Acaban de cumplirse ocho meses. Fue el 24 de mayo cuando se supo públicamente que el BBVA había realizado pagos a la empresa de espionaje del comisario Villarejo.

Este lleva en la cárcel 15 meses acusado de los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y pertenencia a banda criminal. Una de sus cimas fue la radiografía del intento de asalto al poder del banco por la constructora Sacyr (con apoyos en la Administración de Zapatero), finalmente desmantelado (EL PAÍS, 27-28-29 de enero).

Desde entonces y hasta hoy, ni el presidente cesante (a fin de año), Francisco González (FG); ni el actual, Carlos Torres (CT), han ofrecido una explicación detallada y convincente de las conductas supuestamente delictivas (escuchas telefónicas ilegales) amparadas consciente o inconscientemente por la entidad.

Ni el defensor del cliente ni el consejo de administración ni el servicio de comunicación han explicado nada relevante. La investigación interna abierta por el banco en junio no ha reportado aún, en un semestre, ni un solo dato público.

Se lo han pedido numerosos accionistas, algunos de los cuales estudian acciones legales. Se lo ha reclamado públicamente el Banco Central Europeo, y más discretamente, el Banco de España.

Y la CNMV ha iniciado un “examen” sobre el impacto del evento en las cuentas del banco y en la seguridad del tráfico de la información que maneja.

Es algo de gran interés para clientes, proveedores y accionistas. A nadie le gusta que sus conversaciones corran de garito en garito o de cama en cama.

Sería bueno que FG y CT acabaran con tan largo silencio y se explicasen. Porque en el túnel de lo desconocido u oculto germinan las sospechas, y estas mellan el prestigio y la prestancia de la entidad. Y por extensión del atribulado sector bancario. Hasta que no lo hagan, no se disiparán.

La responsabilidad de explicar es suya porque donde hay patrón no manda marinero. Sobre todo de FG, porque era el patrón cuando aconteció el caso y por su capacidad de mantener en secreto los secretos, incluso ante sus más íntimos colaboradores. Nadie debe prejuzgar. Pudo haber fallo de un segundo nivel, o gestión peligrosa de la cúpula. Aclárese.

También sería correcto que el energético exbanquero (asimismo aupado por una operación política, el copo de cargos en grandes empresas bajo José María Aznar), descifrase por qué renunció a la presidencia el pasado 31 de diciembre.

Cuando había anunciado que lo haría en 2019, antes de cumplir los 75 años (en octubre). ¿Acaso sabedor de cosas que ignoran los mortales prefirió hacerse a un lado para no empañar al banco? Objetivo fallido, la entidad sigue en las dianas.

¿O acaso por razón más simple, la fiscalidad sobre los 80 millones del capital de su pensión, que deben tributar como renta del trabajo? Del 47% / Mariano, al 50% / Pedro van tres puntos; cada uno serían 800.000 de ahorro. O de carga. Rudimentario, pero explicable. Explíquese.

Fuente: El País