La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este miércoles que su departamento ha empezado a dar «pasos» para solventar el colapso de los juzgados especializados en cláusulas abusivas impuestos por los bancos. Hay varias medidas preparadas, pero la más importante sería reformar la normativa para permitir que se impongan intereses sancionadores (costas más elevadas de lo habitual) a aquellos bancos que insistan en seguir litigando casos muy claros con el único fin de alargar los procesos, retrasar la entrega de compensaciones a los clientes e incluso desincentivar que reclamen sus derechos. Se trata de una situación que al parecer ocurre con frecuencia, por ejemplo, en procedimientos relacionados con las cláusulas suelo.
Según explican fuentes del ministerio, el sistema, que aún se está analizando, pasaría por reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que el juez pueda imponer intereses sancionadores cuando considere probado que la entidad acude con mero ánimo de dilatar el proceso, porque, por ejemplo, se trata de una demanda igual a otras previas que ya ha perdido reiteradamente. El objetivo es desincentivar estos comportamientos (porque tendrán costes más elevados si se pierde el litigio) y fomentar los acuerdos extrajudiciales.
Por otro lado, el departamento de Delgado estudia reformar el decreto ley 1/2017 de medidas urgentes para la protección de los consumidores que sacó adelante Mariano Rajoy. Este era el sistema que impulsaba acuerdos extrajudiciales entre clientes y bancos en el caso de las cláusulas suelo después de que el Tribunal de Justicia de la UE fallara que eran abusivas. La idea sería ahora que, además de las cláusulas suelo, esa vía extrajudicial incluyera otras cláusulas ya probadamente abusivas.
Juzgados colapsados en algunas provincias
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Por otra parte, Justicia también quiere aliviar el problema del colapso en los juzgados especiales con medidas para mejorar su funcionamiento.
Durante la comparecencia ante el pleno del Congreso este miércoles por la mañana, Delgado no ha ofrecido muchos detalles pero sí ha destacado la importancia de esta «medida preventiva» para disuadir a las entidades que incurran en maniobras dilatorias. También ha reprochado al Ejecutivo de Rajoy por impulsar una decisión, la de habilitar sedes uniprovinciales especializadas en litigios hipotecarios, «que no fue debidamente evaluada» y ha desencadenado una «avalancha» de demandas.
«Se dio café para todo el mundo sin estudiar las diferencias entre los territorios», ha lamentado la ministra, que ha apuntado que se reforzará la dotación judicial incorporando 150 magistrados y 120 letrados de la Administración. Una estrategia «paliativa» para reducir la demora en litigios hipotecarios, como los relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, multidivisas y gastos de formalización.
La diputada de ERC Carolina Telechea ha afeado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por estar «más preocupado en los lazos amarillos» que en el fracaso de dicho sistema. En este sentido, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una proposición de ley para «judicializar menos y establecer medidas alternativas que ayuden a los ciudadanos».
Medidas específicas para las zonas más afectadas
Estas sedes comenzaron a funcionar en junio de 2017, cuando entró en vigor el plan de urgencia del CGPJ ante el previsible aumento de demandas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligara a la banca a devolver, con carácter retroactivo, todas las cantidades que había cobrado por las cláusulas suelo abusivas. Sindicatos, abogados, plataformas de consumidores y partidos políticos han manifestado su desacuerdo ante ese método que, entienden, ha saturado los juzgados de primera instancia.
Precisamente el pasado miércoles el CGPJ, Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas (País Vasco, Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja) coincidían en la necesidad de mantenerlos a pesar de sus deficiencias. Para paliarlas, el CGPJ se ha comprometido a elaborar un estudio exhaustivo en aquellas zonas que presentan una menor tasa de resolución para adoptar medidas específicas.
Seguirán reforzándose las secciones de las audiencias provinciales que ven este tipo de asuntos en segunda instancia, como ya se ha hecho en Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Jaén, Cádiz, Granada, Zaragoza, Barcelona y Badajoz
La banca paga el 44% de las demandas extrajudiciales
ÍÑIGO DE BARRÓN
Según el último informe oficial, que recoge los datos a 31 de marzo de 2018, la banca recibió 1,13 millones de solicitudes de resolución extrajudicial de sus clientes para recuperar las cláusulas suelo. De ellas, admitió la reclamación de 502.564 clientes, el 44% de los casos. El importe total de las devoluciones fue de 2.226 millones, con una media de 4.430 euros.
En 31.156 casos admitidos, se está pendiente de la respuesta del cliente. Solo se ha pagado en efectivo a 406.940 personas, el 35,8% del total que presentaron la demanda. Con los 56.000 restantes, los bancos han utilizado “otras medidas compensatorias”, según la nota oficial del Ministerio de Economía.
En 222.898 casos, el 30% de las admitidas a trámite, “las entidades han desestimado la reclamación de su cliente al entender que la cláusula suelo se ajusta a los criterios de transparencia”. Buena parte de estos más de 200.000 casos acabarán en los ya congestionados juzgados de cláusulas suelo.
Fuente: El País