El Gobierno y Unidos Podemos, su principal socio parlamentario, ultimaban anoche un acuerdo sobre las líneas maestras del plan presupuestario de 2019, que el Ejecutivo debe remitir a Bruselas el lunes. Pactado el marco fiscal que permitirá incrementar los ingresos en al menos 5.000 millones de euros, las partes debatían los últimos detalles de gasto. Ambos líderes tienen previsto reunirse esta mañana en el Palacio de la Moncloa para cerrar el pacto presupuestario.

Aunque las conversaciones a alto nivel continuaban al filo de la medianoche, ambas partes destacaron a este diario los avances logrados y confiaban en sellar un acuerdo en cuestión de horas o, en el peor de los casos, días. Aunque tienen de plazo hasta el lunes, la premura respondía a que las cifras del plan van a ser revisadas por el Consejo de Ministros de hoy, anticipado un día por la Fiesta Nacional de mañana.

La negociación entre las partes, liderada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, reunidos ayer mientras el líder de este partido, Pablo Iglesias, se veía con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa, ha sido fluida durante las últimas semanas. El lunes, sin embargo, la formación morada dio un ultimátum al Gobierno al que advirtió que se opondría a las cuentas públicas si no actúa para contener el precio de los alquileres, dota fondos para los 300.000 beneficiarios de la ayuda de dependencia que aún no la han cobrado y sube el salario mínimo interprofesional (SMI) de 735 a 1.000 euros.

Fuentes de la negociación admiten que este último punto ha sido el que más ha enconado el debate en las últimas horas. Aunque el Gobierno es partidario de impulsar un alza salarial, respeta el reciente acuerdo sobre la materia firmado por sindicatos y patronal, para elevarlo un 5% en 2019 y un 10% en 2020, con la recomendación de fijar los 1.000 euros en los convenios.

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Por lo demás, Podemos ya dejó caer al Ejecutivo que ante los 2.500 millones pendientes en ayudas a la dependencia, aceptarían una primera dotación de 1.500 millones en 2019. Más allá, la propia ministra de Hacienda anunció ayer que el plan presupuestario recoge medidas específicas para garantizar el acceso a la vivienda, lo que casa con la pretensión de Podemos en materia de alquileres.

Ayer, finalmente, se acercaron posturas y el pacto parecía inminente. Después de todo, a ambas partes les conviene un acuerdo. El Gobierno lo necesita para seguir adelante pese a su minoría parlamentaria mientras que para Podemos supone la primera oportunidad de plasmar su marca en un paquete de medidas  estatal que introduzca mejoras sociales concretas y apacigüe a las facciones internas que critican la alianza con el PSOE.

Por el lado fiscal, el paquete que se dibuja incluye un incremento del IRPF y la fiscalidad del ahorro para rentas altas (ver despiece); establecer un tipo mínimo de Sociedades del 15% para grandes empresas (18% para banca y petroleras), rebajarlo del 25% al 23% para pymes y gravar el 5% de los dividendos de las filiales en el extranjero; reducir el IVA de productos de higiene femenina y actividades como las veterinarias; crear una tasa sobre las transacciones financieras y otra sobre las actividades digitales, así como mejorar la lucha contra el fraude. De la parte del gasto, destaca la vinculación de las pensiones al IPC o el incremento paulatino de los permisos de paternidad para equipararlos a los de maternidad.

En paralelo, Hacienda estudia estos días qué cifras remitir el lunes a la Comisión  Europea. De momento, sigue vigente la senda fiscal del Gobierno anterior, con 6.000 millones menos de capacidad de gasto, por lo que previsiblemente el Ejecutivo deba presentar un escenario consecuente y jugar con el alza de impuestos para compensar un cierto aumento del gasto. Sin embargo, el Ejecutivo prevé también informar de un plan más ambicioso bajo la tesis de que, en unos meses, acabará aprobando su nueva senda fiscal. Hacienda viene preparando los dos borradores y apura las horas para consensuar el detalle con Podemos.

La fiscalidad del ahorro

Gravamen al 27%. Dentro de la reforma fiscal planteada, el Gobierno planea elevar el gravamen de los rendimientos del ahorro para las rentas superiores a 140.000 euros. En concreto, según fuentes conocedoras del proyecto, subiría para ellos el tipo del 23% al 27%, lo que por sí solo supondrá una recaudación mayor que la que arrojará el incremento del tipo marginal para las rentas altas que el Gobierno también prevé impulsar creando un nuevo tramo de IRPF a partir de 140.000 euros y otro a partir de 300.000, a fin de armar de forma progresiva una subida de hasta cuatro puntos del tipo marginal máximo. Este pasaría del 45% al 49% en general y llegaría al 52% en comunidades como Cataluña y Andalucía. El PSOE estimó que una subida similar desde los 150.000 euros arrojaría 400 millones de recaudación, pero el alza fiscal sobre el ahorro sumaría 1.400 millones adicionales.

Fuente: El País