Huawei pasa a la acción judicial en la guerra que le enfrenta contra EE UU. La multinacional china, acusada por el Gobierno de Donald Trump de favorecer a través de sus equipos el ciberespionaje del Gobierno de Pekín, ha presentado hoy una demanda ante un tribunal federal de EE UU por haber prohibido sus productos. Huawei impugna la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de 2019, alegando su «inconstitucionalidad».

La demanda ha sido presentada en un Tribunal de Distrito de EE UU en Plano, Texas. Según la reclamación, la sección 889 de la NDAA de 2019 no solo prohíbe a todas las agencias gubernamentales de EE UU comprar equipos y servicios de Huawei, sino que también les impide contratar u otorgar subvenciones o préstamos a aquellos que adquieran equipos o servicios de Huawei, sin ningún proceso ejecutivo o judicial. Algo, que según Huawei, «infringe las cláusulas relativas al escrito de proscripción y confiscación y al debido proceso», y «viola los principios de separación de poderes consagrados en la Constitución de EE UU, porque el Congreso, al tiempo de legislar, trata de juzgar y ejecutar la ley».

El gigante asiático busca con este movimiento un fallo declarativo que establezca que las restricciones que le han sido impuestas en EE UU son inconstitucionales y una medida cautelar permanente contra estas restricciones. El presidente rotatorio de la compañía, Guo Ping, ha asegurado en rueda de prensa que esta prohibición «no solo es ilegal, sino que también impide a Huawei participar en una competencia justa, perjudicando en última instancia a los consumidores estadounidenses. Esperamos el veredicto del Tribunal y confiamos en que sea beneficioso tanto para Huawei como para el pueblo estadounidense”, ha remarcado. 

La demanda se produce tras la detención el pasado diciembre de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá a petición de EE UU tras ser acusada de hacer negocios con Irán, saltándose el embargo comercial impuesto por Washington. Algo que la directiva (que está pendiente de su posible extradición a EE UU) y Huawei han negado rotundamente. El boicot a la compañía, iniciado por el Gobierno estadounidense, se ha extendido a otros países como Japón o Australia, después de la diplomacia estadounidense esté presionando a países aliados.

En este contexto, Song Liuping, jefe de asuntos jurídicos de Huawei, ha subrayado hoy que «la sección 889 se basa en numerosas proposiciones falsas, no probadas y no verificadas. En contraposición a las premisas del estatuto, Huawei no es propiedad del gobierno chino ni se encuentra bajo su control o influencia. Además, Huawei tiene un excelente historial y sólidos mecanismos de seguridad. Hasta la fecha, EE UU no ha dado a conocer ninguna prueba contra Huawei en esta materia».

La compañía, que ha sido acusada de contar con puertas traseras para que el Gobierno chino pueda acceder a cualquier dispositivo y espiarlo y controlarlo, ha insistido en que es la compañía «más abierta, transparente y escrutada en el mundo». «Huawei tiene integrados mecanismos de seguridad en el desarrollo y despliegue de sus productos, lo cual ha asentado un referente con estándares de elevado nivel que pocas empresas pueden igualar».

Desde la perspectiva de Huawei, las medidas restrictivas de la NDAA impiden que la empresa proporcione tecnologías 5G «más avanzadas» a los consumidores estadounidenses, lo que retrasará el despliegue comercial de 5G. Además, han advertido que los usuarios en las regiones rurales y remotas del país «se verán obligados a elegir entre la financiación gubernamental y los productos de alta calidad y precios asequibles, lo cual dificultará la actualización de la red y ampliará la brecha digital».

Huawei remarca que las restricciones impuestas a la compañía «ahogarán la competencia, haciendo que los consumidores estadounidenses paguen precios más elevados por productos de menor calidad». «De permitirnos competir en el mercado, se reducirían entre un 15% y 40% los costes de la infraestructura de telefonía móvil, ahorrando por lo menos 20.000 millones de dólares a los operadores de EE UU durante cuatro años», ha indicado la compañía, que cita previsiones de algunas fuentes de la industria sin especificar.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, su portavoz Lu Kang ha señalado este jueves que es «totalmente legítimo y comprensible» que Huawei «intente defender sus propios intereses», al tiempo que aseguró no tener constancia de posibles acciones legales al respecto por parte del Gobierno chino, informó Efe. 

La demanda marca la última confrontación entre China y EE UU, que en 2018 vivieron una dura guerra comercial, que se saldó con la aplicación de aranceles a la importación en múltiples bienes de cada país.

Fuente: Cinco Días