El coste de las reclamaciones realizadas por inversores extranjeros por los recortes en las subvenciones a las energías renovables en España asciende a 7.565,8 millones de euros, según los datos del Ministerio de Justicia que constan en una respuesta parlamentaria del pasado 6 de noviembre.

En total, se han presentado 36 reclamaciones (en dos de las cuales no se detalla la cuantía) ante los tres foros internacionales en los que se puede reclamar: la Cámara de Comercio de Suecia (7 casos); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional Uncitral (2 casos) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que lleva el grueso de las reclamaciones, con 27 demandas.

La demanda más cuantiosa es la presentada por un grupo de 16 inversores energéticos, agrupados bajo la denominación de PV Investors, ante el Uncitral por importe de 1.900 millones de euros. En segundo lugar figura una demanda de CSP Equity Investment presentada ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que reclama 840 millones. Le sigue una demanda de la entidad alemana Signatory Banks- Landensbank Baden-Württemberg, por 482 millones. En cuarto lugar, se encuentra la reclamación de RREEF Infrastructure (GP) Limited & RREFF Pan-European por 441 millones de euros. Y en quinto lugar la de Nextera, de los Países Bajos, por 393 millones.

Del total de 36 demandas, hasta el momento el Gobierno español ha perdido un laudo ante el Ciadi de 128 millones de euros con la firma británica Eiser Infraestructure, que se encuentra recurrido. Y ha ganado uno frente a Isolux ante la Cámara de Estocolmo.

Un largo conflicto

Los fondos internacionales (en muchos casos integrados también por inversores españoles) interpusieron una serie de demandas internacionales por los recortes a las renovables acometidos primero a finales de 2010, con el PSOE al frente del Ejecutivo, y después en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP.

Los productores habían invertido fiándose de la rentabilidad que garantizaban esas primas, vigentes entre 2006 y 2012. Solo los inversores extranjeros pudieron acudir a los arbitrajes internacionales.

Justicia aclara que estas cifras se han determinado por la suma de las cantidades reclamadas por los demandantes en sus escritos procesales, ya que no existen informes de la Abogacía de Estado que detallen la cuantía total reclamada por inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por los recortes a las energías renovables en España, según consta en la respuesta a la pregunta de la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, Rosa Martínez.

Fuente: El País