El Consejo de Administración de Iberdrola ordenó el año pasado una investigación a la Comisión de Auditoría sobre los contratos con el comisario José Manuel Villarejo que concluyó en que los pagos estaban justificados y no encontró irregularidades. Según la empresa, las retribuciones a la empresa Zenit, propiedad del comisario, estaban de acuerdo a los estandares de la entidad.
La investigación se desencadenó a raíz de que el comisario jubilado entrara en la cárcel por liderar supuestamente una organización criminal que se dedicaba al espionaje, en lo que se llamó caso Tándem y que ahora ya cuenta con 18 piezas separadas. Villarejo tuvo contratos con Iberdrola entre 2004 y 2017, año en que el juez Manuel García-Castellón le envió a prisión. Precisamente, el juez acaba de ampliar dos años más la prisión provisional por el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
Según informó ayer El Confidencial, la eléctrica encargó en 2004 al comisario que maniobrara entre los grupos políticos y vecinales de Arcos de la Frontera (Cádiz) para lograr los permisos para construir una central de ciclo combinado ante las dificultades que había encontrado desde el año 2000 por parte del Gobierno local y regional, así como de grupos ecologistas. Según el medio digital, los contactos los realizó el responsable de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo. Villarejo, que denominó con el nombre de Proyecto Arrow la operación, rastreó a los miembros de la corporación, regida por el PSOE con el apoyo de IU. Finalmente, la planta, valorada en 1.000 millones de euros, se construyó.
Fuentes de la empresa han declinado hacer comentarios sobre este asunto.
Fuente: El País