La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha examinado si los 800 millones que se gastan en becas universitarias ayudan a mejorar la igualdad de oportunidades. También ha revisado si los 300 millones que se destinan a becas predoctorales y postdoctorales contribuyen a mejorar la producción científica y la empleabilidad de los investigadores. Este nuevo informe de la Airef forma parte de una serie de siete que se conoce como Spending Review, un análisis de la eficiencia del gasto público en determinadas áreas que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó a instancias de Bruselas. 

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Respecto a las becas universitarias, recomienda que se adelante la convocatoria y se concedan antes. En la actualidad el periodo para solicitar la beca se cierra en octubre, cuando ya ha comenzado el curso y los estudiantes han empezado a incurrir en gastos. Sin embargo, el dinero se suele recibir entre enero y mayo. Y la Airef denuncia que esa situación de incertidumbre sobre si se conseguirá o no puede resultar clave a la hora de decidir si se cursan los estudios universitarios.

La Autoridad Fiscal considera que las ayudas para los estudiantes que viven fuera de su domicilio son insuficientes, y pide que se aumente la cuantía de las becas de residencia desde los 1.500 euros a unos 2.700 euros, con un coste total de 98 millones de euros. Ahora mismo la beca no cubre un 20% de los gastos para el que vive fuera del hogar familiar, dice el organismo encargado de velar por las cuentas públicas. De hecho, un 22% de los beneficiarios no cambió de residencia porque no se lo pudo permitir económicamente.

Además, la institución que preside José Luis Escrivá cree que las becas se conceden en función de un número muy reducido de umbrales de renta. Al considerarse unos tramos de ingresos muy amplios, eso hace que haya grandes escalones y que baste un solo euro de renta para saltar de un grupo a otro, recibiendo hasta 1.500 euros más o menos. De ahí que la Airef abogue por mejorar y aumentar los umbrales, de modo que las ayudas que se reciban sean más lineales de acuerdo con la renta. El organismo también cree que se deben revisar los requisitos económicos y de patrimonio. Por ejemplo, una facturación elevada del negocio familiar puede hacer que un estudiante quede excluido de la beca a pesar de que el negocio tenga pérdidas. O también se puede quedar fuera porque la familia posea una vivienda rústica.

Según las encuestas de la Airef, un tercio de los universitarios becados declara que no podría estudiar sin la beca. Y un 70% dice que si no la tuviesen se verían forzados a buscar un trabajo o pedir ayuda a un familiar para seguir con los estudios. No obstante, el estudio de la Airef admite que solo influyen modestamente en la mejora del rendimiento académico. Del millón y medio de universitarios, al año las solicitan 445.000 y las obtienen unos 300.000. Es decir, las piden el 30% del total de universitarios y las reciben el 22%.

Ayudas a la investigación

En cuanto a las becas predoctorales y doctorales, la Airef critica que el sistema está poco integrado con el sector privado. En general, España tiene un porcentaje bajo de investigadores. Pero la situación es todavía peor cuando se examina cuántos trabajan para empresas: solo un 17% de los doctorados lo hace, frente al 65% que hay en Alemania y el 49% de media de la UE, subraya la Airef. Y únicamente un 3% de las ayudas predoctorales están vinculadas al sector empresarial. Aunque las cifras de publicaciones y citas son aceptables, existe una escasa aplicación de los conocimientos, esto es: una producción muy baja de patentes, observa el informe. Apenas 18 por millón de habitantes frente a las 72 que se registran de media en la UE.

La Autoridad Fiscal analiza las ayudas para doctorandos y los contratos postdoctorales Ramón y Cajal. Las primeras ascienden a 98 millones y se conceden unas 1.100 al año. Los segundos son unos 175 con un presupuesto de unos 54 millones anuales. Las de formación de doctorados ayudan a terminar el doctorado. Sin embargo, presentan «un impacto muy limitado sobre la producción científica» y, «a corto plazo, parecen conducir a peores resultados laborales», en parte porque, al comparar las trayectorias con las de aquellos que no las han conseguido, al final este último grupo se incorpora al sector privado y mejora más su empleabilidad.

En cambio, las becas Ramón y Cajal a investigadores sí que presentan un impacto positivo sobre la producción científica, contribuyen a retener el talento, y arrojan un efecto muy importante a la hora de que los beneficiarios encuentren un empleo y mejoren el salario. A juicio de la Airef, la diferencia clave entre unas y otras consiste en que las Ramón y Cajal se otorgan basándose en la excelencia, mientras que las de doctorando se conceden con criterios más subjetivos que deberían modificarse.

La Autoridad Fiscal concluye que las becas de investigación cubren un porcentaje muy reducido de la población potencial. Tan solo dan para un 20% de los potenciales doctorandos, un 5% de los doctores y un 6% de los investigadores consolidados. Es decir, la cobertura es muy baja y la Airef reclama que se mejore. También defiende que se aumenten las cantidades para que sean más competitivas en relación con las ayudas de otros países, las becas autonómicas y las retribuciones del sector privado.

Fuente: El País