Con casi la mitad de la población laboral española trabajando como autónomos o bajo otras formas de empleo atípico, la libertad que les da a estos trabajadores el sistema para elegir su base de cotización es, a largo plazo, una receta segura para la precariedad, según advirtió este miércolesla OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo. No es el único problema que tiene España con el futuro de sus pensiones.

MÁS INFORMACIÓN

Al organismo económico le preocupa también el envejecimiento acelerado de su población, que avanza a un ritmo mucho más rápido que la media, y que supone una presión extra a la tarea pendiente de garantizar la estabilidad financiera del sistema de pensiones. por eso, los expertos de París instan al Gobierno a proponer alternativas a los mecanismos que están suspendidos, el índice de revalorización de las pensiones (IRP) —que limitaba las subidas al 0,25% durante los años de vacas flacas— y el factor de sostenibilidad —que vinculaba la pensión con la esperanza de vida—.

«Mejorar las perspectivas de pensión para todos requiere que todos los ingresos sean tratados de la misma manera para las pensiones. En particular, los autónomos deberían pagar sus contribuciones basándose en el ingreso real en vez del declarado», destaca el capítulo español del informe sobre las pensiones presentado este miércoles en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Limitar la base de cotización

Lo que en el informe se dice de manera suave lo expresó sin tapujos el experto en pensiones del organismo, Hervé Boulhol, al desgranar con un grupo de periodistas el informe sobre las pensiones presentado este miércoles en la sede en París del organismo: «Hay que limitar drásticamente esa flexibilidad que le permite a los trabajadores independientes determinar la base» de la cotización, zanjó.

El problema no es solo español. «Los sistemas de pensiones, en general, no están concebidos para este tipo de empleos» porque, cuando fueron diseñados décadas atrás, primaba el empleo «estándar», es decir, a tiempo completo, con contrato fijo y normalmente un solo empleador, reconoció Boulhol. De hecho, recuerda el informe general, hoy en día más de uno de cada tres empleos en la OCDE no son de tipo estándar.

Pero en vista de la alta incidencia en España de este tipo de empleos atípicos —término que engloba el empleo temporal, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal por medio de agencia; la relación de trabajo multipartita, el empleo encubierto y el empleo por cuenta propia económicamente dependiente, según la Organización Internacional del Trabajo— el problema se agudiza. Más del 40% de los trabajadores españoles cotizan por cuenta propia y más del 70% de estos lo hacen solo sobre la base mínima, advierte la OCDE.

Menos cotización ahora, menos pensión después

Si bien esto, a corto plazo, puede permitir un mayor poder adquisitivo al trabajador autónomo, que suele ganar alrededor del 69% de lo que hace uno tradicional (muy por debajo del 84% de media de la OCDE), a la larga se convierte en un problema potencial a la hora de la jubilación y, por ende, para toda la sociedad, porque puede generar precariedad. «En España, muchos empleados tienen contratos temporales (más de uno de cada cuatro) o son empleados por cuenta propia (uno de cada seis), por lo que se aumenta el riesgo de acabar con una pensión insuficiente», señala el informe.

Mientras que la pensión promedio de la OCDE de los empleados por cuenta propia es el 79% de la de los trabajadores con empleos «estándar», en España la jubilación de un autónomo es, de promedio, solo el 42% de la de quien gozó de un empleo fijo completo. Solo Japón, México y Holanda están en una situación peor, destaca el organismo.

La responsabilidad es, en primer término, del trabajador por cuenta propia, que debería aumentar su base de cotización a un nivel que se corresponda con sus ingresos verdaderos. Pero también «se está empujando desde las instituciones políticas a una forma de precarización que puede que, a corto plazo, beneficie la tasa de empleo y permita mejores remuneraciones, pero que potencialmente pagaremos caro a largo plazo», señaló Boulhol. «Las políticas públicas tienen que tomar en cuenta todo el ciclo de vida, no solo a corto plazo», insistió.

Abordar la sostenibilidad de las pensiones

En términos generales, a la OCDE también le inquieta la falta de soluciones a la vista en España a su problema de estabilidad financiera del sistema de pensiones, un problema que se agudiza, advierte el organismo, por el rápido envejecimiento de la población española, que se prevé «que tenga una de las tasas de personas mayores en relación con población en edad de trabajar más altas de la OCDE para 2050». De hecho, recuerda el organismo, según la ONU para mediados de siglo en España habrá 78 personas mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años, frente a las 33 personas mayores por cada cien que hay en la actualidad. La media de la OCDE para 2050 es de 53 mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar Y esto, subraya el organismo, «va a seguir presionando el sistema de jubilaciones español».

Todo ello, señala, en un momento en que las dos medidas para mejorar la estabilidad de las pensiones aprobadas con la reforma del sistema en 2011 y 2013, el (IRP) y el factor de sostenibilidad, permanecen suspendidas sin alternativas a la vista.

La OCDE no entra, subrayó Boulhol, en la conveniencia o no de haber vuelto al cálculo de las pensiones en base al IPC, porque el otro sistema habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados, cuya pensión habría sido incrementada solo 0,25% y no el 1,6%, como ha sucedido este año y el pasado. Dicho lo cual, señaló el problema de fondo, la estabilidad del sistema, persiste, y es algo que no se puede obviar. «Hay que proponer otra cosa, porque los problemas financieros no han desaparecido, el problema sigue ahí y hay que encontrar algo para reemplazar» las antiguas propuestas, indicó.

Tasas de reemplazo altas

No todo es negativo, muy al contrario. En su informe, la OCDE señala que los ingresos de los jubilados españoles, que llegan al 95% de los de la población total, están por encima del 87% de media de la OCDE. Además, el sistema de pensiones español seguirá proporcionando tasas de reemplazo (el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajadores en activo) «relativamente altas» incluso si se restablece el factor de sostenibilidad, especialmente para los que tienen ingresos medios y altos.

Y pese al problema del envejecimiento de la población, los españoles podrán jubilarse con una pensión completa antes que muchos de sus vecinos: aunque hasta 2027 la edad de jubilación aumentará de 65,5 a 67 años, a partir de esa fecha, la gente que haya cotizado al menos 38,5 años «podrán retirarse todavía a los 65 con una pensión completa». La edad de jubilación de los españoles por tanto es ligeramente inferior a la media de la OCDE (66,1 años para hombres y 65,7 para mujeres) y «sustancialmente menor» que la de países como Dinamarca (74 años) o Estonia, Italia u Holanda (71

Fuente: El País