El reciente acuerdo por los presupuestos entre el Gobierno y Unidos Podemos ha dado lugar a un airado debate político y público en los últimos días. Independientemente de que no hay presupuestos perfectos, y estos no lo son. Estoy en desacuerdo con buena parte de la subida impositiva que en gran parte recae en los de siempre y además no se hace “pedagogía” de los enormes retos fiscales y económicos del país. Pero me han parecido excesivas algunas críticas —con considerable carga política relacionada con el asunto o no— , como si estos presupuestos fueran muy distintos de los aprobados en años anteriores.

Alguna novedad hay, por supuesto, pero mantiene las líneas generales de los presupuestos anteriores, a saber, “cumplir sin más” con los objetivos de Bruselas, preocuparse poco por el crecimiento económico y por la situación financiera a medio plazo y hacer las concesiones necesarias para lograr la aprobación parlamentaria. Pura inercia. En los últimos años ni se ha hecho una verdadera reforma de la Administración —a pesar del margen que daba el crecimiento económico desde 2014— que permitiera ahorros permanentes. Ni se ha garantizado la sostenibilidad financiera del conjunto del presupuesto, o de algunas partidas importantes —como las pensiones— o de la deuda pública acumulada. Veremos qué opina Bruselas, pero viendo lo de Italia, dudo que haya excesivo ruido exterior.

Me parece más interesante analizar otra de las medidas del acuerdo: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 735 a 900 euros mensuales. Creo que es una noticia que puede venir bien a la sociedad española. No arregla todo, desde luego, pero satisface una aspiración social relevante. Si bien los economistas defendemos vincular salarios a productividad y la medida acordada no vendrá bien a todos, creo que hay razones que pesan más y fundamentan la subida.

En primer lugar, la crisis financiera ha traído más desigualdad y más pobreza. Por ello, parece oportuno —cada vez más voces autorizadas abogan por ello—, que si bien la intervención del gobierno en el proceso general de negociación de salarios en el sector privado debe ser mínima, las autoridades en economías avanzadas que así lo decidan deben tener un papel en la fijación de la remuneración de los menos privilegiados, donde un nivel digno puede suponer una solución más satisfactoria para la sociedad en un sentido amplio que la de mercado puro. Más aún, cuando en los últimos años ha caído el peso de la remuneración de asalariados en el PIB, lo que apunta a la existencia de cierto margen para subir salarios, especialmente los más bajos.

Por si fuera poco, un país como España que siempre se compara con los países del entorno —si bien es cierto que el desempleo es mucho mayor y el mercado de trabajo, más disfuncional— tiene un SMI sustancialmente inferior al de otros como Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia (todos por encima de 1.400 euros). En suma, una convergencia y una dignificación necesarias, probablemente, además, con efectos positivos sobre el consumo.

Fuente: El País