El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente este miércoles varios artículos del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El ente supramunicipal, que engloba a Barcelona y a 36 municipios de su alrededor, aprobó en mayo una normativa para restringir la actividad de empresas como Uber y Cabify, un reglamento que se basó en el decreto ley con el que el gobierno de la Generalitat desactivó en febrero la protesta de los taxistas. Entre los artículos suspendidos por el TSJC está la obligación de precontratar los servicios de los VTC con una hora de antelación. Tanto Uber como Cabify dejaron de operar en la ciudad como consecuencia del decreto, aunque Cabify regresó con cambios en su aplicación para seguir operando.

El reglamento de la AMB nació en medio de la polémica por los avisos de la Autoridad Catalana de la Competencia, que alertaba de que la norma podía perjudicar la competencia entre las empresas. La normativa metropolitana era una ampliación del decreto que en enero aprovó el Govern después de que los taxistas bloquearan la Gran Via de Barcelona durante una semana y protagonizaran protestas violentas.

En un auto, el TSJC también suspende el registro electrónico de la AMB, a través de la cual las empresas VTC tienen que comunicar los servicios que tienen previsto prestar acreditando su contratación previa.

El decreto estipula que los servicios de las VTC deben contratarse con 15 minutos de antelación, pero abre la puerta a que los municipios y la AMB puedan ampliar la precontratación en reglamentos propios. El ente metropolitano, que preside la alcaldesa Ada Colau, aprobó ampliar ese margen hasta los 60 minutos, una norma que debía entrar en vigor el próximo 15 de julio.

La principal asociación de taxistas, Elite Taxi, ha llamado a la calma al sector y ha recordado que la suspensión es parcial y cautelar. Su portavoz, Alberto Tito Álvarez, ha anunciado que presentarán un recurso a la suspensión.

Fuente: El País