El Gobierno ha defendido hoy que el pacto presupuestario firmado esta mañana por el presidente Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es un «punto de inflexión» en la política económica del país, una «declaración de intenciones» que promueve la restitución de los derechos recortados durante la crisis, la protección de los colectivos más vulnerables y un nuevo modelo fiscal más justo.

Isabel Celáa,ministra portavoz, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, han explicado las líneas maestras del acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez e Unidos Podemos tras la reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo no ha detallado la senda de déficit que implican estas cuentas, algo que hará el lunes después de que otro Consejo de Ministros extraordinario apruebe la propuesta presupuestaria para enviar a Bruselas.

Montero, sin embargo, sí que ha ofrecido algunos detalles adicionales clave sobre el alcance de las cuentas que acaba de pactar con Podemos. En primer lugar, la ministra ha detallado que el nuevo paquete de impuestos pactado supondrá, por sí solo, un incremento de la recaudación pública de 5.678 millones de euros el próximo ejercicio.

Una cuantía que debe compensar de sobra los más de 5.000 millones de euros de nuevo gasto comprometidos en el acuerdo de los que, ha matizado Montero, solo 2.082 millones de euros corresponden a la administración central del Estado. Esta cifra no incluye, por ejemplo, los más de 1.000 millones de euros de gasto en pensiones o las partidas que depende de las Comunidades Autónomas.

Semejante incremento de ingresos, ha defendido la titular de Hacienda, da muestra del «compromiso con la estabilidad» que tiene el Gobierno, que deberá combinar su nueva agenda social con la rebaja de déficit público que le solicita Bruselas.

Más allá, Montero ha avanzado que tras el acuerdo con Podemos iniciará una ronda e contactos con el resto de grupos parlamentarios a fin de sumar sus apoyos y hacer realidad las medidas que incluye. Ninguna de estas iniciativas, ha admitido, en todo caso, son irrenunciables a la hora de abordar esa negociación, como también deja espacio a incluir algunas nuevas para convencer a PNV, PDeCat y ERC, cuyos votos requiere ante la férrea oposición de PP y Ciudadanos.

En el caso de los independentistas catalanes, las representantes del Gobierno han querido dejar claro que la negociación que se aborde con ellos se ceñirá solo a los Presupuestos, dejando fuera a los políticos presos u otras cuestiones relacionadas con el procés. Para Montero, el interés de los catalanes en que salgan adelante las cuentas públicas es clave, ya que incluyen 2.200 millones de euros para la comunidad autónoma.

Fuente: El País