La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este miércoles que han empezado a dar «pasos» para tratar de solventar el colapso de los juzgados especializados en cláusulas abusivas impuestos por los bancos. Hay varias medidas preparadas, pero la más importante sería la de reformar la normativa para permitir que se impongan intereses sancionadores (costas más elevadas de lo habitual) a aquellos bancos que insistan en acudir a la vía judicial con el único fin de alargar los procesos, retrasar la entrega de compensaciones a los clientes e incluso desincentivar que sigan peleando. Esta situación se produce con la cláusulas suelo, entre otros. 

Según explican fuentes del Ministerio, todavía se trata de un sistema que se está analizando. Pero el plan constaría de tres partes. Una pasaría por reformar dos leyes, la Ley de Enjuiciamiento Civil, para permitir al juez que imponga intereses sancionadores cuando considere probado que la entidad acude con mero ánimo de dilatar el proceso, porque, por ejemplo, se trata de una demanda igual a otras previas exactamente iguales en las que ya ha perdido reiteradamente. El objetivo es desincentivar estos comportamientos con costes más elevados si pierde.

Por otro lado, el Ministerio estudia reformar el decreto ley 1/2017 que sacó adelante Mariano Rajoy. Este era el sistema que impulsaba la vía extrajudicial en el caso de las cláusulas suelo una vez el Tribunal de Justicia de la UE falló que eran abusivas, con acuerdos entre clientes y bancos. La idea sería añadir que, además de las cláusulas suelo, incluyera otras cláusulas también abusivas ya probadas.

Por otra parte, el Ministerio también quiere aliviar el problema del colapso en los juzgados especiales, estudiando cómo mejorar su funcionamiento según sus casos concretos (si son comunidades con más o menos demandas, por ejemplo), y revisando su dotación en aquellas comunidades donde son de su competencia, si es necesario.

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Durante la comparecencia ante el Pleno del Congreso este miércoles por la mañana, Delgado no ha ofrecido muchos detalles, pero sí ha mostrado su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales, ha destacado la importancia de esta «medida preventiva», en la que ya se está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.

También ha reprochado al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy por impulsar una decisión, la de habilitar sedes uniprovinciales especializadas en litigios hipotecarios, «que no fue debidamente evaluada» y que ha desencadenado una «avalancha» de demandas.

«Se dio café para todo el mundo sin estudiar las diferencias entre los territorios», ha lamentado la ministra, que ha apuntado la puesta en marcha de refuerzos de jueces con la incorporación de 150 magistrados, como de los 120 nuevos letrados de la Administración.

Una estrategia de carácter «paliativo» con el que se persigue, ha dicho, reducir los tiempos de respuesta en expedientes relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, hipotecas multidivisas y gastos de formalización de una hipoteca.

Juzgados especiales atascados

La diputada de ERC, Carolina Telechea, ha afeado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por estar «más preocupado en los lazos amarillos» que en el fracaso de dicho sistema. En este sentido, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una proposición de ley para «judicializar menos y establecer medidas alternativas que ayuden a los ciudadanos».

Estas sedes comenzaron a funcionar en junio de 2017, cuando entró en vigor el plan de urgencia aprobado por el CGPJ ante el previsible aumento de demandas después de que meses antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera la retroactividad para que los afectados por las cláusulas suelo abusivas recuperaran lo abonado de más desde el inicio de la contratación.

Desde entonces, tanto sindicatos como abogados, plataformas de consumidores y partidos políticos han manifestado su desacuerdo ante un método que, entienden, ha conseguido saturar las cargas de trabajo de los juzgados de primera instancia.

Precisamente el pasado miércoles, el CGPJ, Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas (País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canaria, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja) coincidían en la necesidad de mantenerlos a pesar de sus deficiencias. Para paliarlas, el CGPJ se ha comprometido a elaborar un estudio exhaustivo en aquellas zonas que presentan una menor tasa de resolución, con el fin de adoptar medidas específicas y buscar soluciones para cada caso.

Seguirán reforzándose las secciones de las Audiencias Provinciales que ven este tipo de asuntos en segunda instancia, como ya se ha hecho en Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Jaén, Cádiz, Granada, Zaragoza, Barcelona y Badajoz

Fuente: El País