La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, coordinada por la Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, ha realizado recientemente a nivel nacional una macro operación policial frente a distintos establecimientos públicos que emitían sin licencia los partidos de LaLiga.

En un comunicado, la patronal del fútbol español señala que el operativo ha tenido lugar en más de 2.000 establecimientos públicos, con más de 800 descodificadores ilegales requisados. La operación se llevó a cabo entre los días 11, 12 y 13 de diciembre y en ella intervinieron la práctica totalidad de las Brigadas de Policía Judicial de la Policía Nacional.

“Esta operación se ha producido a raíz de la denuncia interpuesta por el Departamento de Integridad y Seguridad de LaLiga con el asesoramiento del Área Legal”, dice la patronal del fútbol, que indica que los delitos que se atribuyen presuntamente a los responsables de los establecimientos que pudieran haber resultado intervenidos se encuentran tipificados en los artículos 270.1 y 286.4 del código penal y llevan implícitas penas de hasta cuatro años de prisión.

“Las denuncias son el resultado de los datos recabados por la Red Territorial de Verificadores de Licencias de Contenido de LaLiga, equipo de trabajo creado específicamente para la detección de los establecimientos públicos que emiten los partidos de LaLiga de manera ilícita”, señala. Este equipo de trabajo, compuesto por más de un centenar de trabajadores, ya ha realizado en lo que llevamos de la presente temporada futbolística más de 20.000 visitas a establecimientos públicos que emiten fútbol, detectándose más de 9.000 emisiones fraudulentas.

“A raíz de esta información, LaLiga procedió a denunciar ante la Policía los hechos delictivos antes referidos, poniendo en su conocimiento tanto la información de la que disponía, como el soporte documental recabado”, indica. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha dicho que “tenemos que ser muy claros a la hora de calificar estas prácticas como lo que son, delitos, y permanecer firmes en la lucha contra esta lacra”. El directivo señaló que el objetivo de las denuncias es defender a aquellos establecimientos que sí cumplen con la legalidad y que se ven afectados por la competencia desleal de aquellos que emiten ilegalmente.

LaLiga explica que en España aporta más de 1.300 millones de euros en impuestos a las arcas del Estado, y la industria del fútbol da empleo a más de 100.000 personas con una facturación anual equivalente a más del 1% del PIB. “Las pérdidas económicas por la piratería audiovisual se estiman en más de 400 millones de euros anuales”, explica LaLiga.

En este sentido, la patronal afirma que el 52% de los establecimientos públicos que emiten fútbol están suscritos al canal oficial de LaLiga en HORECA, mientras que el otro 48% hace un uso ilícito. “De éstos últimos, el 33% hacen un uso irregular mediante señal residencial y un 66% usan decodificadores de uso ilegal, coloquialmente denominado “piratería ilegal”, que son quienes han sido objeto de la acción de hoy”, afirma LaLiga.

Fuente: Cinco Días