Cambiamos el camino opaco que teníamos por uno más transparente”, asegura José María Gimeno Feliu, codirector del Observatorio de Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, sobre la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que ayer cumplió un año en vigor. En una entrevista telefónica desde el IV Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica, celebrado en Sevilla, Gimeno (Zaragoza, 1965) defiende que la norma es una herramienta útil para luchar contra la corrupción y usar la licitación “como arma estratégica para hacer mejores políticas públicas”, pero alerta de que, de momento, su aplicación es solo parcial.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público cumple un año, ¿cuál era su objetivo?
Su objetivo era mejorar la eficiencia de la contratación pública; elevar su transparencia, tanto en la rendición de cuentas al ciudadano de cómo se gestiona el dinero público, como desde la perspectiva de corregir el problema de la corrupción; y, en tercer lugar, hacer de la contratación pública una herramienta estratégica que puede ser medioambiental, por ejemplo. Es decir, que el objetivo es hacer la contratación pública eficiente, íntegra y socialmente responsable.
¿Qué cambios concretos introdujo la ley?
El primer cambio es que se aplica a cualquier poder adjudicador: administración, empresas públicas, etc, al margen de su categoría jurídica. Reglas iguales para todos, dado que todos manejan fondos públicos. Antes, algunos hacían a su antojo. Además, se busca mejorar la concurrencia y dar más transparencia a las cuentas con medidas sobre cómo publicar las licitaciones y dar cuenta de ellas. Se potencian los sistemas de control, extendiendo el recurso especial en más contratos, lo que permite mejorar la integridad y evitar que se puedan alterar las cosas. Se introduce la contratación pública electrónica y la idea de que al gestionar recursos públicos hay que obtener el máximo rendimiento. La ley también buscaba intentar arreglar los problemas de la corrupción en materia de contratación pública en España: se regulan conflictos de interés, se establecen cautelas y se limitan mucho los puestos de contratación directa.
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¿A partir de qué cuantía están los contratos públicos sometidos a esta norma?
La regulación afecta a todos los procedimientos de todas las administraciones y a cualquier tipo de importe.
¿Se han cumplido los objetivos marcados?
Se ha avanzado, pero quedan retos. Hay cierta resistencia al cambio. Nos falta mucho en materia de contratación pública electrónica, es una de las debilidades de la puesta en marcha de la ley. Puede suponer un salto cualitativo en un año o dos. Los medios electrónicos van a permitir una gestión menos burocrática, más rápida y eficiente. Lamentablemente, pese a que desde octubre de 2018 era obligatorio, solo se cumple en un porcentaje pequeño, no creo que más del 20%. Siendo optimista. El Estado está intentando crear un sistema público de contratación electrónica que no es acertado. Teníamos que haber aprendido de la experiencia de otros países del entorno y buscar sistema de homologación de empresas privadas que presten este servicio, lo que podría ayudar a que la transición fuera más rápida. Es un problema a resolver en los próximos meses.
¿Vale un mismo sistema de licitación para el Estado central que para un ayuntamiento?
Técnicamente es complicado y trae problemas prácticos. Lo que le vale a un Ministerio no le vale a un hospital o una universidad.
¿Es transparente la contratación pública en España?
Es más transparente que antes, pero nos queda recorrido. El gran debate es el contrato menor, que es el más opaco, y muchas administraciones se niegan a usar otros. El uso del electrónico obliga a rendir cuentas y avanza en una gestión pública más transparente.
¿Qué ocurre con esos pequeños contratos?
El problema son los contratos públicos de hasta 40.000 euros en servicios y de hasta 15.000 en obras. Son contratos pequeños pero hay un uso excesivo, por su fragmentación y la adjudicación a redes clientelares. Debe ser corregido. La ley da instrumentos ágiles para que haya niveles de transparencia clara en la licitación y una rápida respuesta. Estamos muy acostumbrados a sistemas de adjudicación directa. Cuesta adaptarse.
¿Y cómo se adaptan contratos tan pequeños a un sistema tan exigente?
Siempre es posible tener un mínimo de concurrencia. Pedir tres ofertas reales no complica la gestión más de unas horas y permite obtener una mejor solución y explicar a la ciudadanía qué se hace con los recursos. La percepción ciudadana es que la corrupción es un problema grave. Puede ser una percepción, pero hay que mejorar la labor, aunque sean pequeñas cuantías.
¿Considera pues que la corrupción es un problema real en España o una percepción?
La percepción ciudadana no puede estar equivocada, viene de datos y noticias. La verdad es que no sabemos qué nivel de corrupción hay. Pero el Gobierno de [Mariano] Rajoy cae por un supuesto de corrupción en la contratación pública vinculada a contratos menores [del caso Gürtel]. No se da en gran escala, pero el modelo detecta grandes debilidades. Aunque la ley no solo trabaja en esa perspectiva, busca que el modelo sea todo lo eficiente que tiene que ser.
¿Hay capacitación tecnológica suficiente para aplicar plenamente la nueva norma?
Estamos preparados, tenemos empresas líderes capaces de poner en marcha un sistema público de contratación electrónica adaptada a las necesidades de cada administración y empresa.
¿Se ha equiparado la licitación española a los criterios comunitarios con esta ley?
Al final no es tanto la legislación sino cómo se aplique. La ley nos homologa a estándares europeos pero ahora hay que ver cómo la aplicamos. Vamos en la senda adecuada. Tendremos resistencias y nos costará más o menos, pero el legislador marcó el camino.
¿Cuáles son las mayores ineficiencias del sistema de licitación español?
El principal problema de España es que tiene más de 20.000 entes que hacen contratación. Habría que repensar si esa organización es la más adecuada. Nos faltaría una mejor implementación del sistema de contratación pública electrónica y nos toca avanzar todavía en algo que está marcando la UE: profesionalizar la capacitación de los gestores públicos y privados en la contratación pública. Lo lógico es tener gente capacitada, formada y motivada. Esas son las tres líneas clave que tendremos que desarrollar.
¿Qué volumen de fondos mueve la licitación pública al año?
En España, según la Comisión Europea es el 20% del PIB [unos 240.000 millones de euros]. Según la OCDE estamos cerca del 30%, en el 29,6% [355.200 millones]. Son magnitudes importantísimas.
¿Qué le pediría al Gobierno que se forme tras las elecciones del 28A?
Que desarrolle un esquema de contratación pública eficaz buscando la homologación de los sistemas privados; que repiense la cooperación público-privada para gestionar de manera más eficaz, y que diseñe procesos de profesionalización de la contratación pública como herramienta que necesita la sociedad.
Fuente: El País