Era un secreto a voces: el Ejecutivo propondrá armonizar los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. En la diana están los gravámenes sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. Así lo ha asegurado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. La también portavoz del Gobierno ha detallado que esta medida estará incluida en el «primer esqueleto» de propuesta de revisión del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, que el Ejecutivo, ha afirmado, prevé presentar el próximo noviembre.

El Gobierno incluye así la reforma del sistema de financiación autonómica entre sus prioridades y destierra el hacha de guerra contra las autonomías, encabezadas por Madrid, que aplican generosas deducciones y bonificaciones a los impuestos que tienen cedidos.

Tanto durante su época como consejera andaluza como el año pasado, cuando el Gobierno estaba aún en funciones, la titular de Hacienda había mostrado su beligerancia con Madrid. En octubre de 2019, Montero ya había lanzado un dardo hacia la región de la capital, la autonomía que concentra el mayor volumen de riqueza de España y que a la vez aplica entre las deducciones y bonificaciones más generosas, amenazando con homogeneizar estas dos figuras fiscales. Este jueves volvió a justificar que esta modificación pretende atenuar la «competencia desleal» entre comunidades y eliminar el «dumping fiscal».

La ministra, que este jueves ha informado sobre las líneas generales de la política de su departamento para la legislatura, también ha enumerado algunas de las medidas incluidas en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en materia fiscal, como la fijación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las grandes empresas, un alza de los tipos en el IRPF para rentas a partir de 130.000 euros o la reducción de la carga fiscal para las pymes. «Vamos a recuperar la progresividad de nuestro modelo para que aporte más quien más tiene», ha dicho.

Récord de recaudación por la lucha contra el fraude

La ministra también adelantó los datos provisionales de la recaudación derivada de las medidas de lucha contra el fraude en 2019: más de 15.700 millones, un récord histórico y un 4,1% más con respecto al año anterior. Montero recordó que este apartado también representa una prioridad y que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley que vaya dirigido a impulsarlo.

La nueva norma incluirá iniciativas como la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros para los profesionales, la prohibición de amnistías fiscales o una reforma de la lista de morosos, para que en ella aparezcan los responsables solidarios y se rebaje el umbral de deuda a partir del cual Hacienda pueda incluir a los contribuyentes en esta lista negra desde un millón a 600.000 euros. 

Fuente: El País