El Gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento para recoger los efectos de la ralentización de la actividad. La vicepresidenta Nadia Calviño ha presentado un nuevo cuadro macroeconómico que contempla una subida del PIB del 1,6% para este año, dos décimas menos de lo previsto hasta ahora. Para 2021 espera un repunte algo menor, del 1,5%, y una estabilización en el entorno del 1,6% para los próximos años.

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La tasa de paro caerá este año al 12,3%, según las previsiones del Ejecutivo, frente al 13,8% que arrojó la EPA del último trimestre del año pasado. Calviño admitió que la creación de empleo se está «desacelerando», pero dentro de unos parámetros «francamente señalables». «Estamos firmemente comprometidos con la reducción del déficit pero sin poner en riesgo el crecimiento y el empleo y siempre dentro de las normas comunitarias», subrayó la ministra de Economía. 

Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que su peso sobre el PIB finalizó el año pasado en el 95,9%. El Ejecutivo se marca ahora la meta de reducir la deuda pública en 2020 al 94,6%.

En el caso de las comunidades, los objetivos de la nueva senda fijan una ratio de deuda sobre el PIB del 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023. Para las entidades locales se ha establecido una deuda del 2% los dos primeros años, el 1,9% en 2022 y el 1,8% en 2023.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, así como el nuevo cuadro macroeconómico sobre el que se elaborará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año.

La senda de estabilidad presupuestaria actual aún es la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. Entonces fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y que se alcanzaría equilibrio presupuestario (déficit 0%) el siguiente año. Se trata de unas metas inalcanzables  para el actual Ejecutivo porque en los dos últimos años apenas ha corregido el desequilibrio presupuestario. Los principales centros de estudios económicos calculan que las Administraciones públicas cerraron con unos números rojos de cerca del 2,4% del PIB, el equivalente a unos 28.000 millones de euros. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez proyectó en el plan presupuestario remitido a Bruselas a finales del año pasado unas cifras que apuntaban a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda de estabilidad, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea.

Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo preventivo, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.

Aunque por ahora se desconoce la distribución de los nuevos objetivos de déficit por Administraciones, es previsible que se otorgue un mayor margen, tal y como ha sucedido ya con las comunidades autónomas y las entidades locales.

Más margen para aplazar ajustes

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022. Hacienda concedió más margen a cambio de no devolver los 2.500 millones del IVA pendiente de 2017.

Con esta senda el Gobierno da más flexibilidad para el cumplimiento de los objetivos, puesto que la meta inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez para las autonomías era un déficit de una décima del PIB este año y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria el próximo. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

Montero, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, hizo llegar a las entidades locales, en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), un objetivo de déficit cero para el periodo, si bien los Ayuntamientos ya presentan un superávit de entre cuatro y cinco décimas.

Compensar el IVA de 2017

Tanto para las comunidades como para los municipios, Hacienda ha planteado soluciones para compensar por el IVA pendiente de 2017, que asciende a 2.500 millones en el primer caso y que la FEMP cifra en 750 millones en el segundo.

De esta forma Hacienda no tendrá en cuenta el efecto del IVA de 2017 para contabilizar el déficit público de 2019 y pondrá en marcha un Fondo de Liquidez Autonómica extra, en tanto que para los Ayuntamientos ha flexibilizado en una décima la regla de gasto, hasta el 2,9%, y no se tendrá en cuenta tampoco el impacto del IVA para el cómputo de la norma de gasto. También podrán acogerse a un préstamo extraordinario.

Para el Estado y la Seguridad Social Montero avanzó el viernes que se les requerirá un esfuerzo mayor que a las regiones, de en torno a «tres y cuatro escalones».

El trámite de los Presupuestos de 2020

Una vez aprobada la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda y el límite de gasto no financiero (techo de gasto), el Ejecutivo de coalición tendrá que llevarlos al Congreso y al Senado, donde deberá conseguir el apoyo suficiente para que sean aprobados. Si finalmente logra el respaldo al techo de gasto y a la senda de déficit y deuda, el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos de 2020.

El Ejecutivo de coalición dará paso en breve a las negociaciones con los distintos grupos para recabar apoyos suficientes y que no se repita el rechazo de 2018 a los Presupuestos en el Senado. 

Fuente: El País