Juan Sánchez-Calero es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del bufete jurídico que fundó su padre, Fernando Sánchez-Calero. Considerado como uno de los expertos más reconocidos en Derecho Mercantil tanto nacional como internacional (especialmente en el societario, mercardos financieros y gobierno corporativo), ha formado parte de la Junta de la Facultad de Derecho y del Claustro de la Universidad Complutense. Es director de la Revista de Derecho Bancario y Bursátil y participa en en consejos de dirección, redacción o científicos de las principales publicaciones españolas en materia mercantil como Revista General de Jurisprudencia y Legislación o Rassegna Giuridica dell` Energia Elettrica, lo que en concreto ha supuesto que sea conocido en Italia. También dirige el Seminario Harvard-Complutense que se celebra anualmente desde 2003 en la Harvard Law School de Massachusetts.

MÁS INFORMACIÓN

El nuevo presidente no tendrá funciones ejecutivas, que quedarán asumidas por José Bogas, quien continuará como consejero delegado de la eléctrica. En Italia se estila el modelo anglosajón de presidencia no ejecutiva con un consejero delegado (CEO, en las iniciales inglesas de Chief Executive Officer). El propio mandamás de Enel, Francesco Starace, es el CEO, mientras la presidenta es Maria Patrizia Grieco, licenciada en Derecho por Milán.

10 años de presidente

Borja Prado cumplirá en la junta 10 años de presidente, a los que hay que añadir dos de consejero.Fue nombrado en sustitución de José Manuel Entrecanales tras el divorcio entre Enel y Acciona que supuso la toma de control por parte de la compañía italiana. Prado era un hombre de confianza del grupo italiano que le conocía por ser el representante de Mediobanca en España. En sus primeros años mantuvo una relación muy estrecha y fluida con Fulvio Conti, consejero delegado de Enel, y Andrea Brentan, al que Enel colocó de consejero delegado de Endesa.

Las relaciones comenzaron a deteriorarse tras el relevo de Conti por Starace y la de Brentan por Bogas. Tras el cambio, Enel decidió adquirir a su filial española los activos en Latinoamérica (Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia), una operación que no fue bien vista por Prado porque suponía una pérdida de valor, que solo se quedó con los activos de España y Portugal. No obstante, se ha mantenido como líder del sector eléctrico. Fue renovado en el cargo en 2015; pero, ahora, cumplidos cuatro años de esa ratificación, la matriz italiana ha decidido que no continúe. Tras su salida, que supone una indemnización superior a los 12 millones de euros, el consejo pasa de cinco consejeros independientes a seis. Al contrario, los dominicales y ejecutivos pasan de seis a cinco.

Enel aterrizó en Endesa en 2007 tras una cruenta batalla politico-empresarial. El grupo italiano, de la mano de Acciona y con el apoyo del Gobierno de Zapatero, lanzó una opa sobre Endesa, que ya había pactado la entrada de la alemana E.ON como respuesta a la primera intentona de Gas Natural (hoy Naturgy), que acabó retirándose. Acciona se quedó con el 25%, que vendió dos años después quedándose con los activos eólicos de Endesa. Enel alcanzó el 92%, que posteriormente reduciría al 70% actual, por un empeño de Prado para que hubiera algo de capital español.

La merma de la confianza del grupo italiano hacia Prado ha coincidido con los ataques lanzados por los sindicatos, que acusaron a Starace de la pérdida de españolidad y de descafeinar la empresa. Según los sindicatos, Enel ha incumplido los compromisos de la opa, ya que no ha mantenido el perímetro geográfico (venta de activos de Latinoamérica), la gestión se ha trasladado a Italia, las inversiones estratégicas se han reducido y se ha vendido el negocio de distribución de gas. Además, los contratos con proveedores se han desviado a Italia, en muchos casos a precios más altos que en España.

La ofensiva sindical continuó en una carta que UGT envió a Prado, Bogas y los cinco consejeros independientes en la que acusa a Enel de “expoliar” la firma española y quererla vender “al mejor postor”. Esta posibilidad ha sido negada por Enel, que acusó a los sindicatos de querer presionar en la negociación del convenio colectivo y que Enel no tenía intención de desinvertir. El asedio sindical no tuvo ninguna repercusión en el Gobierno de Sánchez, ni en el Parlamento, pese al llamamiento a los grupos políticos.

Fuente: El País