravará las actividades digitales, conocido como tasa Google, y el de transacciones financieras, que se aplicará sobre la compraventa de acciones de compañías grandes.

La tercera pata de este fenomenal incremento de ingresos procede de un cambio en el cómputo de la liquidación del IVA, que permitirá contar en 2019 unos 5.000 millones de ingresos que en realidad proceden de 2020. Una argucia contable que permitirá a Hacienda considerar 13 meses de ingresos del IVA por el nuevo Sistema Inmediato de Información (SII), una herramienta digital para pagar el IVA que puso en marcha en 2017 el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Está por ver si la Comisión Europea permite modificar el criterio de devengo en favor del de caja.

Por último, estos Presupuestos nacen sin apoyos políticos suficientes para salir adelante. El Gobierno de Sánchez no tiene garantizados ni los votos de su principal socio de Gobierno, Unidos Podemos, que detecta 11 incumplimientos en el acuerdo de Gobierno suscrito el pasado octubre. Sánchez está envuelto, además, en una frenética negociación con los independentistas catalanes.

Para limar asperezas, el Gobierno ha comprometido que destinará el 18% de la inversión en infraestructuras en Cataluña. De esta forma, cumple con lo dispuesto en el Estatut, que sostiene que Cataluña debe recibir una inversión equivalente a su peso en la economía nacional.

Fuente: El País