Las normas de inversión fundamentales de China han tomado un atajo torpe. Los legisladores del gigante asiático aprobaron el viernes una nueva ley que afecta a las empresas extranjeras en el país, desde BASF hasta BMW. Los tan esperados cambios, que entrarán en vigor el año que viene, se han realizado apresuradamente, con la esperanza de que puedan aliviar las tensiones comerciales con Washington e impulsar la inversión en una economía que se está enfriando. Pero la vaguedad de la redacción y la precipitación del proceso de consulta sugieren que el objetivo de Pekín era diplomático: la reforma real llevará mucho más tiempo.
La ley supone la mayor reforma legislativa para las empresas extranjeras en China en años. El texto completo aún no se ha publicado oficialmente, pero un borrador reciente contenía varios elementos que pueden acaparar los titulares: desde un trato más igualitario para las empresas internacionales hasta el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y la prohibición de la transferencia forzada de tecnología.
Eso debería impulsar la entrada de dinero en efectivo extranjero, que solo el año pasado ascendió a 886.000 millones de yuanes (117.000 millones de euros), según el Ministerio de Comercio.
También es una concesión para Estados Unidos, mientras los negociadores tratan de desactivar un conflicto que comenzó por estos temas. Eso ayuda a explicar el llamativo ritmo presente. En 2015 hubo un borrador, pero fue archivado.
Una versión mucho más reducida resurgió en diciembre y pasó por el proceso de revisión lo suficientemente rápido como para ser aprobada en el Congreso Nacional Popular de este año. Un ritmo más normal habría puesto la ley en camino para el próximo año.
Estas prisas explican en parte por qué es tan escueta. Las últimas versiones se leen menos como un impresionante documento legal que como una declaración de objetivos políticos de alto nivel.
Por ejemplo, una sección sobre revisiones de seguridad nacional se ha reducido a menciones imprecisas. Esa falta de detalles tiene a las multinacionales preocupadas, sobre todo por la forma en que podría afectar la ley a las joint ventures existentes.
La prisa también significa que la aportación de las empresas parece haber sido objeto de poca atención. Tanto la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China como la Cámara de Comercio Americana en China se han quejado del proceso.
Muchos aspectos nuevos merecen ser alabados, y la ley puede ser un paso adelante. Pero harán falta más normas y aclaraciones. Por ahora, la elevada velocidad y el borroso resultado sugieren que el Gobierno chino está más preocupado por resolver su problema comercial con Estados Unidos que por escuchar las dificultades de las empresas extranjeras.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
Fuente: Cinco Días