El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se reúne este lunes con los magistrados que dictaron la sentencia que establecía que la banca, y no sus clientes, debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.

Según han confirmado fuentes del Supremo, esta reunión es de carácter interno y servirá únicamente para analizar la situación creada después de la citada sentencia y de la nota posterior en la que se anunciaba la convocatoria de un pleno de los magistrados de lo Contencioso-Administrativo para confirmar o no la jurisprudencia creada.

En esta reunión, añadieron las fuentes, están presentes también el vicepresidente del Alto Tribunal, Ángel Juanes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo.

El pasado jueves 18, el Supremo decidió que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio de febrero de este año, cuando una sentencia estimó que el pago debía recaer en el cliente.

Tras el desplome de la cotización de los bancos, al día siguiente, el viernes el alto tribunal anunció que paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados y que estudiaría si confirmaba o no la decisión.

En una nota, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, explicó que la decisión se basaba en el «giro radical» en la jurisprudencia y en la «enorme repercusión económica y social» del fallo que atribuía el pago de dicho impuesto a las entidades, por ser las interesadas en la operación.

Varias asociaciones profesionales de jueces han pedido este lunes explicaciones por lo ocurrido en las últimas horas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La Asociación Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), de tendencia progresista, ha pedido la dimisión del presidente de la Sala. En un comunicado, esta asociación, a la que pertenece el magistrado Jesús Cudero, ponente de la sentencia que responsabilizó al banco del pago del impuesto de las hipotecas, acusa a Díez-Picazo de haber realizado «una nefasta gestión» de este asunto del que le considera «único y exclusivo responsable». La asociación cree que la actuación del presidente ha generado alarma social, «ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces».

JJpD recuerda en su comunicado que fue el propio Díez-Picazo quien, como presidente de la Sala Tercera, firmó el auto de 15 de enero de 2018 que admitía a trámite el recurso de la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que responsabilizó al cliente de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En ese auto ya se recordaba que “(…) el reciente criterio contrario sentando por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando (…) es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso”.

La Asociación Judicial Francisco de Victoria también ha difundido una nota pública en la que lamenta lo ocurrido y exige a Díez-Picazo «motivación y claridad» en sus actuaciones. En ese texto, la asociación recuerda que el cambio de criterio era una posibilidad real desde el momento en el que la sala admitió a trámite el recurso de la empresa de vivienda de Rivas-Vaciamadrid, por lo que, según esta asociación, el presidente debió convocar el pleno antes y no después de la sentencia.

Fuente: El País