La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladará este viernes a las comunidades autónomas la nueva senda con los objetivos de déficit y deuda pública en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se reúne desde 2018, como paso previo a los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020. La reunión estará marcada por las denuncias y quejas de las regiones por el IVA autonómico de 2017.

En concreto, las consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas han sido convocados a la reunión del CPFF para las 16:30 horas de este viernes en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, donde se les presentará la nueva senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública y el esfuerzo fiscal de cada administración para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Asimismo, Montero explicó el pasado martes que en la reunión se informará de dicha «andadura» prevista por el Gobierno para acometer los trabajos preparatorios de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, algo que ve «urgente» para España al permanecer prorrogadas las cuentas de 2018.

El último encuentro del Consejo de Política Fiscal se produjo telemáticamente el pasado 22 de agosto de 2018, y de manera presencial el 31 de julio de ese mismo año. Tal y como sucedió en la última reunión, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirá al CPFF, a pesar de las peticiones de Montero.

En el orden del día se encuentra la actualización de la senda oficial aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 en la que se fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez augura de hecho un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

El objetivo autonómico previsto inicialmente por el Gobierno de Sánchez es de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones logren estabilidad presupuestaria el año que viene.

El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea. En cualquier caso, tiene asegurada la aprobación de la nueva senda al menos en el CPFF, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta en este órgano con el 50% de los votos, frente a la otra mitad correspondiente a las autonomías, por lo que logrará la mayoría con que una sola comunidad vote a favor.

Tras la aprobación de la senda en el CPFF este viernes, el Gobierno aprobará a posteriori en el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para posteriormente presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda de las administraciones al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno. Si finalmente logra el respaldo al ‘techo de gasto’ y a la senda de déficit y deuda, el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

Con respecto a la senda de estabilidad, varias comunidades han explicado que no van a reclamar un margen mayor de gasto sino que se les pague lo que entienden que se les debe, tanto del IVA como del sistema de financiación. Otras sin embargo sí quieren más flexibilidad, como Extremadura, que insiste en que no tiene tanto un problema de gasto como de ingresos.

Los consejeros autonómicos acuden a la reunión del CPFF dispuestos a reclamar a la ministra el pago de la liquidación del IVA de 2017. Montero ha insistido en que el asunto está zanjado, pero la reclamación es casi unánime: las comunidades del PP pero también buena parte de las del PSOE amenazan con a acudir a los tribunales para cobrar. Madrid lo hizo ya el año pasado y ahora han seguido sus pasos Galicia, Murcia y Andalucía.

Entre las socialistas, la primera en acordar un recurso ha sido Castilla-La Mancha, pero Aragón, Extremadura y Baleares no descartan hacerlo, a la espera de una respuesta de Hacienda que podría llegar este viernes. Es lo que ha explicado el presidente aragonés, Javier Lambán, quien ha asegurado que tomarán una decisión si escucha el ‘no’ definitivo de María Jesús Montero.

Lo mismo ha dicho la Junta de Extremadura, que en el CPFF reclamará «formalmente» la liquidación del IVA y según sea la respuesta, optará «por la vía jurídica oportuna», ha dicho la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

Aunque el Gobierno argumenta que no pudo aprobar la «solución» cuando correspondía, en 2019, como consecuencia del rechazo a las cuentas públicas del año pasado que recogía el instrumento para el abono del IVA, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el miércoles que estaba dispuesta a estudiar «medidas paliativas» sobre la liquidación del tributo.

El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017, cuando el por entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo. El cambio normativo provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018. De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad.

La posición de otras comunidades es que no sólo se tiene que compensar este IVA y que es el momento de abordar la reforma de la financiación autonómica. La posición de la Comunidad Valenciana es clara al respecto y quiere reivindicar una vez más ante el Consejo de Política Fiscal que se aborde ya el cambio de la ley.

La actualización del sistema de financiación está pendiente desde 2014. Tiene que llevarse a cabo mediante negociación con las 15 comunidades del régimen común, incluida Cataluña, que por lo pronto no va a enviar a un consejero a la reunión de este viernes. Está por ver si el Ejecutivo está dispuesto a negociar una reforma sin participación catalana, si el resto de autonomías aceptarían una hipotética bilateralidad con Cataluña o si finalmente la Generalitat se sumará a los trabajos.

El conflicto del IVA en siete preguntas

EFE

La reclamación de las comunidades autónomas al Gobierno de unos 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017 se ha recrudecido en las últimas semanas con la amenaza de llevar el caso a los tribunales. Los representantes de las comunidades autonomías demandarán al Ministerio de Hacienda una solución en la reunión de esta tarde del CPFF, convocada para informar a las autonomías de la nueva senda de déficit público. Estas son algunas claves sobre este conflicto:

– ¿Qué ocurrió en 2017? El Gobierno, entonces del PP, puso en marcha un nuevo sistema de gestión del IVA ,el suministro inmediato de información (SII)- que, entre otras cosas, amplió el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto. Esto supuso que la recaudación de noviembre, que normalmente se ingresaba en el mes de diciembre, lo hiciera en enero, una vez que el ejercicio estaba cerrado.

-¿Afectó este cambio a las cuentas públicas? No, porque la contabilidad nacional aplica el principio de devengo, es decir, contabiliza los ingresos cuando se genera la obligación, independientemente de cuándo se paguen.

-¿Y afectó a las comunidades autónomas? En ese momento, tampoco. Las comunidades autónomas reciben cada año la mitad de la recaudación de IVA, pero para no tener que esperar al cierre del ejercicio, el Estado les adelanta lo que calcula que les va a corresponder por este concepto y liquida dos años después. Como el cálculo de 2017 se hizo antes del cambio normativo, las regiones recibieron todo lo que les correspondía en concepto de adelanto (12 meses de recaudación) sin tener en cuenta lo efectivamente cobrado (11 meses, todos menos noviembre, que había pasado a 2018).

-Entonces, ¿por qué se genera un conflicto? Porque cuando en 2019 llegó el momento de liquidar el ejercicio 2017 y hacer balance entre lo que se adelantó y lo efectivamente ingresado, las comunidades solo podían computar 11 meses de recaudación de IVA (al haber perdido noviembre, que pasó a 2018) y no los 12 meses habituales, un desfase que cifran en unos 2.500 millones de euros. Las regiones no tuvieron que devolver dinero al Estado, ya que al incorporar todos los conceptos la liquidación del ejercicio fue positiva para las comunidades autónomas, aunque en menor medida que otros años.

-¿Ha habido algún intento de resolver esta situación? Sí. El proyecto presupuestario de 2019 pretendía modificar los plazos de pago de IVA de las empresas, de manera que la liquidación de noviembre volviera a abonarse en diciembre. Esto suponía que de manera excepcional 2019 tendría una recaudación de este impuesto equivalente a trece meses, ya que computaría tanto noviembre de 2018 (abonado en enero de 2019) como noviembre de 2019 (abonado en diciembre de 2019), lo que de alguna manera compensaría a las comunidades autónomas por el mes perdido de 2017 que liquidaban ese año. El rechazo de los presupuestos y el largo periodo de interinidad del Gobierno impidió que esta medida se pusiera en marcha a tiempo, antes de que acabara 2019.

-¿Cómo han reaccionado las comunidades autónomas? Las reiteradas peticiones de que se reintegre la recaudación que se considera pendiente han subido de nivel en las últimas semanas, ya que las comunidades autónomas han planteado la posibilidad de recurrir a la vía judicial para lograrlo.

-¿Y qué dice el Gobierno? El Ejecutivo insiste en que, una vez cerrado el ejercicio 2019, ya no es posible reintegrar esas cantidades, aunque abre la puerta a estudiar «medidas paliativas» que no detalla.

Fuente: El País