España está a un paso de cerrar el año con una recaudación récord. La cifra final no quedará muy lejos de los 210.000 millones de euros que el anterior Ejecutivo dibujó en los Presupuestos para este año, según el termómetro de la Agencia Tributaria hasta agosto. Superará así la marca de los 200.676 millones registrada en 2007, en plena burbuja inmobiliaria. En aquella época, la Gran Recesión solo era un fantasma y el país vivía con despreocupación, ajeno a la fenomenal crisis que estaba a punto de estallar, un crac financiero que dejó las paredes de las arcas públicas desconchadas y un país hecho jirones.

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Una década después, los caudales públicos vuelven a brillar como nunca. Existen dos hechos significativos que explican la crecida en los ingresos públicos, junto a los cinco años de recuperación económica, tres de los cuales España ha crecido por encima del 3%: por un lado, está la buena cosecha del IRPF, el primer impuesto en importancia en España. Este tributo encadena tres años en máximos a pesar de que en España aún faltan casi 1,4 millones de trabajadores respecto a la época del boom inmobiliario. ¿Cómo es posible recaudar más con menos trabajadores? La explicación a esta anomalía reside en que, a pesar de que el conjunto de las rentas salariales aún están algo por debajo de los años de vino y rosas, las rentas por pensiones son un 51% mayores que en 2007. Es decir, en España hay casi un millón más de jubilados que hace una década y cobran, de media, más que entonces. Los jubilados que se incorporan ahora al sistema perciben una pensión más generosa y tributan más.

Más pensiones

Para ilustrar este fenómeno basta un dato: las rentas de pensiones ascendían en 2007 a 88.803 millones de euros; una década después alcanzaron los 134.086 millones, según la estadística oficial de Hacienda. Y estas prestaciones por jubilación pagan impuestos.

Además, aunque hay menos trabajadores que antes de la recesión, el sistema de protección por desempleo sirve de colchón para mantener las rentas y arrastra a la recaudación del IRPF. Y, por último, los sueldos están empezando a repuntar. “La causa principal del crecimiento de los ingresos en 2018 continúa siendo el IRPF, gracias a las retenciones del trabajo. Al crecimiento de estos ingresos debido al aumento del empleo, la recuperación del salario medio y del tipo medio efectivo que se observa desde comienzos de año, se añadió desde el mes pasado el buen resultado de la declaración anual y desde agosto el impulso derivado del aumento de salarios públicos y pensiones tras la aprobación de los Presupuestos de este año”, señala el último informe mensual de la Agencia Tributaria.

La otra causa que explica el gran momento que vive la recaudación está en la aportación del IVA. Las subidas de tipos aprobadas en 2010 por el Gobierno de Zapatero y posteriormente en 2012 por el Ejecutivo de Rajoy elevaron el tipo general al 21% y dispararon los ingresos del principal impuesto indirecto a pesar de la caída del consumo, que aún no ha recuperado los niveles precrisis. La aportación de este tributo ascendió el año pasado a 63.647 millones, casi un 15% más que en 2007, el año en el que hasta ahora más dinero lograron las Administraciones públicas por impuestos.

Subidas a funcionarios

Durante los ocho primeros meses del año, este tributo sobre el consumo registra un crecimiento del 11,5% con respecto al mismo periodo del año precedente. Esta evolución, no obstante, está afectada por la entrada en funcionamiento del Sistema Inmediato de Información (SII), un instrumento informático que obliga a las grandes y medianas empresas a presentar sus declaraciones de IVA ante Hacienda de forma inmediata y que desplazó contablemente ingresos del año pasado a este. Aun así, la evolución del impuesto está siendo muy positiva.

Hasta ahora, la fertilidad de estos dos impuestos no era suficiente para paliar la merma que la crisis provocó en el impuesto de sociedades. La figura que grava los beneficios empresariales es la única que aún no ha recuperado los niveles precrisis. Recauda la mitad que entonces. Existen varios motivos que lo explican: las empresas guardan en sus balances su hoja de secuelas de la crisis, que usan para reducir su factura fiscal, los denominados créditos fiscales. Además, hace 10 años inmobiliarias y bancos aportaban mucho más al sistema, porque registraban beneficios récord. Hoy, las constructoras aún están curando las heridas de sus excesos y los bancos tienen dificultades para lograr rentabilidades con los tipos de interés por los suelos.

Por eso, la propuesta fiscal del PSOE y Unidos Podemos pasa por elevar la recaudación de este impuesto mediante una subida a las grandes empresas. Con la batería fiscal del acuerdo de los partidos de izquierda y los frutos de otro año de crecimiento económico, la recaudación tributaria se puede disparar más allá de los 225.000 millones en 2019.

¿Es suficiente para costear el Estado de bienestar?

Aunque el volumen de ingresos tributarios alcance máximos históricos, habría que preguntarse si son suficientes para financiar las políticas públicas. Los expertos explican que el nivel de gasto público viene determinado por las preferencias de los ciudadanos. Cuando eligen a partidos de izquierda, manifiestan su predilección por políticas que amplíen el Estado de bienestar. Y, al contrario, cuando se decantan por formaciones conservadoras, muestran su predisposición a reducir el tamaño del sector público y bajar impuestos.

“Hacemos mal si solo nos fijamos en la cifra bruta”, explica Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos. “Es verdad que en términos absolutos recaudamos más, pero en términos relativos estamos por debajo”, añade.

Hay un termómetro que ayuda a comprender la dimensión del gasto y los ingresos públicos: la comparación internacional. España tiene un nivel de ingresos equivalentes al 37,9% del PIB, ocho puntos por debajo que la media comunitaria. Si España se quisiera equiparar a los países de la eurozona debería recaudar unos 80.000 millones más al año.

“Cuando comparamos dónde tenemos carencias en términos relativos vemos que en España tenemos un menor peso de la fiscalidad directa sobre la indirecta”, explica Álvarez. Precisamente, los impuestos directos (IRPF y sociedades) son los más redistributivos. Este profesor de Economía señala que buena parte del diferencial está en la fiscalidad sobre el capital, por eso aboga por elevarla.

El alza de la recaudación ha permitido recuperar en muchas áreas el nivel de gasto público precrisis —un nivel no desdeñable teniendo en cuenta que se vivía en una burbuja—, pero las políticas públicas requieren cada vez más dinero. La inflación, el envejecimiento de la población, la creciente desigualdad, la necesidad de ayudar a los perdedores de la crisis y otros factores reclaman más gasto público.

El capítulo que ha pegado un mayor bocado al alza de los recursos en los últimos años es el de las pensiones. En la actualidad, se destinan unos 35.000 millones más para jubilados que en 2007. Algo que explica, en parte, el férreo debate político sobre este asunto.

Fuente: El País