La globalización entendida como el incesante proceso de integración de la economía mundial está desencajando las relaciones entre los poderes económicos y las instituciones políticas. La eclosión de grandes corporaciones tecnológicas, financieras e industriales ha empequeñecido la soberanía de los estados que ven cada día más menguada su capacidad de protección de los ciudadanos.
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Este fenómeno ha sido analizado por Mario Draghi, presidente del BCE, en una relevante conferencia, La soberanía en un mundo globalizado, en la Universidad de Bolonia el pasado 22 de febrero. El economista italiano aparcó por un momento los tipos de interés para ir al meollo de las preocupaciones y contradicciones en que viven los europeos: por una parte aprecian los beneficios de la integración económica y monetaria, con un 75% a favor del euro, y por otra, reducen su confianza en la Unión Europea que ha caído al 42%, frente al 57% en 2007.
Draghi sostuvo que la tensión entre integración económica y cooperación política es alimentada por la falsa idea de que para lograr un mayor control sobre sus vidas los ciudadanos deben aflojar el férreo control de las estructuras políticas europeas. En su opinión el error está en confundir independencia y soberanía.
Para Draghi la verdadera soberanía no reside en el poder de hacer leyes, «sino en un mayor control de los acontecimientos para responder a las necesidades fundamentales de los ciudadanos». Acudió al pensador inglés John Locke, para definir estas necesidades como «la paz, la seguridad y el bien público». El jefe del BCE sintetizó: la capacidad de adoptar decisiones de manera independiente no asegura tal control. En otras palabras, «la independencia no garantiza la soberanía».
En un contexto de creciente intensificación de los flujos de capitales, competencia desleal y destrucción del medio ambiente, Draghi afirmó que la cooperación entre estados en el marco de la UE, estableciendo normas comunes, ha sido la respuesta «para recuperar la soberanía». Consideró que «el hecho de disponer de un poder reglamentario a nivel de la UE permite a los Estados miembros ejercer una verdadera soberanía en los campos de la fiscalidad, de la protección de los consumidores y de las normas sociales».
Las dudas surgen por la debilidad de esta cooperación. Un informe de Oxfam Vía Libre, recoge que en 2015 las grandes multinacionales trasladaron 600.000 millones de dólares de sus beneficios a paraísos fiscales, un 30% dentro de la UE. Las pérdidas de recaudación para España, Francia, Italia y Alemania, fueron 35.100 millones.
A pesar del proteccionismo de Trump y la guerra comercial con China la globalización ha venido para quedarse. Recordemos que 30 millones de empleos en Europa dependen de las exportaciones y la transmisión de los avances tecnológicos es difícilmente parable. La respuesta está en avanzar en la cooperación entre estados si queremos mantener la democracia, el Estado de bienestar y un planeta vivible.
Fuente: El País