Tras años de sobredosis de austeridad, Bruselas quiere pasar página. La lucha contra la crisis climática y la economía del bienestar deben tomar el relevo a los recortes y las reformas, que fueron el hilo conductor del relato europeo tras la Gran Recesión. La UE constata, sin embargo, que “en ocasiones, la dimensión social todavía parece estar algo subordinada a otras áreas políticas” comunitarias, según dos documentos que se someterán este lunes a discusión en el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales. En esas notas, la presidencia finlandesa plantea la búsqueda de fórmulas para que los mecanismos de vigilancia fiscal y financiera de los países tengan más en cuenta que hasta ahora la necesidad de mantener el bienestar de los europeos.
Bruselas pasa revista periódicamente a la salud macroeconómica y a las finanzas públicas de sus socios. Y en caso de apartarse de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, les pide medidas correctoras. Los informes de la Comisión incluyen un examen a los principales indicadores sociales de cada país, pero estos acaban sepultados por los ajustes exigidos. Los documentos remitidos a todas las delegaciones, a los que ha tenido acceso este diario, juzgan cruciales las políticas sociales, si bien admiten que ese gasto se ve aparcado en los Presupuestos sobre todo en épocas de recesión, lo cual puede desencadenar «efectos secundarios negativos» y dañar las bases de la economía. “La razón de ser la UE es asegurar el respeto por la dignidad humana y promover el bienestar de ciudadanos”, sentencia.
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La Comisión Europea busca desde hace dos años dar un giro socioliberal a su agenda. Después de que Grecia haya quedado liberada de los rescates y España haya salido del brazo correctivo de la UE, Bruselas ha declarado el fin de la austeridad. La Comisión trata de manejar con mayor sutileza los últimos deslices de Grecia, los pulsos de Italia o los incrementos de gasto de Francia, España o Bélgica para enderezar las desigualdades internas que crecieron tras la Recesión. Pero esa agenda, la de la disciplina fiscal, todavía existe. Y de hecho, copará la mayor parte de las discusiones de este lunes en el Eurogrupo
En el mismo edificio y el mismo día, los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales empezarán a buscar fórmulas para vincular la política fiscal a la social. Basándose en un estudio de la OCDE que acompaña los dos documentos de trabajo, la presidencia de la UE detecta cuatro áreas clave que apoyan esa “economía del bienestar” que reivindica Europa: la educación, la sanidad, la igualdad de género y la lucha contra la desigualdad dentro de los Estados miembros. Uno de los documentos que se discutirán señala este último como “uno de los mayores retos que afronta la UE” y juzga necesarios poner en marcha los engranajes que permiten la “movilidad social” para promover la convergencia social y económica que requiere el continente.
Una inversión para reducir el gasto público
El documento recuerda, además, que el bienestar de los ciudadanos no solo es un valor en sí mismo, sino que es un motor para el crecimiento económico y para la sostenibilidad de las finanzas públicas. De este modo, señala que la promoción del bienestar, la prevención de enfermedades y la lucha contra la exclusión social son “aspectos cruciales” para reducir el gasto público en el futuro, incrementar la productividad y extender la vida laboral de los europeos. Y plantea otra cuestión: si bien Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador que permite tomar una fotografía sobre la salud de una economía en un momento determinado, no permite hacerse una composición sobre el bienestar de la población. Por ello, reclaman recurrir a más parámetros.
El trabajo adjunto de la OCDE aporta varias recomendaciones en esos cuatro ámbitos clave para mejorar las políticas de los países miembros. En el ámbito de la educación, pide ampliar el acceso a la educación de calidad a todos los segmentos de la población, dar más autonomía a centros educativos o rebajar la proporción de alumnos por maestro; en el de salud, reclamana poner más atención en los trastornos mentales y asegurar el acceso universal a la sanidad; en el de la lucha contra la desigualdad, procurar que los sistemas de protección social sean más inclusivos y los sistemas fiscales más progresivos, y en el de la igualdad de género, medidas de conciliación laboral y también contra la violencia machista.
Con esa agenda clara, los ministros deben hallar ahora respuesta a una de las preguntas que les formula presidencia finlandesa: ¿Cómo fortalecer el vínculo entre la política económica y las políticas de bienestar en el proceso de toma de decisiones de la UE?
Fuente: El País