El Ministerio de Hacienda ha recordado a los cerca de 200 alcaldes que se desplazaron ayer a Bruselas que no pueden cargar a sus ayuntamientos los gastos que ha originado este desplazamiento. Así lo han asegurado fuentes de Hacienda al tener conocimiento de que uno de estos ediles, que se desplazaron a Bélgica para apoyar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont huido en la capital belga, aseguró ayer que iba a costear viaje a costa de las arcas públicas de su municipio. En este sentido, las mismas fuentes ministeriales han aclarado que para que esos gastos se pudieran cargar al erario público porque no se trata de un acto institucional en representación del municipio. Además, explican que este gasto tendría que validarlo el interventor municipal y podría suponer una irregularidad.

Fuentes del ministerio también advierten sobre el pago de este viaje por parte de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), que serían quien lo ha convocado, junto con la Asociación Catalana de Municipios (ACM), según ha explicado esta mañana el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, quien ha supuesto que serán estas asociaciones quienes hayan sufragado los gastos, según recoge Europa Press.

En este sentido, desde Hacienda recuerdan que la Asociación de Municipios Independentistas recibe aportaciones de los ayuntamientos, por lo que si esta asociación hubiera pagado el viaje lo podría estar haciendo con el dinero público que aportan los propios ayuntamientos. Es decir, que lo estarían pagando los ayuntamientos de manera indirecta.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya expresó ayer su confianza en que los 200 alcaldes secesionistas hayan viajado a «título privado», sin emplear recursos públicos para este viaje. Montoro realizó esta reflexión en declaraciones a los medios, en los pasillos del Senado, al ser preguntado por estos alcaldes. «Quiero entender que han ido a título privado, evidentemente, y que no estarán utilizando recursos públicos en una acción de este tipo», avisó Montoro. El ministro también señaló que desconoce cómo se está pagando su estancia en Bélgica Puigdemont, porque de la Generalitat «no puede estar sacándolo».

El Ministerio de Hacienda tiene intervenidas las finanzas de la Generalitat de Cataluña desde hace más de un mes. Y endureció el control financiero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desde entonces, se encarga de todos los pagos de la administración autonómica catalana. De esta forma puede controlar que no se desvía dinero público para el desafío independentista.

El agujero lo tiene sin embargo entre los Ayuntamientos independentistas. Aunque estos tienen interventores municipales, que deberían impedir que se destine dinero público a financiar la secesión, las entidades locales disponen de vías para escapar al control. Puede utilizar subvenciones a través de todo el entramado público local.

Contradicciones sobre quién paga

La mayoría de los 200 alcaldes llegaron ayer a la capital belga en un vuelo chárter con capacidad para 170 personas, que aterrizó en el aeropuerto de Bruselas en torno a las 12:20 horas y tenían previsto regresar ayer mismo por la noche.

Y aunque los organizadores aseguraron que cada edil había pagado «de su bolsillo» los costes del viaje, la alcaldesa de la Garriga, Meritxel Budó, afirmó que los costes de su desplazamiento los pagaría el ayuntamiento. La munícipe alegó que ella estaba en Bruselas en representación de su municipio, en un acto «institucional», según su versión.

El alcalde de Premiá de Mar, Miquel Buch, precisó que el alquiler de la sala Bozar, en la que se realizó el evento, los organizadores aseguraron que lo habían costeado los eurodiputados. Sin embargo, el eurodiputado de ERC Josep María Terricabras desmintió este extremo: «Francamente, no soy su gerente y mire que es la pregunta marxista. ¿Quién paga esto?. ¿Cómo voy a pagar yo?. Aparte que nuestro presupuesto europeo está muy controlado».

Sin estructuras de Estado

Por otra parte, desde el ministerio explican que tras los primeros días de intervención han constatado que las estructuras administrativas con las que el anterior Govern destituido tras la aplicación del artículo 155 quería poner en marcha un nuevo Estado tras proclamar la independencia no estaban listas. «Los independentistas, el Gobierno de la Generalitat, han engañado profundamente a los catalanes cuando les han dicho que ya tenían la capacidad de declarar la República y hacerla operativa», ya que «no tienen los elementos básicos de la Hacienda pública y no puede haber un país sin Hacienda Pública», ha explicado el ministro Cristóbal Montoro.

Así ha respondido Montoro en el Pleno del Congreso al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que le ha preguntado por las llamadas estructuras de Estado en Cataluña, para saber cómo piensa el Gobierno impedir que organismos públicos pagados por todos los ciudadanos sigan actuando en favor de la secesión de ese territorio. El ministro ha señalado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está actuando para que los responsables de «ese gran engaño colectivo» asuman sus responsabilidades en todos los planos.

Según ha indicado, ya están respondiendo ante la Justicia y tendrán que hacerlo también desde el punto de vista contable, ante el Tribunal de Cuentas, «por haber utilizado recursos públicos en aras de una pretendida independencia que no es factible aplicando la Constitución».

Fuente: El País