En cambio, el déficit de las pensiones bajará en relación al PIB gracias al fuerte crecimiento económico. Según los datos facilitados por fuentes de la Seguridad Social, este descenderá en 2017 hasta el 1,61% frente al 1,67% del año anterior. Si se toma el saldo positivo que arroja el servicio público de empleo, el déficit de todos los fondos de Seguridad Social se recortará en 2017 al 1,43% del PIB frente al 1,62% del año anterior. Los datos se confirmarán en marzo, cuando el Ministerio de Hacienda los publique de forma oficial.

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En una comparecencia en el Congreso ante la Comisión del Pacto de Toledo, la ministra Báñez ha defendido que en 2017 «por primera vez se revirtió la tendencia de deterioro de las pensiones» iniciada con la crisis. Según ha avanzado, los ingresos por cotizaciones de ese año podrían cerrar el ejercicio en el entorno de los 109.000 millones. Sin embargo, esa recaudación récord en la historia de la Seguridad Social no bastará para reducir el déficit en euros del sistema de pensiones. Caerá por primera vez en proporción al PIB gracias al fuerte crecimiento de la economía. Pero en cifras absolutas volverá a aumentar por encima de 2016 en unos 250 millones de euros. De acuerdo con las previsiones de cierre que ha ofrecido Báñez, el desfase alcanzará los 18.800 millones de euros a finales de 2017.

La titular de Empleo ha adelantado que los ingresos por cotizaciones crecieron en 2017 un 5,3%. Al mismo tiempo, el gasto en prestaciones aumentó un 3%. Es decir, el año pasado la recaudación creció por primera vez más que los desembolsos. Aun así, eso no será suficiente para que disminuya el déficit en términos nominales. Según fuentes del departamento de Báñez, esto ocurrirá por primera vez en 2018, cuando rondará los 17.800 millones, unos 1.000 millones menos que en 2017. En el ejercicio 2017 solo disminuirá el déficit en relación con el tamaño de la economía. Este descenderá seis centésimas, hasta el 1,61% del PIB desde el 1,67% registrado en 2016. La ministra se ha aferrado en varias ocasiones a estas cifras para argumentar que «por fin se empieza a revertir el deterioro de la senda creciente del déficit». La previsión del ministerio es que en 2018 el agujero ronde el entorno del 1,47% del PIB.

Después de una década de crisis, la recaudación récord se ha conseguido a pesar de contar con un millón de trabajadores menos y de que la inflación haya subido poco. Y eso en parte se explica porque la base media de cotización ha subido, lo que refleja un mercado laboral muy desigual, en el que a algunos les sube mucho y otros les cae mucho. También ha influido en gran medida las subidas de bases de cotización máximas y mínimas; la inclusión en la base de cotización de los pagos en especie y la disposición de los excedentes de las mutuas. Además, se están agotando algunas tarifas planas que reducían la aportación a la Seguridad Social. Y fuentes de la Seguridad Social destacan el papel que han tenido todas las mejoras técnicas a la hora de recaudar. Mientras que la afiliación está creciendo a tasas del 4%, los ingresos engordan a ratios del 5%. Y esa diferencia de un punto Báñez la ha achacado a una mejora de los sueldos. «El incremento de la recaudación se debe al crecimiento de la ocupación y a que está mejorando la calidad del empleo y los salarios», ha añadido.

Por otra parte, la ministra ha sostenido que los pensionistas han mantenido su poder adquisitivo durante la crisis. En ese periodo las pensiones han ganado un 0,03% de poder de compra una vez se descuenta la inflación, dijo. Sin embargo, en el tiempo que ha estado en vigor el índice de revalorización, las prestaciones han perdido una décima de poder adquisitivo, ha reconocido la ministra. Este índice se puso en marcha en 2014; vincula las actualizaciones a la evolución de los ingresos y gastos del sistema y tiene un suelo de revalorización del 0,25% y un techo del IPC más un 0,5%. Durante los últimos cuatro años, solo se ha aplicado una subida anual del 0,25% debido al estado deficitario de las cuentas.

En cuanto a la propuesta de cómo se contará la vida laboral, la ministra ha afirmado que su intención es que «la crisis no afecte al ciudadano dos veces, en su empleo y en su futura pensión». Según ha relatado Báñez, la idea es que los trabajadores tengan carreras de cotización largas. Pero dada la situación actual en la que muchos trabajadores con carreras prolongadas tienen unos últimos años peores, se pretende darles una segunda opción voluntaria: «En lugar de tener en cuenta 25 años, que se pueda tener en cuenta toda la vida laboral de manera voluntaria», ha asegurado. Y ha recordado que el detalle de esta iniciativa dependerá de las negociaciones del Pacto de Toledo y la mesa del diálogo social.

Fuente: El País