Durante los últimos seis años, el Gobierno ha cargado a la Seguridad Social la financiación de las tarifas planas y otras bonificaciones al empleo. Ha dejado de cotizar por los cuidadores familiares de atención a la dependencia. Ha intentado que la cotización de las empleadas de hogar volviera a recaer sobre las propias empleadas, para disuadir de los pagos. Intentó impedir que los trabajadores despedidos suscribieran convenios para mantener sus bases de cotización. Disminuyó la cotización de los desempleados que habían agotado sus prestaciones, limitando el inicio (de 52 a 55 años), la base (del 125% al 100% del SMI) y estableciendo incompatibilidades de renta familiar más duras.
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La reforma laboral disminuyó los salarios, y la congelación del salario mínimo interprofesional se ha trasladado a las bases mínimas de la cotización, aunque no hubiera imperativo legal. Entre lo amagado y lo golpeado, el Gobierno ha conseguido mantener durante todo el periodo, salvo el año pasado, los ingresos por cuotas por debajo de los de 2011. Y todo esto producto de decisiones políticas con forma normativa. Así, el Fondo de Reserva y el Fondo de Contingencias Profesionales han sido desvalijados y no existen las reservas previstas para paliar las consecuencias de la jubilación del baby boom en puertas. Y ahora, según el PP y todos los voceros que justificaron estas medidas, los irresponsables son los pensionistas, por supuesto, y los partidos de la oposición, como no, por pedir que no se les culpabilice de todo esto, que por cierto no ha merecido asunción de responsabilidad política alguna.
Todas las medidas aprobadas han disminuido ingresos o generado desigualdades. Podíamos haber establecido complementos a mínimo para los jubilados que mantienen o ayudan a descendientes en desempleo, pero preferimos acabar todos los años con remanente de gasto en esta partida; obligamos a los pensionistas a pagar los fármacos, y establecemos deducciones para los mayores de 80 años que hacen la declaración del IRPF (un 15% del total de pensionistas).
Podíamos haber establecido ayudas para madres sin ingresos, pero hemos preferido incrementar las pensiones de las jubiladas a los 65 que han tenido hijos, naturalmente así no cobran pensiones mínimas, porque entonces sus complementos absorberán la mejora. Podíamos aumentar paulatinamente la cotización para los empleos parciales, peor remunerados o con contratos más breves, o aquellas más bajas que están en periodo transitorio. Esto último hubiera permitido no tener que recordar que con cambios (imposibles e indeseables) hacia la capitalización o (posibles e indeseables) hacia un sistema de cuentas nocionales habría cinco millones de los actuales cotizantes con pensiones de miseria.
Y, sobre todo, podíamos haber mantenido las cotizaciones de los empleadores en los porcentajes de 2011. En este año, en España fueron del 10,7% del PIB y en la UE el 10,6. Los últimos datos de Eurostat recogen que en España este porcentaje ha bajado del 10% mientras que en Europa ha subido por encima del 10,7%. Puede justificarse que para crear empleo los salarios han debido bajar, pero con un PIB en mayor crecimiento, ¿por qué los empresarios españoles deben pagar menos que los europeos?
Pero ahora es tiempo de descalificar alternativas, y de señalar que la mala situación del sistema no permite alegrías. Aunque las rentas del trabajo cada vez ocupen una menor fracción del PIB, no nos valen nuevos impuestos, ni sacar de la cotización los gastos de formación, ni por supuesto criticar la reforma laboral por lo que ha supuesto para las pensiones. Pues nada, aplaudan, aplaudan, mientras nos manifestamos.
Octavio Granado es ex secretario de Estado de Seguridad Social
Fuente: El País