El anuncio de una gran compañía eléctrica española de cerrar sus dos últimas térmicas de carbón ha provocado una peligrosa reacción institucional. El ministro de energía, Álvaro Nadal, quiere aprobar un decreto «autorizándose» a prohibir el cierre de cualquier planta por prácticamente cualquier motivo y aplicar la norma retroactivamente desde el día mismo en que la empezó a tramitar.

La transición energética es un asunto tan relevante que se ha convertido en uno de los ejes clave en las negociaciones de Merkel para formar gobierno, está en el corazón de la Polonia más antieuropea y en el populismo del manual climático de Donald Trump. Es también el eje de la modernización económica en China e India, donde se esfuerzan por revertir sus planes energéticos para acabar con un modelo mal enfocado y buscar vías para abandonar paulatinamente el carbón. Y, además, constituye el núcleo central de la alianza de gran parte de nuestros socios europeos, la «Powering Past Coal Alliance», integrada por 25 países comprometidos con una salida ordenada de sus minas y plantas de carbón de aquí a 2025. España, ausente del grupo inicial, queda, por ahora, descolgada.

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Mientras tanto, inversores, fondos soberanos y banca comercial multiplican emisiones de deuda verde como el producto más atractivo y seguro en el que invertir y se prodigan en anuncios de abandono del carbón y de mayores exigencias en nuevos proyectos asociados a gas y petróleo. Así que no es de extrañar que la estrategia empresarial de una gran multinacional energética sea posicionarse «reverdeciendo» al máximo su cartera y adelantando con suficiente anticipación la estrategia para conseguirlo. Sin duda, esta decisión de mercado facilita el acceso y el coste de financiación, la revaloriza y le permite explorar con tiempo la evolución de una industria clave en la economía de este siglo.

La iniciativa es todo un regalo para cualquier responsable de política energética en Europa occidental preocupado por el cambio climático y comprometido con el Acuerdo de París. Especialmente para España, con una sobrecapacidad de generación eléctrica que contribuye a incrementar de manera importante los costes del sistema. Por si fuera poco, las centrales que se pretende cerrar no pueden suponer, como argumenta el ministro, ningún riesgo para el sistema eléctrico —juntas representan el 0,8% de la potencia instalada—, y la empresa ha asumido el compromiso de recolocar al completo la plantilla.

En términos macro económicos, energéticos, ambientales y de salud la decisión es impecable. Sin embargo, en términos territoriales, la cosa es diferente: son polo de atracción de la mayor parte de la actividad económica de las comarcas donde se ubican y su cierre marca el inicio de una profunda reconversión en la zona. Por ello, es fácil confundir el bienestar de sus habitantes con la actividad económica principal de la que dependen la mayoría de ellos. Este sí es un aspecto clave que merece el máximo esfuerzo de todos para asegurar que no dejemos a nadie atrás.

Es hora de actualizar y anticipar los cambios técnicos y económicos necesarios para disponer de un sistema eléctrico a la altura de los desafíos de nuestra época y es hora también de aplicarnos seriamente en responder adecuadamente a los problemas sociales de las comarcas afectadas por estos cambios. Es hora de comprometerse a anticipar de forma proactiva los desafíos de la reconversión, facilitando la generación de oportunidades y el bienestar de las personas, gestionando la salida paulatina y solidaria de una actividad industrial cuya permanencia forzada hará el cambio más costoso económica, ambiental y socialmente. Este debe ser, sin el menor margen de duda, el eje del compromiso político y social, para el que además la UE ofrece financiación especial, acompañando una transición justa en zonas especialmente afectadas.

Ahora bien, la petición de cierre activa un resorte de mucho mayor calado para el que también ha llegado la hora. La decisión final que se tome marcará nuestra credibilidad y dará la pauta del compromiso real con la agenda climática, económica y social. Es la hora de la verdad y hay que elegir sin medias tintas: ¿España entra en el siglo XXI o vuelve al siglo XIX?

Que la transición energética y la descarbonización de la economía son inevitables no es ningún secreto. Hace años que los actores relevantes hacen sus cálculos sobre el modo y los tiempos para hacerlo, y diseñan la vía que le resulta más conveniente. Y en este sentido, no son muy alentadores los ejemplos de nuestra hemeroteca reciente: como los laudos internacionales sobre renovables perdidos, un nuevo impuesto al sol o la oposición a un regulador independiente. Lamentablemente, lo que no se gestiona, desborda y la inacción o el entorpecimiento institucional es uno de los escenarios más peligrosos a los que nos enfrentamos.

Bienvenidas sean las compañías que planifican su transición, o las ciudades y regiones que, como en el caso de Baleares, proponen su completa descarbonización a 2050. Es hora del liderazgo institucional y no del bloqueo. El cierre de estas centrales puede activar un virus contagioso en la sociedad y la economía españolas: el de las ganas de transitar a la sostenibilidad, a la buena calidad del aire que respiramos y a apuesta por la economía del futuro. Es hora de liderar la prosperidad presente y futura, y ha pasado ya la hora de aferrarse a objetivos y modos del pasado.

Teresa Ribera es miembro del consejo de liderazgo global de la Red de Soluciones del Desarrollo Sostenibles

Fuente: El País