La investigación y los juicios del mayor fraude de IVA descubierto en Galicia en 2010, con epicentro en Vigo, han concluido con más de cien empresarios condenados por inflar sus balances deducibles a Hacienda, de los que una cuarta parte son conocidas adjudicatarias de obra pública, “clientes” todos ellos de una fábrica de facturas falsas ideada por un carpintero, José Manuel Costas. Generaba los documentos falsos, a cambio de obtener contratos de las empresas implicadas. Costas, que generó al menos 150 millones de euros en B en tan solo cinco años, sigue fugado y figura entre los 58 fugitivos más buscados de la Unión Europea por Europol.
La causa de las facturas falsas derivó en más de 90 juicios, aunque muchos de ellos acabaron con sentencias de conformidad y atenuante de confesión para evitar la cárcel, y otras están pendientes de apelación. Una de las mayores condenas impuestas por este fraude fiscal, de 26 años de prisión, recayó en el administrador de Darzal Consultoría y Prevención S.L, por la comisión de nueve delitos contra la Hacienda Pública, mientras la empresa tendrá que asumir una multa de más de 3,9 millones, con los intereses de demora, en concepto de responsabilidad civil.
Nada más conocerse la sentencia, y a pesar de que no es firme todavía, el juzgado de Vigo ordenó el pasado viernes ingreso en prisión provisional y sin fianza del administrador al considerar que existe un elevado riesgo de fuga. Una medida sin precedentes en la causa, dado que “en este tipo de delitos con finalidad de consecución de ventajas económicas, pese al arraigo domiciliario, familiar y laboral, el riesgo de fuga se infiere de forma clara tanto atendiendo a las penas que se imponen en la sentencia como a la facilidad que tiene el penado, por sus recursos y medios, de acudir al extranjero, y sustraerse así de la acción de la Justicia española”, señala el auto.
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La fábrica de facturas fue el engranaje de otra legal, Las 5 Jotas, un grupo de empresas dedicadas a la construcción de casas prefabricadas de madera. Su fundador le había llamado así porque tenía cinco hijos y a todos le había puesto un nombre que empezaba por la letra J. El cerebro de la trama, José Manuel Costas, está huido de la justicia desde el verano de 2016, cuando se le perdió la pista coincidiendo con el fallecimiento de su abogado, por lo que ha eludido la prisión. Europol, el organismo que coordina a todas las policías europeas, lo ha situado entre los 58 hombres más buscados por la Justicia en la UE. En esa lista hay tres españoles, de los cuales uno es Costas, que aparece en la página web con tres fotografías.
Su hermano Jacobo Costas, cómplice del engranaje, cumple condena y ha seguido compareciendo en los juicios, en el último contra el administrador de Darzal en el que también fue condenado a otros dos años de cárcel. Aunque los dos hermanos carpinteros que han comparecido acumulan cada uno más de cien años de cárcel, solo cumplirán un máximo de seis años por la refundición de sus condenas.
El origen de la trama
La denuncia en septiembre de 2009 de una empleada del grupo al descubrir que habían utilizado su nombre para abrir varias cuentas en una sucursal del BBVA fue el origen de un rompecabezas para Hacienda y la Fiscalía de Vigo. Un año antes, en febrero de 2008, el máximo responsable de la falsificación en cadena y administrador de Las Cinco Jotas, fue detenido por la policía cuando salía de una sucursal bancaria con una bolsa con 380.000 euros.
Después de declarar en comisaría, José Manuel Costas demostró que el dinero lo había retirado de dos entidades el mismo día. Este incidente, según el propio Costas, formaba parte del método empleado para facturar y cobrar durante años a través de los bancos a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se habían comprometido con el empresario a proporcionarle trabajo.
Costas comenzó a tirar de la manta y colaborar con la fiscalía. Se supo entonces que, utilizando las sociedades del conglomerado del grupo de Las Cinco Jotas, se emitieron facturas falsas utilizando hasta 300 trabajadores a los que dieron de alta como autónomos para tributar en régimen de estimación objetiva. Estos “moduleros”, según el fiscal, eran en su mayor parte ciudadanos rumanos que desconocían incluso el idioma y a cuyo nombre se emitían y se recibían facturas falsas de sociedades del grupo y otras ficticias para aparentar actividad económica de compras y gastos.
En noviembre de 2011, José Manuel Costas se sometió al primer interrogatorio judicial. Sus explosivas denuncias se recogieron en 74 folios después de 6 horas explicando la mecánica de la trama y denunciando una por una a las empresas implicadas ante la juez, el fiscal de delitos económicos y el abogado del Estado.
Pero pasado el tiempo, según manifestó el propio Costas a EL PAÍS, el caso “se fue desinflando porque la justicia no ha llegado al fondo del asunto”. Para el testigo de cargo, “la implicación de los bancos se ha pasado por alto y la mayoría de las empresas han pagado una multa, han admitido las facturas con una condena de mínimos y punto”, comentó entonces el empresario y carpintero de profesión.
A la fuga después de 33 juicios
Costas huyó para evitar la prisión después de haber comparecido en 33 juicios de las 91 causas abiertas por cada uno de los delitos de fraude fiscal denunciados por Hacienda mientras más de una docena de sus denuncias ya habían prescrito. El empresario “arrepentido” aportó un listado en el que la factura falsa más pequeña era de 2.500 euros y la mayor supera los 200.000. En esta horquilla de la presunta estafa, Hacienda llegó a relacionar centenares de ellas emitidas a una sola empresa por importe de hasta 10,2 millones.
Ahora solo queda por celebrar un juicio contra empleados de banca que fueron investigados por colaborar supuestamente con la trama de las facturas falsas, según confirmaron fuentes de la fiscalía de Vigo. Según la acusación, permitieron que José Manuel Costas retirara de algunas sucursales, el mismo día, hasta 300.000 euros en metálico metidos en bolsas solo con presentar facturas ficticias de autónomos.
Fuente: El País