La denuncia ha sido registrada por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya. El responsable con un perfil más político del equipo de Montoro argumenta que a raíz de las noticias publicadas por distintos medios «existen fundados argumentos que permiten apreciar indiciariamente que en todo o en parte los gastos derivados del viaje en avión, transporte en la ciudad de Bruselas, manutención y alquiler de local para la celebración de la reunión en apoyo a los ex miembros del Gobierno de Cataluña en Bruselas no han sido sufragados por medios privados sino que en todo o en parte han podido emplearse fondos de carácter público».

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El ministro ya advirtió la semana pasada de que los gastos del viaje y el acto para respaldar a Puigdemont no pueden estar financiados con el erario público porque no se trataba de un acto institucional en representación del municipio. Por eso, apostilló: «Quiero entender que han ido a título privado, evidentemente, y que no estarán utilizando recursos públicos en una acción de este tipo», dijo Montoro.

En el escrito, de cinco folios, el secretario de Estado, subraya: «De ser así, el empleo de estos fondos para una finalidad distinta de la prevista legalmente podría suponer la existencia de una eventual responsabilidad contable que es precisamente el objeto de esta denuncia».

Cálculo de los daños

En ese sentido, Hacienda reclama a la fiscalía del Tribunal de Cuentas que identifique a «los presuntos responsables que hayan participado en la gestión del gasto o de fondos públicos» que hayan sido destinados para esta actividad. Y le solicita que calcule el daño que este viaje ha podido causar a las arcas públicas municipales. Fernández Moya también solicita a la fiscalía que adopte varias diligencias. Entre ellas, que tome declaración a la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), Neus Lloveras, y al alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, para que identifiquen a todos los alcaldes que participaron en el acto y detallen en qué consistió el viaje.

Hacienda también pide que se llame a declarar a los eurodiputados del PDECat Ramón Tremosa y Jordi Solé para que aclaren el origen de los fondos con los que se reservó el local donde se celebró el acto público de apoyo al Puigdemont, huido a Bruselas.

Hacienda tiene cada vez más evidencias de que los Ayuntamientos con alcaldes secesionistas podrían estar financiando las actividades vinculadas con el desafío independentista.

Abre el Presupuesto

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha abierto la mano con el Presupuesto de la Generalitat de Cataluña. Fernández Moya ha enviado este martes otra carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en la que revoca parcialmente el acuerdo de no disponibilidad de gasto para pagar unas partidas de prestaciones sociales por importe de 21,6 millones de euros.

Hacienda tiene intervenidas las finanzas de la Generalitat desde el pasado 20 de septiembre. Desde entonces, controla todos los pagos de esta comunidad con el pretexto de evitar que se destine dinero público a actividades independentistas. En paralelo, Hacienda cerró el Presupuesto de la Generalitat para evitar que esta administración incurriera en nuevos gastos. Pero con la decisión de este martes, abre el presupuesto pero solo para determinadas partidas relacionadas con prestaciones sociales.

«Esta revocación parcial se refiere tan sólo a parte de las partidas presupuestarias que incluye en sus solicitudes, por estar las restantes siendo objeto de estudio por los centros competentes para determinar si concurren las mencionadas razones de urgente y extraordinaria necesidad», informa Fernández Moya en la carta remitida a la interventora general de Cataluña.

Entre las partidas para las que se ha ampliado el Presupuesto catalán figuran «políticas de juventud», «acción cívica y voluntariado», «políticas de mujeres» y otras de «investigación y desarrollo» e «innovación».

Fuente: El País