Casi 120.000 aspirantes se presentan este sábado a las oposiciones para intentar conseguir una de las 8.102 plazas de funcionario en la Administración General del Estado, es decir, algo más de 14 opositores por cada puesto de trabajo. Casi la mitad de los aspirantes se examinarán en Madrid, concretamente 52.108. El resto, 66.517, lo harán en otras 13 sedes provinciales. Será el mayor examen de acceso al empleo público en un solo día, según el Ministerio de Administraciones Públicas.

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Después de casi 10 años con escasas convocatorias de empleo público por la crisis y los recortes presupuestarios, en los últimos ejercicios se han recuperado las oposiciones masivas. Tanto en 2018 como en 2019, las ofertas de empleo público que han aprobado los Gobiernos del PP y del PSOE han superado de largo las 30.000 plazas.

Los puestos para los que se convocan los exámenes de este sábado forman parte de estas convocatorias, ya que desde que se aprueba una oferta de empleo público hasta que se celebran las oposiciones suelen pasar bastantes meses. De ahí que en el futuro próximo se esperen otras pruebas masivas, especialmente en la Sanidad.

Esa parálisis de las convocatorias para acceder a las plazas fijas de funcionario en las diferentes administraciones ha disparado las tasas de temporalidad en el sector público: llegó al 28,2%, según la última encuesta de población activa. Este porcentaje superaba con holgura el del sector privado (25,9%), una situación que históricamente suele ser al revés. Es decir, normalmente, el protagonismo de los temporales en las empresas es mayor. Sin embargo, el incremento de la inestabilidad laboral en actividades como la Sanidad o la Educación ha disparado la tasa en el sector público.

Para reconducir la situación, en febrero de 2018 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, regido entonces por Cristóbal Montoro, y los tres sindicatos más representativos de la función pública (CC OO, UGT y CSI-F) llegaron a un acuerdo para reducir la temporalidad al 8% en el sector. Este pacto es el que ha dado pie a las nuevas ofertas de empleo público. No obstante, desde las organizaciones sindicales es habitual que haya críticas al desarrollo del acuerdo y a la demora con la que se está implantado.

Fuente: El País