El Gobierno de España ha dejado de renovar su contrato con la agencia estadounidense de calificaciones Standard & Poor’s. En la práctica, esta decisión no supone que la firma de rating vaya a suprimir la emisión de notas sobre la deuda del Reino de España. Pero estas se harán de forma “no solicitada”, subraya. Al igual que hace con otros países grandes, la calificadora seguirá poniendo nota a la deuda soberana española. Sin embargo, no cobrará por ello y tendrá que hacerlo con la información públicamente disponible. No habrá reuniones para intercambios de impresiones, ni calificaciones de emisiones concretas de títulos.

La gran mayoría de países mantiene un contrato con S&P, aunque algunos países grandes y muy sólidos no lo tienen: fundamentalmente, Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, Francia e Italia. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya escindió su relación con las agencias de calificación S&P y Fitch a finales de 2015.

«Todas las agencias de rating van a valorar la deuda española y, de algún modo, esto no es un tema de ahorro de costes, es que la deuda española es tan relevante que yo creo que no se necesita lógicamente pagar a ninguna agencia», ha declarado el ministro Luis de Guindos en una rueda de prensa al término del consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, según recoge Efe.

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El Gobierno corta así el hilo con las principales agencias calificadoras, las estadounidenses S&P, Moody’s y Fitch. Con la otras dos ya había dejado de renovar el contrato el año pasado. La ruptura con S&P coincide, además, con que esta no revisase al alza la nota de la deuda de España el pasado septiembre. La agencia destacaba el elevado crecimiento y auguraba el cumplimiento del objetivo de déficit público. Sin embargo, mantenía la nota en el BBB+, esgrimiendo las tensiones políticas en Cataluña. Eso sí, la puso con perspectiva positiva. Es decir, podría elevarse en la siguiente evaluación, que tendrá lugar el próximo 23 de marzo.

España había mantenido el contrato con estas calificadoras incluso cuando en 2011 la entonces titular de Economía, Elena Salgado, declaró que las agencias de rating carecen de “un criterio de oportunidad”. En aquellos momentos, en medio de la crisis del euro, abundaron las críticas contra estas agencias por tener prejuicios anglosajones y ser demasiado procíclicas, es decir, simplemente seguir el humor de los mercados ahondando en las crisis cuando estas se desatan.

Quizás para evitar el reproche de ser procíclicas, las grandes agencias de ratings se han mostrado más cautas durante la recuperación. Desde 2014, llevaban sin modificar el rating de España. Hasta que la subió Fitch el pasado viernes. Sin embargo, la situación económica del país no tiene ahora nada que ver con la de entonces. En estos momentos, España encadena tres años consecutivos creciendo al 3%. Pese a que sigue alta, la tasa de paro ha caído mucho. Aunque respaldada por el BCE, los mercados conceden a España una prima de riesgo mucho más baja. La deuda sigue elevada pero se sitúa en niveles similares a las de otros Estados europeos. Y el déficit público ha caído muy por debajo de 2014. No tiene sentido mantener la nota igual que hace tres años, argumenta el Gobierno. Ahora que busca plaza en el BCE, para el ministro Luis de Guindos un alza generalizada de los rating probablemente supondría el cierre perfecto a su etapa en el Ministerio.

Sin embargo, por el momento Guindos solo puede citar a dos agencias que han mejorado la calificación del Tesoro hasta el nivel A: Fitch, radicada en Estados Unidos pero de capital galo, y DRBS, una agencia canadiense mucho más pequeña y la única con la que el Gobierno español sigue teniendo contrato. Las dos más grandes, S&P y Moody’s, todavía mantienen a España por debajo de la A. Con todo, la nota A aún está bastante lejos de la calificación de mayor calidad que supone el AAA y que se considera la deuda más segura: al menos quedan unos siete escalones para conseguirla, según el calificador que se tome.

Fuente: El País