El crecimiento del negocio del fútbol profesional en los últimos años ha llevado a situar su aportación al PIB español en el entorno del 2% (entre contribución directa e indirecta) y a ser generador de cerca de 130.000 empleos, según un informe de la OBS Business School. Las particularidades del fútbol, así como su dimensión social y emocional, condicionan el comportamiento de los actores económicos que intervienen. Sin embargo, existe un punto de partida sin el cual el negocio caería como un castillo de naipes: la credibilidad de lo que sucede en el terreno de juego.

Los amaños son un cáncer que hay que erradicar”, declaró en mayo de 2013 Javier Tebas, recién elegido presidente de La Liga. Sus palabras suscitaron las críticas de quienes entendían que sembraba dudas sobre la limpieza del deporte rey. El tiempo, en cambio, ha demostrado que no se trataba de un alarmismo hueco.

Recientemente, el subdirector general de Régimen Jurídico del Consejo Superior de Deportes (CSD), Ramón Barba, admitía que el problema del amaño de partidos “había pillado desprevenidas” a las autoridades españolas. Ciertamente, la proliferación del negocio de las apuestas online, que abarcan un sinfín de deportes y categorías, ha disparado la vulnerabilidad de las competiciones. Lejos de Messi o Rafa Nadal, muchos deportistas desarrollan su actividad en una situación más precaria y eso los convierte en un blanco fácil para las organizaciones criminales dedicadas al amaño.

Precisamente, a la compra de partidos de Segunda B y Tercera División se dedicaba la trama desarticulada en el marco de la Operación Pizarro, “un ejemplo de libro” en este tipo de organizaciones, según Alfredo Lorenzo, director de Integridad y Seguridad de La Liga. La investigación, que saltó a la luz pública en febrero con la detención de una treintena de personas (entre ellos, varios jugadores y un árbitro), tiene su origen en las denuncias presentadas contra 24 partidos sospechosos por el equipo de Lorenzo, que se dedica a garantizar la limpieza de la competición.

La formación del deportista, clave

Junto al sistema de alertas, La Liga ha desarrollado un gran programa de formación para jugadores, entrenadores y directivos, que esta temporada ha contado con casi 2.500 asistentes. En la misma línea, EU Athletes, que integra a todas las asociaciones de deportistas europeas, celebra cursos de concienciación sobre los consecuencias legales de las apuestas (un programa cofinanciado por la Comisión Europea). En ella se integra la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, un deporte en el que más del 50% de los jugadores y un 95% de las jugadoras «nunca han recibido educación sobre los riesgos de apostar y amañar partidos», como explica su representante, Sergio López-Andújar.

Durante los encuentros de Liga, Champions o los amistosos, La Liga monitoriza en tiempo real los mercados de apuestas para detectar cualquier anomalía. Para este seguimiento, ha desarrollado un software propio (el programa Tyche) que ofrece información instantánea de la evolución de las cuotas. Cuando se produce la variación que no tiene una explicación deportiva o que se anticipa a lo que pasa en el campo, el sistema crea una alerta.

Si después de estudiar los datos y las circunstancias que envuelven el partido (lo sucedido en el terreno de juego, el historial de los jugadores, publicaciones en prensa y redes sociales, etc.), La Liga ve indicios suficientes de amaño, presenta una denuncia a la Policía acompañada de todo el material probatorio recabado.

“Otras ligas se conforman con el informe de la empresa a la que le han externalizado la monitorización de las apuestas. Nosotros aportamos un informe mucho más enriquecido y explicado. Un juez puede no entender una frase que indique que ‘la cuota del Asian handicap [un sistema que incluye el estado de forma de cada equipo en las apuestas] se movió de 0 a 15 en el minuto 10’”, relata Lorenzo.

Esta temporada, La Liga ha presentado 40 denuncias (que pueden referirse a un único partido sospechoso o aglutinar varios), la mayoría relativas a las categorías inferiores. Las alertas en Primera y Segunda son “poquísimas” y suelen tener una explicación deportiva, remarcan.

No existe un perfil de partido especialmente vulnerable, más allá de que se trate de uno que oferten las casas de apuestas. En donde sí existe un patrón es en las organizaciones criminales. “Además de la trama que incita y paga, siempre tiene que haber alguien pisando el césped que ejecute la trampa: los jugadores o el árbitro”, afirma Lorenzo. La irregularidad suele estar siempre tras el equipo perdedor. La razón es obvia: es mucho más sencillo y seguro conseguir que un portero se deje un gol, que garantizarse que el delantero lo marque.

Precisamente, este era el esquema de la operación Pizarro. La trama exigía que hubiera al menos cinco jugadores del mismo equipo implicados y que uno de ellos fuera el portero. La repetición de este patrón facilitó a La Liga afinar la búsqueda de partidos sospechosos.

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El avanzado sistema desarrollado por La Liga, pionero entre las grandes competiciones europeas, no obstante, pone en evidencia la falta de implicación del Estado en la persecución de estas prácticas ilegales.

“La Ley del Juego optó por un modelo de colaboración con los agentes económicos para luchar contra el fraude”, apunta Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en la regulación del deporte. Dicha norma establece que las competiciones deportivas deberán garantizar su integridad y facilitar sus datos (calendarios, resultados, etc.) a los operadores de juego a cambio de un “retorno”. Es decir, que organizadores y federaciones asumen ser la primera línea defensiva contra los amaños, mientras que la Policía y la Fiscalía asumen un papel secundario.

El problema, explica Palomar, es que ese “retorno” nunca se ha producido (ni regulado), por lo que “hay un trato de favor a los operadores con la cesión de los datos a cambio de nada”. ¿Por qué entonces se implica La Liga? “Por el coste reputacional. Tebas está dedicando dinero a defender su marca, porque eso afecta directamente a su capacidad de comercialización”.

El modelo, sin embargo, cojea porque que la capacidad de investigación de La Liga es mucho más limitada que la del Estado. “Cruza información lícita, pero no puede decretar un seguimiento o un pinchazo telefónico”, explica el jurista, y augura que “en algún momento” el Estado tendrá que implicarse porque la lucha contra los amaños requeriría “medidas que afecten a la intimidad”, que requieren autorización judicial.

Además, fuera del fútbol, no hay apenas capacidad de perseguir los amaños. Ninguna otra competición o Federación tiene el poder económico de La Liga y, así, en otros deportes, como el tenis, los criminales encuentran un camino despejado de obstáculos.

Fuente: El País