La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha sumado a las alertas sobre Cataluña que ya han lanzado multitud de organismos y casas de análisis. «La persistencia de tensiones en Cataluña podría hacer disminuir la confianza de los consumidores y las empresas, frenando la demanda doméstica más de lo proyectado», afirma en su análisis sobre España publicado este martes. Un comentario muy parecido al que ya han vertido instituciones como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional.

Es más, la OCDE deja la previsión de crecimiento de la economía española para el año que viene en el 2,3%, justo la misma tasa de PIB que remitió el Gobierno a Bruselas advirtiendo de que en 2018 se podrían perder unas 3 décimas por Cataluña, esto es, unos 3.000 millones de euros. En junio, la OCDE había pronosticado un 2,4% en 2018, apenas una décima más. Para este año, también proyecta igual que el Ejecutivo de Rajoy un incremento del PIB del 3,1%. O lo que es lo mismo, la OCDE se sitúa en la franja más moderada de todas las horquillas de proyecciones hechas. La Autoridad Fiscal cifró el posible impacto entre 3.000 y más de 12.000 millones. El Banco de España, entre 3.000 y 27.000 millones en dos años. Todos estos eran escenarios hipotéticos que dependían de cuánto se perpetuaba el problema. «Las tensiones políticas en Cataluña han elevado la incertidumbre», apunta la OCDE.

Se trata de la última advertencia que lanza un organismo señalando los peligros de insistir en el procés. No obstante, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha declarado que la actividad podría crecer un 2,5% o más si se detiene la crisis política. El Gobierno afirma esto porque hasta ahora solo se han dado pequeños sustos puntuales en el comercio, el desempleo, las pernoctaciones hoteleras y las ventas de viviendas y automóviles, afectadas todas por la incertidumbre tras el referéndum ilegal del 1-O. Nada que no se pueda corregir en unos meses si se difumina el conflicto. Otra cosa distinta será comprobar si los traslados de empresas terminan restando inversiones y, por lo tanto, capacidad de crecimiento de la economía catalana a medio y largo plazo.

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Respecto a 2018 y 2019, el llamado club de los países ricos pronostica una moderación del crecimiento aunque permanecerá en niveles robustos: el 2,3% en 2018 y el 2,1% en 2019. «La demanda doméstica se suavizará, conforme se disipa el impulso proporcionado por los precios del petróleo y los impuestos más bajos», sostiene la OCDE. Aunque, por otro lado, añade que la creación de empleo sostendrá la demanda interna, y que las ganancias de competitividad seguirán favoreciendo las exportaciones incluso si la demanda externa se ralentiza. Además, la política monetaria continuará apoyando el crecimiento de España.

Y eso permitirá bajar la tasa de paro hasta el 15,4% en 2018 y el 14% en 2019. A finales de 2019 se colocará en el 13,5%, avanza el organismo. Sin embargo, esta tasa estará «muy por encima de la de la zona euro» y afecta mucho a jóvenes y desempleados de larga duración. De ahí que recomiende reformas. «Para mejorar el crecimiento de la productividad de España, se deberían priorizar reformas estructurales adicionales que fomenten la inversión y la innovación y mejoren las capacidades de la fuerza laboral», explica. Y pone un mayor énfasis en el habitual recetario para atajar el exceso de temporalidad en el empleo, una lacra sobre la que ya está intentando trabajar el Gobierno con los agentes sociales.

En concreto, pide «reducir la diferencia en los costes del despido entre contratos fijos y temporales para rebajar la dualidad del mercado de trabajo y mejorar la calidad del empleo». Es decir, si el coste de hacer a uno temporal no es muy distinto del de hacerlo fijo, entonces se fomentará más la contratación indefinida. También se insiste en mejorar las políticas activas de empleo para recolocar parados y en reforzar la formación profesional, lo que en su opinión «podría mejorar las perspectivas laborales de los menos cualificados reduciendo la desigualdad».

Por último, aunque la deuda de empresas y familias ha descendido en 55 puntos porcentuales de PIB, la OCDE advierte de que este proceso de desendeudamiento no ha terminado. Sobre todo en las empresas de la construcción y las familias con ingresos bajos. Pese a que reconoce que el sistema financiero español es ahora más fuerte, subraya que todavía se enfrenta a retos en el medio plazo debido a «la baja demanda de crédito y rentabilidad». «Incluso si la morosidad ha bajado mucho, permanece relativamente alta en unas pocas instituciones financieras», resalta. Por eso, anima a reforzar todavía más los balances de las entidades.

En cuanto al entorno global, la OCDE destaca la recuperación generalizada de los países. Sin embargo, hace mucho hincapié en que el crecimiento no es todavía lo robusto que debería ser y está amenazado por el exceso de deuda y los altos precios de los mercados financieros.

Fuente: El País