Centenares de taxistas se han concentrado este lunes en la calle Génova ante la sede nacional del PP, donde han coreado proclamas contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en su octavo día consecutivo de huelga. Este ha asegurado por su parte que sigue abierto a llegar a un acuerdo con el sector del taxi tras el fracaso en las negociaciones de la semana pasada, pero ha advertido de que no va a legislar para eliminar la competencia, ni va a seguir el modelo catalán, donde se ha pactado que los vehículos de transporte concertado (VTC) solo se puedan contratar con un tiempo mínimo de preaviso de 15 minutos, ampliable a una hora. «Solo admiten que se pueda contratar con una hora de antelación en ese lugar que se dirige hacia la Edad Media desde hace años», ha criticado. «Están prohibiendo construir hoteles, están con turismofobia, en Cataluña son independentistas y radicales», ha apuntado en declaraciones a la cadena Cope, recogidas por Europa Press.

MÁS INFORMACIÓN

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que el Gobierno de forma «cobarde» traspase un problema «de su competencia» a las comunidades autónomas y ha anunciado que esta semana presentará una iniciativa en el Congreso para que el taxi esté regulado a nivel estatal. Casado propone una liberalización del sector y la creación de un fondo para recomprar las licencias de los taxistas.

«Es insólito, tiene incendiado a todo España y resulta que el problema es del PP por decir que no tenemos por qué legislar lo que ya está legislado», ha dicho el dirigente popular. Casado apuesta por que los taxistas puedan operar sin restricciones que establezcan sus tiempos de descanso, el ámbito municipal en el que pueden operar o su integración en plataformas digitales, pero a la vez defiende que sigan manteniendo prebendas como la posibilidad de recoger a personas en la calle o sus plazas reservadas en centros como hospitales, aeropuertos, estaciones y recintos feriales.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció poco después que tiene previsto comparecer esta semana en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su actuación en el conflicto entre el taxi y los VTC. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, quien defendió que «como en toda Europa, la movilidad urbana es competencia de las administraciones locales y autonómicas».

Acusaciones

El Ayuntamiento de Madrid, que ha abandonado su papel de mediador en el conflicto, se ha limitado a decir a través de fuentes del área de Medioambiente y Movilidad que «la ley es una competencia de la Comunidad de Madrid» y a instar al Gobierno regional a «negociar de forma urgente». 

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha acusado a Garrido de la falta de acuerdo entre taxistas y VTC por no saber «gobernar la complejidad». En los pasillos del Congreso de los Diputados, subrayó que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, han asumido su responsabilidad aprobando un real decreto ley que fue convalidado por la mayoría absoluta del Parlamento. Precisó que la realidad del taxi y de los VTC «no es la misma» en Madrid, en Barcelona, Asturias o Valencia, y, en el caso concreto de la capital, comentó que quizá por ello el PP ha cambiado de candidato, ya que Garrido ha demostrado esa incapacidad y no ha logrado un acuerdo con taxistas y VTC.

El presidente del PP, por su parte, ha insistido en que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han actuado ante esta situación y ha instado a ayudar al sector del taxi «sin limitar la libertad del usuario«. En opinión de Casado, hay que llegar a un acuerdo que permita colaborar a ambos colectivos a través de una ley estatal para que el taxi no se vea menoscabado por el pago de las licencias. «Hemos propuesto que además de liberalizar el taxi, haya una bolsa, que se vaya pagando con impuestos al VTC, para que esas licencias se puedan recomprar», ha asegurado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. Considera que ese fondo sería mejor que la posibilidad de pagar, por parte del Estado, una posible indemnización si los VTC demandan a la Administración si ven en peligro su sector.

En cuanto a la situación en Madrid, Casado ha advertido de que no se puede «secuestrar a la ciudadanía» y paralizar una ciudad «llamando a la guerra» para defender a un sector. Pero también ha dicho que estas «peores imágenes» se corresponden «con una minoría» y no representan a la totalidad de los taxistas. También Garrido ha insistido en que no puede permitirse dejar un «pufo» de indemnizaciones de 2.000 millones de euros «que tengan que pagar los madrileños porque haya un chantaje por una parte pequeña del taxi».

Para la tarde de este lunes, los taxistas tienen convocada una nueva concentración en la Puerta del Sol, con el fin de trasladar sus quejas ante la sede del Gobierno regional.

Fuente: El País