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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 y de lo Mercantil de Segovia sentará en el banquillo de su Audiencia Provincial a tres exconsejeros y ocho exdirectivos de la desaparecida entidad Caja de Ahorros de Segovia por la aprobación de prejubilaciones millonarias, que se estima que causaron un perjuicio de más de 24 millones de euros. La magistrada Silvia Conde, instructora del caso, les ha impuesto fianzas por una posible responsabilidad civil que superan los 50 millones de euros. Las acusaciones solicitan penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años, según recoge Europa Press. Todavía no hay fecha para el juicio.
En un auto, contra el que no cabe recurso, la magistrada considera que ha existido un delito de administración desleal por parte de quien fue presidente del consejo de administración de la entidad y del comité de retribuciones, Atilano Soto, así como de los vicepresidentes Manuel Agudíez y Elena García Gil, vocal y secretaria de este comité, respectivamente. También incluye a quien fuera director general Manuel Escribano, al ex secretario general, Antonio Tapia y al ex jefe de Recursos Humanos Enrique Quintanilla. Para asegurar sus posibles responsabilidades, les reclama una fianza de 24,4 millones de euros. En caso de que no las aporten en un plazo de cinco días, se les ordenará el embargo de sus bienes.
A la compañía de seguros y reaseguros Caser, con la que Caja Segovia suscribió las pólizas relacionadas con las retribuciones a los directivos, se le ha impuesto una fianza de 18,3 millones de euros. También reclama fianza para los antiguos altos directivos de la entidad: Miguel Ángel Sánchez Plaza (3,9 millones), Oscar Javier Varas, (2,4 millones); Juan Bautista Magaña, (un millón); Juan Antonio Folgado, (977.405 euros), y Malaquías del Pozo, (363.211 euros). Las pólizas suscritas para ocho exdirectivos pueden ascender a unos 52 millones de euros, aunque la cantidad definitiva no ha sido señalada en el auto de la jueza.
El anterior instructor del caso, Roberto Nuño, ordenó el procesamiento de los imputados después de que la Audiencia de Segovia reabriera el caso en enero de 2017. El sobreseimiento se adoptó antes de que el Tribunal Supremo avalara la condena a los exdirectivos de Novacaixa Galicia por cambiar sus contratos para asignarse indemnizaciones vitalicias, algo ocurrido en septiembre de 2016. La Audiencia Provincial de Segovia la tuvo en cuenta como precedente para ordenar que se reabriera el caso.
La decisión fue celebrada este jueves por Izquierda Unida, personada en el caso como acusación, y por antiguos miembros de UPyD, que encabezaron la denuncia, aunque después abandonaron la personación por falta de recursos económicos.
Fuente: El País