El último presidente del Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado Espírito Santo, ha sido condenado a pagar una multa de 3,7 millones de euros por vender títulos de deuda de su mismo grupo contra la orden del Banco de Portugal. El Tribunal también ha prohibido que Salgado ocupe cargo financiero alguno durante ocho años, aunque esta condena, como la misma multa, es el menor de sus problemas.
El Tribunal de Segunda Instancia de Santárem también ha condenado al administrador del mismo banco, Amílcar Morais Pires, a pagar 350.000 euros y a estar un año sin ocupar cargos financieros. Inicialmente, el Banco de Portugal había multado con 4 millones de euros a Salgado y a Pires con 600.000 euros. Ambos administradores recurrieron la sanción, que ahora reduce el tribunal, aunque los abogados de la defensa ya han anunciado que la recurrirán.
Esta condena es una de las primeras en la guerra judicial que tiene por delante el magnate de la familia Espírito Santo. Ricardo Salgado, que permanece recluido en su casa de Cascais desde que su banco tuvo que ser intervenido por el Gobierno, en agosto de 2014. La quiebra del primer banco privado del país ya ha costado al Estado más de 7.000 millones, pero se estima que acabará siendo el doble.
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Salgado está imputado por decenas de delitos de blanqueo de dinero, corrupción, fraude en los casos que envuelven la administración de su banco con el ex primer ministro José Sócrates, en la Operación Marqués, así como por el blanqueo de 27 millones de euros en el caso Monte Branco. En las semanas pasadas a estos casos se le añadió otra imputación en el caso EDP, según el cual, Salgado pagó al ministro de Sócrates Manuel Pinho un millón de euros para que favoreciera a la eléctrica EDP y al grupo empresarial de la familia, el GES.
Pese a su implicación en los más importantes casos judiciales del país, Salgado está en libertad, aunque con el pasaporte retirado y con el embargo de sus bienes y los de su amplia familia.
En uno de sus últimos fallos judiciales también se le fue congelado el cobro de una pensión mensual de 39.000 euros. Salgado llevaba cobrando más de dos años una pensión de 90.000, pero la nueva administración de su antiguo banco (ahora llamado Novo Banco) consideró que un pensionista no podía cobrar más que su primer directivo y se la rebajó a 11.500. Salgado demandó al banco y el juez consideró que la pensión debía ser de 35.000 euros; en estas, el ministerio fiscal, que desconocía tal detalle, reclamó al juez que esa pensión se embargara, como el resto de los bienes de Salgado, para hacer frente a los presumibles prejuicios del Estado y a las presumibles condenas por los casos judiciales varios a los que se enfrenta.
Fuente: El País