El informe anual del Banco Mundial Doing Business siempre ha sido carne de polémica. Mediático e influyente, se trata de un índice que mide año tras año lo favorable que resulta el entorno de un país para hacer negocios, principalmente desde el punto de vista regulatorio, enumera de mejor a peor cerca de 200 economías y ha llegado a puntuar elementos a veces sensibles de la política nacional, como la normativa laboral. En definitiva, juzga el papel de los estados y los pone a competir entre sí. Pura dinamita. Así que las protestas de países han sido habituales desde que el trabajo se lanzó por primera vez, en 2003, ya fuera criticando su posible sesgo o su metodología, pero el conflicto desatado hace unos días con Chile ha colocado a la institución en una posición más que delicada.
El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer lanzó la bomba el 12 de enero al afirmar, en una entrevista con The Wall Street Journal, que una serie de cambios metodológicos habían penalizado la nota de competitividad del país austral, en concreto, durante los mandatos de la socialista Michelle Bachelet, y que estas malas puntuaciones podrían haberse visto contaminadas por motivaciones políticas. “Quiero disculparme personalmente con Chile y con cualquier otro país en el que hayamos transmitido la impresión equivocada”, se despachó. El Gobierno chileno reaccionó indignado, la presidenta reclamó una investigación y el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, calificó lo sucedido de “inmoralidad”.
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En el cuartel general del Banco vieron con estupor la tormenta que se les venía encima con un informe que ya de por sí pisa callos y cuya metodología se ha cuestionado en ocasiones. El Doing business analiza una decena de elementos, como la facilidad para iniciar un negocio, la obtención de permisos para construcción o el proceso para obtener electricidad o para resolver una insolvencia, entre otros, y acaba conformando un índice global. Desde 2006, la posición de Chile ha fluctuado llamativamente, del puesto 25 al 57 (en un listado de 190) pero con ciclos diferenciados: bajó durante los dos mandatos de Bachelet (el segundo se encuentra en su recta final) y mejoró con el conservador Sebastián Piñera (2010-2014).
El bajón en el ranking, según Romer, tenía poco que ver con la presidenta socialista y mucho con las nuevas métricas.“Basándonos en las cosas que valorábamos antes, las condiciones para los negocios no había empeorado bajo la Administración de Bachelet”, señaló el economista, para rematar diciendo que no confiaba en la “integridad” de los datos del informe. Entre 2013 y 2016, el sexapil de Chile para las empresas se hundió del puesto 34 al 57. Sin embargo, si no hubiese cambiado la metodología, la bajada hubiese sido solo del 46 al 48.
El Banco Mundial desautorizó sin ambages a su economista jefe, subrayó la confianza en la integridad del trabajo y destacó que “no hay ninguna evidencia” de que los cambios metodológicos -que se aplican por igual a todos los países en la misma fecha- buscasen perjuicio alguno para Chile. Aun así, a raíz del escándalo, la institución encargará una evaluación independiente de los ranking al país latinoamericano.
El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer A Romer le llevó cuatro días matizar sus palabras, aclarar que no sospecha que haya sesgo o manipulación política en el informe, sino que cree que el Banco debería explicar mejor lo que los números significan, el hecho de que la nota de un país cambie tanto de un año para otro sin que se haya producido una debacle nacional. Además de cambios de metodología (todos los parámetros han sido revisados en estos años), también se explica por el hecho de que se trata de un listado, con lo que la evolución de un país no depende solo de sí mismo, sino de lo que hagan sus competidores. En 2016, por ejemplo, el apartado de electricidad del informe empezó a considerar no solo la eficiencia del proceso (coste, complejidad y espera) para lograr el suministro, sino también la fiabilidad del servicio.
Hay otras críticas. El índice deja fuera aspectos cruciales para la competitividad y la inversión como la seguridad, la corrupción, las infraestructuras o la educación, ya que su foco son los aspectos regulatorios. En 2012, por ejemplo, el informe del Banco Mundial concluyó que -por tiempo, trámites y coste- iniciar un negocio en España resultaba más difícil más que hacerlo en Afganistán, Albania, Burundi, Irán, Kosovo, Kenia, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Ruanda, Senegal, Tanzania, Yemen o Zambia. Estaba en el puesto 136 de 138. China, por su parte, criticó en 2013 que se penalizaba especialmente a los países de crecimiento rápido.
Un informe sobre la clasificación realizada en 2015 por Tim Besley, profesor de la London School of Economics, advertía también de que los países que habían introducido el IVA en 2006 se situaban un promedio de 23 puestos por debajo de aquellos sin él. Besley, además, formó parte del panel independiente que en 2013 juzgó el informe en general y que planteó una serie de recomendaciones, como el propio cambio de nombre del proyecto (Doing business o Hacer negocios) para que su objeto se entendiera con más claridad o la eliminación del ranking global, el que agrupa todos los parámetros. Otras propuestas sí se siguieron y de ahí surgieron cambios en la metodología de la decena de aspectos que se analizan.
Pero las imperfecciones y limitaciones del ranking, con todo, son comunes a todos los países. Lo que Romer infirió -y luego corrigió- era un sesgo contra un país y un Gobierno. Reputado economista, graduado en el MIT y doctorado por la Universidad de Chicago, dejó la Universidad de Nueva York para asumir su puesto en el Banco Mundial en octubre de 2016. Ha sido, durante todo este tiempo, un verso suelto dentro de la institución, según fuentes cercanas al profesional, y este último tropiezo llegó a sembrar dudas sobre su continuidad. El organismo ha evitado pronunciarse a este respecto.
Fuente: El País