Facebook, Google, Instagram, Apple… La lista de empresas que tienen acceso a muchos de nuestros datos personales no para de crecer. La invasión a la privacidad de los usuarios de internet es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la era digital, una preocupación que va ganando terreno y tiene en el Reglamento General de Protección de Datos europeo su exponente más reciente.

Pero las multinacionales tecnológicas no son el único actor implicado en la batalla por poseer el control de nuestros datos. El Gobierno, en algunos casos, puede representar en sí mismo una amenaza importante. El pasado viernes, el Gobierno de Japón aprobó una enmienda a una ley aprobada en noviembre que le permitirá acceder a los dispositivos conectados a internet de oficinas y domicilios particulares para encontrar sus vulnerabilidades. La iniciativa surge con el objetivo de mejorar la seguridad informática en el país con motivo de la celebración de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020

El Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones nipón (NICT, por sus siglas en inglés) será el organismo encargado de llevar a cabo un programa que entrará en funcionamiento el próximo mes y podría tener hasta cinco años de duración. Mediante el uso de una base de datos con contraseñas predeterminadas consideradas inseguras, los integrantes de este proyecto tratarán de acceder a cerca de 200 millones de dispositivos, comenzando por enrutadores y cámaras web.

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Cuando sea capaz de sortear la seguridad de un aparato, el organismo se pondrá en contacto con su propietario para recomendarle cambiar su contraseña por una más segura o tomar las medidas oportunas para evitar un ataque.

Uno de los principales motivos que esgrime el NICT para promulgar esta iniciativa es la falta de seguridad que incorporan los dispositivos de internet de las cosas. Según datos del organismo, más de la mitad de los ataques cibernéticos a este tipo de aparatos electrónicos (concretamente, el 54%) alcanzaron su objetivo.

Dejando a un lado la controversia que envuelve esta medida, la preocupación por la ciberseguridad ha sido una constante en eventos deportivos similares. Por citar un ejemplo reciente, el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de EE UU sugirió a los asistentes al Mundial de fútbol de 2018, en Rusia, que extremaran las medidas de seguridad de sus dispositivos móviles para evitar ataques informáticos. Está claro que nadie está a salvo de los hackers, especialmente en un evento multitudinario. La pregunta ante el plan de acción que plantea el Gobierno de Japón es si garantizar la seguridad justifica su intromisión; si el fin justifica los medios.

El NICT puede alertar a los ciudadanos de la falta de seguridad de sus dispositivos, pero su papel termina en este punto. Tener o no en cuenta estas consideraciones queda en manos de cada usuario. El efectismo de esta intromisión puede resultar más efectivo que una campaña publicitaria al uso, pero esto no lo convierte en la mejor opción.

El organismo ha reiterado que mantendrá en secreto la información que recoja y se asegurará de que no se filtre ningún dato.

El organismo ha reiterado que mantendrá en secreto cualquier información derivada del estudio —una base de datos con los aparatos electrónicos más vulnerables del país sería un caramelo demasiado apetecible para cualquier hacker— y que se asegurará de que no se filtre ningún dato.

Pero existe la posibilidad, por remota que sea, y eso es suficiente para pensarlo dos veces. El profesor Harumichi Yuasa, del Instituto de Seguridad de la Información, alertó en el canal de radio pública nipón NHK de que puede suceder que los investigadores accedan de forma involuntaria a imágenes de cámaras web o a todo tipo de datos almacenados en los dispositivos intervenidos, lo que violaría el derecho a la privacidad de sus propietarios si fueran revelados.

Fuente: El País