La deuda del sistema eléctrico ascendía a cierre de 2019 a 16.602 millones de euros, tras haberse reducido en 2.249 millones de euros a lo largo del pasado año. Esta caída supone un descenso del 11,93% respecto a los 18.851 millones de euros de 2018.

Según el informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico español de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde 2000 y hasta el ejercicio de 2013, los ingresos del sistema eléctrico español fueron insuficientes para cubrir sus costes, generándose así una deuda que, a cierre del año pasado, alcanzó esa cifra de 16.602 millones de euros. Asimismo, la CNMC señala que déficit pendiente de 2005, que asciende a 291,4 millones, quedará definitivamente liquidado con la anualidad de 2020.

En la actualidad, existen cuatro categorías de derechos de cobro de la deuda del sistema eléctrico: el Déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante, los derechos de cobro del déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). El derecho de cobro asociado a FADE representa el 82,8% del importe total pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019, seguido del derecho de cobro del Déficit 2013, con un 13,5%.

Por tipología de tenedores de derechos de cobro del sistema eléctrico, el 82,8% de los derechos de cobro del sistema eléctrico a cierre de 2019 corresponde al FADE, el 10,4% está en manos de entidades financieras, el 4,9% corresponde a vehículos de titulización extranjeros y el 2% restante al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2020 es del 2,395%, 16,7 puntos básicos menos con respecto al coste medio ponderado de la deuda en 2019, con los datos disponibles a cierre de 2018. En términos absolutos, los intereses de la deuda estimados para 2020 ascienden a 397,7 millones de euros, casi 200 millones menos que los intereses abonados en 2018.

En 2014, el sistema registró por primera vez un superávit por importe de 550,3 millones, situación se ha repetido durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien cada año en menor cuantía. Así, el superávit agregado que se ha generado desde 2014 hasta 2018 es de 1.687,5 millones euros. De este importe total, se han utilizado 649,8 millones euros. De esta manera, actualmente, existe un saldo en la cuenta específica de depósito del superávit de 1.037,7 millones más los intereses generados.

De acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales determinaron que parte del superávit se destinara a devolver las cantidades financiadas por las sociedades o grupos de sociedades en concepto de bono social en ejecución de diversas sentencias anulatorias del Tribunal Supremo. Concretamente, los importes de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por un total de 518,5 millones de euros.

Igualmente, de acuerdo con la normativa, se han dedicado 120 millones de euros para ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables en territorios no peninsulares, mediante la transferencia de 60 millones al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con efectos del año 2017, y otros 60 millones de euros con efectos del año 2018.

También la Orden TEC/1303/2018, de 27 de noviembre, que ejecuta diversos pronunciamientos judiciales, determinó el pago con cargo al superávit de 11,3 millones por la denegación del abono del complemento de eficiencia a plantas de tratamiento de purines.

Fuente: El País