El mismo día en que Abengoa lograba el acuerdo para vender el 25% de su filial americana Atlantica Yield (Abengoa Yield en los tiempos de gloria), el abogado Ángel Zamora González de la Peña, socio del despacho Zamora De Claver que representa a un grupo de pequeños acreedores contestatarios al plan de refinanciación de la compañía, se encontraba redactando los últimos párrafos del requerimiento que envió a Gonzalo Urquijo, presidente de la empresa, para que pague los 10 millones que la empresa debe a sus clientes. Estos son parte de los pocos inversores que no firmaron el plan y lo impugnaron ante el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, Pedro Márquez Rubio, que lleva el caso y que el pasado 25 de septiembre les dio la razón. Y no solo eso, luego completó el revés jurídico a la empresa al rechazar después las peticiones de aclaración y complemento que pidió el grupo con el fin de ganar tiempo y custodia.

El fallo alteró de forma preocupante el camino de la empresa hacia la salvación haciendo que acelerara la citada venta de Atlantica, la considerada joya de la corona del grupo, además de verse en la necesidad de forzar una dispensa (waiver en su término inglés) con sus financiadores para que no se produzca un vencimiento anticipado de la deuda, que alteraría el plan de reestructuración. En realidad, la empresa intentaba minimizar el impacto que supone tener que devolver la inversión a los bonistas “díscolos”, como se les ha llamado en su entorno.

El diagnóstico acertado del despacho y la determinación de un juez que, a pesar de la presión, ha mantenido un criterio estrictamente jurídico han creado una atmósfera irrespirable para Abengoa precisamente cuando esta busca la luz. Con la venta de Atlantica (y de los activos que tiene a disposición) tendrá que saldar las deudas, pero también satisfacer a a los impugnadores.

Los dos tienen raigambre jurídica: hijo y nieto de magistrados, el uno, e hijo de abogado, el otro

El abogado y el juez se han convertido en los azotes del grupo. Los dos son sevillanos, como la empresa. Ambos tienen raigambre jurídica: hijo y nieto de magistrados, el juez, e hijo de abogado, el segundo, todos con mucho prestigio en la capital andaluza (el abogado Ángel Zamora Carranza llevó, entre otros, el caso Ollero, sobre cobros de comisiones ilegales que implicó al dirfector general de carreteras de Andalucía, Manuel Ollero y en el que, precisamente, participó el magistrado Ángel Márquez, tío del juez). Los dos, en sus respectivas funciones, han blandido el látigo que ha alterado la trayectoria de la empresa, otrora símbolo de desarrollo tecnológico español.

Al juez Márquez le cayó la patata caliente de la mayor suspensión de pagos de la historia de España. Sabía que tenía entre las manos la posibilidad de ejercer la mano más dura de la ley, lo que habría llevado a la principal empresa de Sevilla y Andalucía (con más de 25.000 empleados en el momento de entrar en barrena) a la quiebra definitiva, y fue condescendiente ampliando el plazo siete meses para que la empresa pudiera negociar con la banca. Pero, al tiempo, no le tembló el pulso, puso condiciones duras y mostró que no había rendijas por las que colarse. El plan fue respaldado por una mayoría que arrastró, al pasar del 75%, al resto de acreedores, excepto a ese grupo de díscolos que interpuso la impugnación que este juez admitió trámite en enero, al igual que hizo con otras ocho demandas, y consolidó el pasado septiembre.

No eran más de 216 millones (cifra que la empresa rebaja a 72 millones) de euros sobre más de 9.000, pero suficientes para torpedear el acuerdo. Entre los impugnadores hay varias familias sevillanas tradicionales inversores de Abengoa (Fernández de Bobadilla, González de Mendoza o Melgarejo), representadas por el activo abogado Zamora, y empresas internacionales como la aseguradora Zurich, Import-Export Bank of United States o Portland General Electric Company, que se pusieron en manos en otros despachos, entre ellos el bufete Garrigues.

La historia de David y Goliat se repite cada cierto tiempo en los juzgados y esta es una

La historia de David contra Goliat se repite cada cierto tiempo en los juzgados y esta es una. Los socios de Zamora De Claver son conscientes de que ha asestado un golpe doloroso a la todopoderosa Abengoa, del que aún se están calculando las consecuencias. El despacho tiene una experiencia de más de 50 años. Asesoró a inversores suizos y alemanes en el desarrollo de la costa onubense; defendió al Patrimonio del Estado en los procedimientos judiciales surgidos en la Expo’92 (ganaron los 200 en que participaron; trabajó también en adquisiciones del grupo Ruiz-Mateos…

Un experto en Derecho Concursal en la corte madrileña

M. Á. N.

Ángel Zamora González de la Peña, licenciado por la Universidad de Navarra, de la que es profesor de Derecho Concursal, tomó las riendas del despacho de su padre en Sevilla y se fusionó con el zaragozano de Javier Romero de Claver, abriendo también en Madrid, donde ya hace carrera. Se especializó en Derecho Societario, fue asesor en Andalucía del Banco Popular y es consejero y responsable de los servicios jurídicos de Forestalia, la empresa que ha irrumpido en el sector de energía renovable con fuerza.

Fuente: El País