La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa por estafa en la emisión de participaciones preferentes de las antiguas Caja Madrid y Bancaja –ahora integradas en Bankia–, una pieza separada que había abierto el magistrado Fernando Andreu dentro del caso Bankia. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera que no se ha acreditado que las preferentes se emitieran con el objetivo de engañar a los inversores.
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«No existen elementos en el informe pericial que permitan afirmar el deterioro de la entidad», asegura el auto. «Muestra de ello es que la emisión fue parcialmente canjeada a los preferentistas», añade. El tribunal confirma así la decisión de Andreu, que en mayo pasado optó por archivar la pieza separada, por inexistencia de delito, pese a que reconoció «graves deficiencias» en la comercialización del producto.
Tal y como ya señaló el juez Andreu en mayo, el tribunal cree que «no se ha acreditado, siquiera indiciariamente» que los emisores de las preferentes supieran en el momento de comercializar el producto que la entidad llegaría a «una situación de insolvencia que despojaría de su inversión a miles de inversores».
Al no existir ese intento de engañar a los compradores, la decisión de la Audiencia Nacional cierra la vía penal para los afectados, que solo pueden acudir ya a la jurisdicción civil, donde muchos inversores han conseguido sentencias favorables.
Inicialmente las pesquisas del juez Andreu se encaminaron a investigar dos emisiones de Bancaja en 1999 y 2000 por 600 millones de euros y otras dos de Caja Madrid de 2004 y 2009 por un total de 1.140 y 3.000 millones de euros respectivamente.
En febrero de 2017 un juzgado de lo Mercantil de Madrid declaró nulas algunas de las condiciones generales de los contratos que firmaron los afectados de las preferentes de Caja Madrid pero rechazó su pretensión de recuperar lo invertido. Los afectados se habían juntado para presentar una macrodemanda, una acción colectiva, dirigida por la asociación Adicae. La sentencia dejó abierta la posibilidad de que los 3.057 inversores recuperaran su inversión con reclamaciones individuales.
«El juez consideró que hubo irregularidades en la comercialización de preferentes, consecuencia de la difusión de información incompleta y de prácticas inadecuada», asegura un portavoz de Adicae. Al declarar nulas, por abusivas, algunas cláusulas «ordenó a Bankia a eliminarlas de los contratos y a cesar en su utilización», añade.
Fuente: El País