La legislación vigente contempla que a partir del 1 de enero de 2018 se endurezcan las condiciones para que los autónomos tributen por módulos. Está previsto que el límite de facturación a partir del cual se veta la tributación en módulos baje el próximo año de los 250.000 a los 150.000 euros y, en el caso de facturación a otras empresas, de 125.000 euros a 75.000 euros. Sin embargo, fuentes de la Administración confirmaron a Cinco Días que la voluntad de Hacienda es mantener el régimen transitorio y salvaguardar al menos un ejercicio más los límites incrementados.

La prórroga supondrá que un número mayor de trabajadores por cuenta propia seguirá tributando por módulos, lo que implica asumir menos obligaciones formales que el método de estimación directa. Autónomos y organizaciones como ATA habían reclamado esta medida.

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La idea inicial del departamento de Cristóbal Montoro era establecer la prórroga de los límites incrementados de los módulos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, sin embargo, el Ejecutivo no tiene actualmente los suficientes apoyos. Las cuentas, en caso de salir adelante, se aprobarán una vez iniciado el ejercicio. Demasiado tarde para los autónomos afectados por la rebaja de los umbrales. Hacienda está buscando la fórmula para hacer efectiva la prórroga a partir de enero de 2018 y ello podría a articularse a través de la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley en diciembre.

Por otra parte, este mes debe publicarse la orden ministerial de módulos que regula este régimen tributario y que saldrá a la luz antes de que se haya aprobado oficialmente mantener los umbrales de exclusión.

La reforma fiscal que aprobó el Gobierno en 2015 contemplaba limitar el acceso a la tributación por módulos como una medida contra el fraude fiscal. Entre otras decisiones, se excluyó del sistema de módulos a las actividades en las que se aplica un tipo de retención del 1%. Ello afectó, por ejemplo, a albañilería, fontanería, instaladores, carpintería, cerrajería o pintura. El umbral de exclusión, es decir, el límite de ingresos a partir del cual no se pueda tributar por módulos, se redujo inicialmente de 450.000 a 150.000 euros.

Sin embargo, el Gobierno suavizó la medida y estableció un régimen transitorio en el que el umbral se situó en 2016 y 2017 en 250.000 euros. Sólo bajaría a 150.000 euros a partir de 2018. Ahora, el régimen transitorio se amplía como mínimo una ejercicio más. También se mantendría en 125.000 euros el límite de exclusión para los autónomos que facturan a otros empresarios o profesionales y que estaba previsto que se redujera a 75.000 euros el próximo año.

Actualmente, pueden tributar por módulos restaurantes, peluquerías, comercios al por menor, imprentas, transportes, enseñanza o servicios de mudanzas. Los módulos son un formato de tributación que genera menos cargas administrativas para los autónomos en el IRPF y el IVA. Estos contribuyentes no declaran en función de sus beneficios sino a partir de variables objetivas como los metros cuadrados de su negocio, el número de empleados o el consumo de electricidad. Por ejemplo, para un bar, se tiene en cuenta el número de mesas o la longitud de la barra. A partir de estas variables se determina la cuota a pagar.

En cambio, en el método de estimación directa, la cuota a pagar en el IRPF se fija en función de los ingresos y gastos reales. La estimación directa conlleva más papeleo y cargas administrativas, pero permite deducirse los gastos inherentes al negocio.

Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que en España tributan por IRPF unos tres millones de autónomos. De éstos, más de 1,6 millones están dentro del sistema de estimación directa y declaran un rendimiento neto medio 11.704 euros anuales, según las cifras del ejercicio 2015. Los autónomos que declaran por estimación objetiva (módulos) suman, excluyendo las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 457.354 contribuyentes y declararan un rendimiento neto de 10.416 euros.

Los inspectores de Hacienda fueron uno de los colectivos que con más insistencia reclamaron endurecer la tributación por módulos al entender que es una fuente de fraude y de facturas falsas. El engaño clásico que denunciaban era el de un empresario que tributaba por estimación directa o por el impuesto sobre sociedades que emitía facturas falsas para un autónomo en módulos. Gracias a esta práctica, el empresario reducía su factura fiscal sin afectar al autónomo, ya que al estar en módulos paga los mismo con independencia de su facturación.

Fuente: El País