Los consejeros regionales han llegado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en pie de guerra. Los representantes de las comunidades autónomas han expresado sus reivindicaciones antes del inicio de la cita, que ha arrancado a las 16.30 en Madrid. Piden que el Gobierno central les devuelva los 2.500 millones de IVA que les debe por una mensualidad de 2017 que se quedó en el aire al cambiar el sistema de liquidación. Hacienda, por su parte, les ha trasladado que ese dinero, ahora, no se les puede devolver. Y a cambio ha propuesto relajar en dos décimas los objetivos de déficit para este año, como adelantó EL PAÍS, y otras medidas para evitar tensiones en las tesorerías regionales.

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Pero las comunidades han dejado claro que no quieren más endeudamiento y muchas de ellas no descartan llegar a los tribunales. Ni las gobernadas por la oposición ni las afines al Gobierno socialista. Por lo menos esta era la tónica general de los consejeros regionales antes de entrar a la reunión con la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

«No me gusta vincular la senda del déficit con el dinero del IVA», ha zanjado Juan Alfonso Ruiz, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, antes de reunirse con la ministra y sus homólogos regionales. Y ha vuelto a amenazar con ir por la vía judicial si el Ejecutivo central no ofrece una solución. «La semana pasada ya se dio autorización para que se iniciaran los trámites», ha dicho.

«Queremos que nos paguen el IVA», ha remarcado el consejero de Hacienda de Castilla y León (PP) Carlos Javier Fernández. «No queremos más endeudamiento, sino fondos para financiar los servicios públicos». Y, como otros consejeros, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya prometido más margen a Cataluña en la reunión que mantuvo este jueves con Quim Torra. «[Ha sido] una negociación privilegiada con una única comunidad cuyo consejero ni siquiera va a venir», ha lamentado Fernández.

Hacienda ha decidido relajar el objetivo del déficit para 2020 del 0% previsto por la senda anterior diseñada por el PP y aún en vigor —a falta de unos nuevos Presupuestos— al 0,2% para 2020. Estas dos décimas se corresponden a unos 2.500 millones de euros, una cifra parecida al dinero que el Estado debe a las autonomías por la mensualidad del IVA de 2017 que no les ingresó. Montero también ha trasladado que no tendrá en cuenta parte del déficit imputable al IVA. En otras palabras, asegura que se descontará este importe para analizar si las regiones han cumplido con las reglas presupuestarias. El riesgo es que las regiones incumplidoras acaben teniendo que presentar un plan económico y financiero y puedan verse forzadas a adherirse a los mecanismos extraordinarios de liquidez fijados para financiarse.

Montero, que en más de una ocasión ha insistido en que ya no hay margen para devolver el IVA a las comunidades por haberse pasado el plazo legal de los dos años –y ha recordado que sí lo preveían los Presupuestos que habían diseñado para 2019 y que fueron tumbados en las Cortes–, ha avanzado que los datos provisionales a disposición del ministerio apuntan a que en 2019 el déficit autonómico cerró en el 0,5% del PIB, frente al 0,1% previsto por la senda de estabilidad en vigor. Pero, descontado el efecto IVA, ha aclarado que este porcentaje se quedaría en un 0,3%, por lo cual el esfuerzo para alcanzar el objetivo del 0,2% de 2020 será de una décima.

Fuentes de la Consejería de Hacienda de Extremadura (PSOE) aseguran que el gobierno regional también pedirá que durante la reunión del CPFF se establezca un objetivo de déficit diferenciado para las regiones. E insisten en que la rebaja en el objetivo de déficit no compensa la merma provocada por la mensualidad de IVA no recibida.

«No queremos generar déficit», ha dicho Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía (PP-C’s), antes de entrar al cónclave. «Ese dinero les corresponde a los andaluces que han pagado el IVA». Andalucía es una de las comunidades con la factura pendiente más abultada por la falta de devolución de este tributo: 537 millones de euros. Pero esta no es la única razón de tensión entre la Junta y el Gobierno central: a finales del año pasado el Ministerio de Hacienda le comunicó que, por incumplir con las reglas presupuestarías, tendrá que volver a financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) si quiere seguir beneficiándose de la línea de créditos baratos que concede el Tesoro, lo que supone presentar un plan de ajustes y que Madrid tenga un control más férreo sobre sus cuentas.

También las palabras del consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia (PP-C’s), Javier Celdrán, han sido duras. Antes de entrar a la reunión, ha asegurado que la falta del dinero que les corresponde por el IVA «genera tensiones en la tesorería» que les penalizan, y que la intervención de los pagos a sus proveedores que ha establecido Hacienda hace unas semanas por abonar las facturas con retraso es efecto de esta situación, que ha tildado de «vendetta política».

Fuente: El País